25 de julio de 2016 18:17

Los ‘food trucks’ no pueden operar en zonas residenciales de Quito

Los ‘food trucks’ pueden continuar con la venta de comida rápida en Quito hasta que se aprueba la ordenanza municipal que regule esta actividad. Foto: Eduardo Terán/ EL COMERCIO

Los comerciantes llegaron hasta la Plaza Grande para solicitar un permiso provisional de funcionamiento mientras se define la ordenanza. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

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Los ‘food trucks’ pueden continuar con la venta de comida rápida en Quito hasta que se aprueba la ordenanza que regule la actividad. Así lo aseguró Eduardo del Pozo, concejal proponente de la normativa que se discute en la Comisión de Desarrollo Productivo. Sin embargo, el edil precisó que los carros de preparación de alimentos no se pueden ubicar en zonas residenciales ya que, ante las denuncias de moradores, la Policía Metropolitana tiene que actuar de acuerdo con la normas de uso del espacio público.

Ese pronunciamiento se produjo luego de que propietarios de ‘food trucks’ hicieran un plantón en la Plaza Grande, frente al edificio del Municipio de Quito, la mañana de este lunes 25 de julio del 2016.

Los comerciantes llegaron hasta allí para solicitar un permiso provisional de funcionamiento mientras se define la ordenanza.

Su planteamiento para las autoridades es que se les permita ubicar sus camiones en los parqueaderos del parque La Carolina, norte de Quito. La mañana del 25 de julio, cinco de sus representantes fueron atendidos por representantes de la Comisión de Desarrollo Productivo del Concejo Metropolitano y de la Secretaría de Productividad del Municipio.

Tras la reunión, Edith Paredes, de los ‘food trucks’ señaló que la respuesta fue que mientras se define la normativa pueden funcionar “en grupos pequeños y en zonas no residenciales para evitar las denuncias de los moradores”. Sin embargo, para estos comerciantes el problema es que, después de los reclamos de los moradores la Policía Metropolitana ya no les permite ubicarse en las avenidas Portugal y República de El Salvador, donde estuvieron desde inicios de año.

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Según Patricia Laso, propietaria de uno de los camiones, después de ser retirados de ese sector buscaron vías como la González Suárez y la Whymper para trabajar. “Cada vez que nos asentamos en un lugar, la Policía Metropolitana nos pide que nos movamos. No he podido trabajar ya dos semanas”, dijo Laso, quien asegura que invirtió USD 40 000 dólares en su camión. “Diariamente perdemos cerca de USD 100”, señaló.

Una cifra similar le costó a Dayra puertas montar su negocio. Para ella, el problema también es que se perjudica a la gente que trabaja en los camiones. “También generamos empleo. En promedio, por cada ‘food truck’, hay cinco trabajadores”, señaló.

El concejal Del Pozo sostuvo que se espera presentar en 15 días el proyecto definitivo de ordenanza para el primer debate en el Concejo Metropolitano. “Al momento tenemos avanzado el proyecto y esperamos terminar de revisar los artículos en dos semanas”, dijo.

Sin la respuesta que esperaban, los propietarios de los camiones de comida decidieron resolvieron realizar un censo para determinar cuántos ‘food trucks’ existen. Según Edith Paredes, esto permitirá poner un alto a la proliferación de camiones ya que, de acuerdo con el proyecto de ordenanza para la actividad, se analiza la entrega de 90 cupos. El objetivo del grupo es levantar un registro con cada camión, para volver al Municipio con el listado.

El grupo de propietarios, que durante el plantón del 25 de julio portaba carteles con los mensajes “no más persecución” y “tenemos derecho al trabajo”, se autodefine como independiente. No tiene nombre y, según sus miembros, congrega a cerca de 120 camiones que buscan ser regularizados. En promedio, la mayoría lleva más de seis meses ejerciendo esta actividad en la ciudad.

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