Funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos entregan alimentos a los refugiados que están en San Lorenzo. Foto: Facebook Secretaría de Gestión de Riesgos
Mataje está desolada. Apenas tres familias siguen en la localidad que hasta enero del 2018 albergaba a más de 60.
En las calles ya no hay niños jugando. Las pocas tiendas que había están cerradas. Lo mismo ocurre con la escuela y el centro de salud, ubicados a la entrada del poblado. Incluso, en las chacras de plátano y cacao tampoco se observa a campesinos labrando la tierra.
La mayoría salió de ese poblado fronterizo el 15 de abril, luego de que militares y policías realizaran un operativo de alto impacto para detener a 11 personas sospechosas de tener vínculos con el líder del GAO (Grupo Armado Organizado) residual Óliver Sinisterra.
El miedo de que ocurran enfrentamientos entre los disidentes con los militares hizo que la gente se refugie en San Lorenzo (Esmeraldas). Otros cruzaron a Colombia porque allá también tienen fincas.
El desplazamiento de habitantes, debido a los actos de violencia registrados en los últimos meses en la frontera, preocupa a las autoridades. La canciller María Fernanda Espinosa reveló el 20 de abril que la Secretaría Nacional de Riesgos calcula que unos 7 000 ecuatorianos de la frontera norte requieren ser reubicados. Solo en Mataje, donde fue secuestrado y asesinado un equipo periodístico de este Diario, así como tres militares, se calcula que unas 700 personas salieron de sus casas.
De allí que el Gobierno instaló un albergue en San Lorenzo. A ese centro llegaron 52 familias el jueves. Reciben alimentos e implementos de aseo y abrigo para pasar las noches.
Los pobladores no quieren regresar a sus casas hasta que exista más control de la zona.
El Gobierno ya planificó nuevas estrategias para vigilar Mataje. Una de ellas es la colocación de cuatro cámaras de seguridad para monitorear el sector, informó el director del ECU 911, Andrés Sandoval.
Según el funcionario, desde el 20 de abril se iniciaron las labores para la instalación de los equipos. Además, se creará un punto de comunicación con el destacamento militar, ubicado a 1,5 kilómetros de Mataje. La idea es mejorar la conectividad de los soldados.
La Policía también realiza patrullajes en Mataje. Un grupo antiexplosivos rastrea las zonas selváticas cercanas a la localidad para descartar que existan minas antipersonales, pues se sospecha que los disidentes sembraron artefactos para atacar a los uniformados.
Esa es la información que maneja el comandante de la Policía, Ramiro Mantilla, quien entró a Mataje el jueves, 19 de abril.
El jefe policial dijo el viernes a este Diario que por ahora no se tiene planificado instalar retenes policiales en la zona. Lo harán cuando Colombia también construya unidades en su lado de la frontera. Actualmente, no existe control militar ni policial en esa zona colombiana.
Por su parte, la Policía informó que analiza la posibilidad de reubicar a los pobladores de Mataje Viejo. Esto ocurre porque se prevé que ese sector se convierta en una zona de control militar. La idea es que el Estado tenga mayor presencia en la frontera para evitar el tráfico de droga y de operaciones delictivas de los grupos armados. En Colombia también se investiga a estas organizaciones. La Fiscalía de ese país, en un reciente informe, develó que el responsable del GAO es el “brazo armado” del cartel de Sinaloa.
Según el fiscal colombiano, Néstor Humberto Martínez, esto podría derivar en un problema “geopolítico”, pues está afectando “la tranquilidad y el sosiego ciudadano de un país amigo y limítrofe como el Ecuador”. Especialmente, porque el lider es una pieza clave para transportar los cargamentos de droga hasta México.
Por eso, autoridades de Panamá, Ecuador y Costa Rica se citaron el viernes en el II Encuentro de Seguridad Marina, en Panamá. Allí acordaron reforzar la cooperación e intensificar la vigilancia en el Pacífico Este Tropical, una zona marítima por donde pasa la mayoría de la droga de la región.
Más muestras de apoyo
Periodistas y ciudadanos del norte de Ecuador y sur de Colombia participaron el 20 de abril en una marcha y una ceremonia religiosa que se realizó en el Puente Internacional de Rumichaca. El acto busca generar un ambiente de paz en la frontera común entre los dos países, tras los hechos de violencia que han sobrevenido en las últimas semanas.
La caminata, que fue organizada por el Colectivo de Comunicadores del Carchi, se inició con el ingreso a la parroquia Urbina. El grupo avanzó hasta el viaducto internacional. Los participantes lucían camisetas blancas, pancartas y globos. Jenny Proaño, comunicadora del diario El Norte, recordó que se han realizado marchas y vigilias desde el secuestro del equipo periodístico de EL COMERCIO.