Los fondos privados tendrán un coadministrador

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Mónica Orozco. Coord. (I)

La Superintendencia de Bancos y Seguros (SBS) deberá nombrar un coadministrador para los fondos cerrados de jubilación y cesantía privados mientras se auditan y hasta que se transfieran sus recursos al Banco del Afiliado (Biess). El plazo para transferir los recursos estará sujeto a un cronograma que establezca la Junta de Regulación Monetaria y Financiera.

Así lo estableció el proyecto de ley aprobado la noche del jueves por la Asamblea y que busca pasar la administración de fondos privados que recibieron aportes estatales al Biess.

El proyecto aún debe esperar el veto del Ejecutivo, que tiene 30 días para pronunciarse.

Estos fondos que han centrado el debate público los últimos tres meses nacieron en los años setenta con miras a mejorar la jubilación y cesantía de trabajadores públicos y privados, como un beneficio adicional a los que entrega el Seguro Social.

Se denominan “cerrados” porque en ellos solo pueden participar los trabajadores de una misma empresa, como los fondos del Banco de Fomento, de los empleados civiles de las Fuerzas Armadas, etc.

Pero Fausto Cayambe, asambleísta de Alianza País, dice que la actual Constitución establece que la seguridad social es facultad exclusiva del Estado.

Otros argumentos del oficialismo para tramitar la norma es que recibieron aportes estatales y supuestos malos manejos.
En el país existen 64 fondos previsionales cerrados, que registran unos 210 000 afiliados.

Sin embargo, el proyecto de ley afectará solo a 54 que, según el oficialismo, habría recibido aportes estatales. Estos fondos tienen activos totales por USD 1 055 millones hasta junio pasado.

No obstante, el número definitivo de fondos contemplados por el proyecto se determinará luego de que la SBS realice auditorías, según fijó el proyecto de ley y que ya dispone el Código Monetario, hoy en vigencia.

Este último incluso fijó un plazo, para ello, de 180 días.

Pero el proyecto contempla la opción de que los fondos que recibieron aportes estatales puedan mantener su gestión privada si cumplen con cuatro condiciones. La primera es que la mitad más uno de los partícipes esté de acuerdo con mantener la administración actual.

Segundo, deben demostrar que los partícipes realizaron los aportes voluntariamente.

Tercero, garantizar que devolverán los recursos a los partícipes en cualquier momento.

Y, cuarto, reintegrar al Fisco los recursos estatales con intereses calculados a la tasa activa referencial del Banco Central; esto es, la tasa que se cobra cuando se otorga créditos.

Jack Veloz, del Fondo del Banco Nacional de Fomento, dijo que esto afecta a los fondos, pues los aportes estatales no se recibieron en calidad de crédito sino “como beneficios de trabajadores; esto es, como parte de sus salarios”.

Además, dijo, devolver en cualquier momento los recursos a los partícipes es una tarea compleja, pues actualmente gran parte de sus dineros están colocados en créditos hipotecarios, a largo plazo.

“No se pueden devolver de la noche a la mañana. Solicitaremos reuniones con las autoridades para que ellos puedan establecer políticas como cronogramas, por ejemplo”. 

Destacó como positivo las auditorías, pues, según dijo, eso permitirá mostrar “que el aporte patronal es ínfimo o ya pagó a los mismos partícipes”.

La abogada experta en temas de seguridad social, Carmen Corral, señaló ayer en Radio Democracia, que estos fondos tienen naturaleza privada. “Los fondos tienen recursos privados de trabajadores. So pretexto de que existe un remanente pequeño de recursos públicos no pueden ser pasados para que sean administrados por una entidad pública”.
Además, señaló que el Biess solo puede administrar recursos públicos.

“El Fondo no será administrado por el Biess” porque no tenemos recursos estatales y en ese sentido tenemos un margen de tranquilidad”, dijo Juan José Castelló, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME).

El directivo señaló que la auditoría debe ser independiente e insistió en que solicitará dialogar con el presidente de la República, Rafael Correa.

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