21 de November de 2009 00:00

Las frecuencias con líos volverán al Estado

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Redacción Política

Alianza País se quedó sola en la Comisión de Comunicación. Ayer, Lourdes Tibán, de Pachakutik, la única aliada para la redacción del proyecto de ley de comunicación, anunció que se retira del debate.

Eso motivó a que suspenda hasta hoy la entrega del informe del proyecto de ley al Pleno de la Asamblea. Esta es la última fase del trabajo de la comisión y debe cumplirse luego de que aprobaron el capítulo sobre las disposiciones generales, transitorias, derogatorias y reformativas. Alrededor de 20 artículos están dentro de ese capítulo. Dos llaman mucho la atención.

El primero señala que los medios que están incautados por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), hasta que se defina su situación legal, serán  medios públicos o medios el Estado. 

En junio de 2008, la AGD se incautó de 195 empresas del emporio económico de los hermanos Roberto y William Isaías, quienes son enjuiciados por supuesto peculado bancario.

Entre esas empresas se encuentran 18 medios de comunicación. Los más importantes, los canales de señal abierta (GamaTV y TCtelevisión) dos de señal codificada (CN3 y Cable Deportes). También un grupo de radios y revistas.

Otra transitoria polémica señala que el Estado, tomando en cuenta el reporte de la Comisión Auditora de Frecuencias, deberá declarar la nulidad de las concesiones otorgadas ilegalmente, o que no han cumplido con los requisitos establecidos en la Ley.

Además, esas frecuencias retiradas deberán ser reasignadas en forma equitativa, entre los medios privados, públicos y comunitarios; pero con predilección para los dos último sectores. En el informe de la Comisión se establecieron que 216 concesiones no cumplieron con las disposiciones establecidas en la Ley.

Una transitoria que fue desechada fue la propuesta por la asambleísta Tibán. Ella pedía que la ley sea enviada para su análisis a la Corte Interamericana de Derechos Humanos antes de que entrara en vigencia en el país. Mauro Andino, miembro de la Comisión, fue el crítico más fuerte de esa idea, porque decía que atenta a la soberanía nacional.

Por eso y por cambios “de último momento” en el proyecto, Tibán se alejó de la mayoría de la Alianza País. Ella se refiere a los ajustes que se hicieron a varios textos en los últimos dos días de discusión. Uno de ellos fue al artículo que prohibía la difusión de juicios de opinión que pudieran interferir en un  proceso judicial. 

El jueves, los comisionados lo modificaron el artículo y  decidieron quitarle la palabra juicios, pero ayer, resolvieron  eliminarlo.

Esa fue una respuesta a la crítica del presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, quien aseguró que un juicio de opinión es un concepto amplio y que no avalará una ley que viole los derechos.

Para respaldar su tesis, Cordero anunció que invitará a la Comisión Interamericana de DD.HH. para que envíe a un delegado a que presencie el debate de la Ley. Está previsto que esa discusión arranque el 10 de diciembre próximo. Según Cordero, ese será el escenario para que se presenten propuestas que puedan mejorar el trabajo hecho por la comisión.

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