19 de noviembre de 2015 00:00

Las fotomultas y fotorradares no frenan las infracciones viales

En la Simón Bolívar no se respeta los 90km/h permitidos. Foto: EL COMERCIO

En la Simón Bolívar no se respeta los 90km/h permitidos. Foto: EL COMERCIO

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Fernando Medina

Desde junio de este año, las infracciones por exceso de velocidad se dispararon en Quito. Esto ocurre, pese a que desde ese mes empezaron a funcionar los fotorradares para detectar a los autos que superan los límites de velocidad.

Los 10 aparatos fueron instalados en la av. Simón Bolívar y en el primer mes los aparatos reportaron 1 931 infractores.

Pero en septiembre, ese número ascendió a 9 539. En total, en estos cuatros meses, por los datos arrojados por los fotorradares han sido sancionados 31 995 conductores.

Los accidentes en esa avenida también son frecuentes. Ayer, por ejemplo, a las 12:43, un vehículo se volcó a la altura de la Universidad Internacional. Una persona resultó herida.

Los primeros informes señalaron que se trató de exceso de velocidad. En esa vía, el límite máximo en el que pueden circular los autos livianos es de 90 km por hora. Pero hay casos en que van hasta a 107 km.

Hace 14 días otro vehículo sufrió un incidente parecido. El carro en el que viajaban dos personas perdió pista y se impactó contra una baranda de metal. En ese incidente una persona falleció. Los agentes que atendieron la emergencia señalaron que verificarían los rangos marcados por el fotorradar que está a 200 metros.

El 9 de noviembre, en cambio, una mujer que viajaba en su auto perdió el control en una curva a la altura de la entrada a Guápulo. En esa ocasión, ella resultó ilesa, pero el automotor quedó fuera de la calzada.

Los uniformados señalaron que conducía a más de 100 kilómetros por hora.

A 50 metros del lugar de ese incidente otro fotorradar también controla la velocidad.

De hecho, sobrepasar los límites establecidos de circulación es la tercera causa por la que se producen más siniestros viales a escala nacional.

En el caso de Pichincha, producto de esta infracción, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) reportó 1 575 accidentes hasta octubre.

Pero los fotorradares no fueron las únicas herramientas tecnológicas que se implementaron este año en Quito.

En enero pasado, la AMT inició las operaciones de los equipos de fotomultas. Estos implementos fueron colocados para detectar carros que irrespetan el semáforo en rojo y los corredores exclusivos de la Ecovía o del Trole.

Este Diario habló con el supervisor de AMT, Fausto Miranda. Él dijo que precisamente esas dos infracciones, más el exceso de velocidad, son las faltas que más incurren los conductores de la capital.

Por ejemplo, en enero pasado, 3 018 conductores pasaron el semáforo en rojo, mientras que en septiembre fueron 3 091.
En marzo y mayo hubo más casos, pues superaron los 6 000 hechos.

El no respetar la luz roja está penado con multa del 30% de un salario básico y reducción de seis puntos en la licencia, según el artículo 389 del COIP.

Miranda afirma que la implementación de estos equipos durante este año ha permitido tener pruebas físicas como fotos y videos que indican el cometimiento de la infracción.

Pero la implementación de estos equipos también originó críticas en los usuarios. Los inconvenientes se registran a la hora de la notificación de las citaciones, pues una vez que los aparatos captan la infracción, la citación es enviada al dueño del vehículo por correo electrónico o por courier.

Sin embargo, estos mecanismos pueden fallar por razones, como el hecho de que los datos de los propietarios de los vehículos están errados o no los han actualizado. Pero Miranda dice que “no hay mayores reclamos por la infracciones”.

Danny Gaibor opina diferente. Él es abogado especialista en tránsito y trabaja en Contravía, un consultorio legal que ha comenzado a recoger quejas de conductores. A su despacho cada mes llega un promedio de 100 personas que quieren impugnar las infracciones por fotomultas o fotorradares. Solamente ayer tuvo nueve casos.

La razón: evitar pagar las sanciones que son pecuniarias, pues al ser un correctivo realizado por equipos tecnológicos no existe reducción de puntos a la licencia del conductor.

Además advierte que los equipos se han convertido simplemente en “herramientas recaudadoras de dinero, pues su instalación no ha sido acompañada de programas de capacitación para los conductores”. Guillermo Abad, presidente de la organización Justicia Vial, también cree que al ser solo una multa económica no se está combatiendo los siniestros viales, ya que si la misma infracción es detectada por un agente, la sanción es acompañada de una reducción de puntos e incluso de cárcel.

Las autoridades de la AMT señalan que en caso de que las personas no estén de acuerdo con las sanciones deben impugnar la multa en tres días hábiles posteriores a la entrega de la citación. Los trámites se realizan en los juzgados asignados.

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