22 de November de 2009 00:00

Las frecuencias se reasignarán

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Redacción Política
politica@elcomercio.com

Las frecuencias de radio y televisión que fueron entregadas sin cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Radio y Televisión serán revertidas al Estado ecuatoriano.
 
Así dictamina la sexta disposición transitoria del proyecto de Ley de Comunicación aprobado por la Comisión ocasional que,  al mediodía de ayer,   entregó el informe para primer debate en el Pleno del organismo legislativo.

Las otras comisiones
La Comisión  de Comunicación tenía previsto reunirse ayer, a las 18:00, para  redactar el informe del proyecto de Ley de Comunicación. Tenían previsto sesionar   hasta  la medianoche.
 La Comisión   de Cultura  prestó tres  informes sobre el proyecto de ley que presentó el Ministerio del ramo.  Hasta las 22:00 del viernes no llegaron a un acuerdo en el capítulo que se refiere a la creación del Consejo Nacional de Cultura.
 La Comisión de Deportes  trabajó  hasta el viernes por la  noche. Presentaron dos informes. La minoría discrepa con que se concentre el poder en el Ministerio del ramo.
 


El informe de mayoría, que tiene la firma de los asambleístas que pertenecen al movimiento oficialista Alianza País, en su sexta disposición transitoria recomienda  que “el Estado,  a través del Consejo Nacional de Radio y Televisión,  y tomando en consideración el informe de la Comisión de Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión…   procederá a declarar la nulidad absoluta de las concesiones de radiodifusión y televisión otorgadas ilegalmente o que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley General de Radiodifusión y Televisión y su Reglamento”.

El informe también sugiere que estas frecuencias sean “reasignadas en forma equitativa, entre los medios públicos, privados y comunitarios, de conformidad con lo establecido en el Plan nacional de distribución de frecuencias y esta Ley”.

El informe de la Comisión  de Auditoría de concesión de las frecuencias, entregado en mayo anterior,  puntualiza que de 1995  a 2008,  de las 1 637 concesiones entregadas, 261 son clandestinas y 276 tienen contratos vencidos. De ellas se establecieron alrededor de 200  recomendaciones para  regular los contratos del Estado con los propietarios de estaciones televisivas y radios.

No obstante, en los últimos cuatro años tres entidades han realizado auditorías sobre las concesiones de frecuencias en el país: la Contraloría General del Estado, la Secretaría Nacional de Transparencia y la Comisión Auditora de las Concesiones.

Sin embargo, entre los mismos asambleístas de la mayoría hay discrepancias sobre qué informe, de los tres,  se utilizará para la reversión de las frecuencias. La razón es que el presentado por la Contraloría General del Estado   es vinculante y obligatorio, mientas que los dos restantes no tienen ese carácter.

Ángel Vilema, asambleísta de Alianza País,  no ve inconveniente en este tema. Su propuesta es que  durante el primero o segundo debates en el Pleno se puede hacer la modificación. Y rescata la voluntad política del informe de mayoría: que se dé una nueva reasignación de frecuencias “en la que haya transparencia y se priorice  el interés común”.
 
El ministro de Telecomunicaciones e integrante del Conatel, Jorge Glass, tiene otra propuesta: configurará una “sola matriz” en la que se tomen en cuenta los  tres estudios realizados. 
Sin embargo,  para  Guillermo Navarro, ex presidente de la Comisión Auditora de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión, existen inconsistencias al comparar el borrador y el informe definitivo de la Contraloría General del Estado. La razón es que  se reemplaza textualmente el verbo revertir por revisar, lo cual genera un vacío jurídico.

“El verbo revisar no tiene connotación legal y adicionalmente no consta en la Ley de Radio y Televisión. En consecuencia, no hay quién cumpla estas recomendaciones”, precisa Navarro.
 
César Ricaurte, director de  Fundamedios,  advierte lo complejo que resultará la aplicación de esta disposición transitoria, una vez que entre en vigencia.   “Puede darse una discrecionalidad incluso mayor de la que  existía antes”, anticipa.

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