29 de julio de 2014 00:00

54 fondos pasarían a manos del Biess

La tarde de ayer se reunió la Comisión de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, presidida por Betty Carrillo. Foto: María ISabel Valarezo / EL COMERCIO

La tarde de ayer se reunió la Comisión de Defensa de los Derechos de los Trabajadores, presidida por Betty Carrillo. Foto: María ISabel Valarezo / EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 119
Triste 1
Indiferente 10
Sorprendido 21
Contento 0
Sebastián Angulo. Redactor

Lo que en principio fue un proyecto para el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME) se convirtió en uno que afectará a 54 fondos previsionales del país.

La tarde de ayer, la Comisión Especializada de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social aprobó el informe para primer debate del Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados.

Con estas modificaciones se busca que 54 fondos que supuestamente han contado con aportes del Estado para su constitución o fortalecimiento pasen a ser administrados por el Biess. De por medio están USD 928 millones.

Luego de más de dos horas de debate y con ocho votos a favor y dos en contra, se aprobó este articulado que pasará a manos de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien decidirá cuándo se debatirá y se votará en el Pleno.

Este proyecto se originó el 19 de mayo pasado. El asambleísta de Alianza País (AP) Holger Chávez planteó el proyecto de Ley del FCME, con el cual pretendía transferir al Biess alrededor de USD 430 millones en activos acumulados en este fondo hasta junio pasado.

Sin embargo, el viernes pasado Fausto Cayambe y Kerly Torres, asambleístas de AP, argumentaron que no solo cabía hacer una reforma para el FCME, sino que se debía hacer una revisión a todos los fondos complementarios previsionales cerrados del país, en los cuales exista alguna participación de recursos públicos.
Cayambe explicó que este tipo de fondos son constituidos por personas de una misma entidad, gremio o institución, que no permiten la participación de externos. Por ello se denominan fondos cerrados.

El asambleísta explicó que también existen casos de fondos que se han conformado sin ningún aporte estatal, como aquellos formados por “los servidores públicos de la Cancillería o de los trabajadores del Colegio 24 de Mayo, que están en el sector público pero que no han recibido dineros del Estado en ningún momento”.

Según la Superintendencia de Bancos (SBS), en el país están registrados 64 fondos de este tipo: 54 corresponden al sector público, cuatro a trabajadores regidos por el Código de Trabajo, tres de entidades del sector público y tres de privados con aportes personales y patronales.

Además, indicó que según el registro con el que cuenta la Superintendencia al 31 de diciembre, se reportaron
206 831 partícipes distribuidos en 64 fondos complementarios previsionales cerrados.

A primera vista, aseguró Cayambe, 54 de ellos han recibido contribuciones del Estado, sin embargo, se deberá hacer una auditoría para establecer con seguridad qué fondos pasarán a ser administrados por el Banco del Afiliado.

La presidenta de la Comisión, Betty Carrillo, argumentó que esta reforma se plantea para optimizar el rendimiento financiero de los fondos . “El fin de este proyecto es manejar con solvencia, eficiencia, rentabilidad (...) Tiene una íntima concordancia con lo que dice la Constitución y el sistema de seguridad social”. Según Carrillo, el Artículo 732 de la Constitución respalda esta enmienda.

El objetivo, dijo, es que los fondos previsionales públicos y sus inversiones se canalicen a través de una institución financiera de propiedad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se incentive una política de ahorro con un rendimiento mucho mayor que el que reciben en la actualidad y con un interés más bajo que la banca, es decir, al 9%.

Mientras que la asambleísta Torres, ante la presencia de representantes del FCME, aseguró que “la estructura de los fondos se mantendrán y no implicará despidos de la actual administración”.

Voces en contra
Andrés Páez, asambleísta por Creo, sostuvo que con esta reforma se busca confiscar el dinero de los contribuyentes.
“Por más aportes que haya hecho el Estado a los fondos, se está tratando de tomar el dinero de los aportantes, que nada tienen que ver ante esta situación, dijo Páez.

Asimismo, la asambleísta Cristina Reyes criticó el proceso acelerado con el que se presentó esta nueva reforma legal, sin respetar lo que establece la Ley Orgánica de la Función ­Legislativa.

Por su parte Mónica Almeida, presidenta del FCME de Pichincha, sostuvo que “los dineros que administra el Fondo son ahorros privados de los maestros y la propuesta es que pasen a ser administrados por una institución que solo está facultada para administrar dineros públicos. Esto transgrede la Constitución y el estatuto del Biess, que en el artículo 3 señala que solo podrá administrar fondos públicos”.

Maestros activos afiliados al FCME, directivos y trabajadores de esta institución, así como también docentes jubilados, anunciaron ayer que tomarán acciones ante la reforma.
Hoy, en rueda de prensa, se darán a conocer las medidas que tomarán junto con otras organizaciones afectadas.

En contexto
Según la Superintendencia de Bancos, en el país existen 206 831 personas que aportan a este tipo de fondos. El organismo de control tiene registrado un total de 64 fondos; de esta cantidad, 54 buscan que sean administrados por el Biess.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (0)
No (1)