2 de septiembre de 2014 08:10

Los fondos complementarios, en el debate final del Código Monetario

La Comisión de Régimen Económico decidió a aceptar la propuesta del Ejecutivo para que la 'Súper' de Bancos la que controle la actividad económica de los fondos previsionales. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

La Comisión de Régimen Económico decidió a aceptar la propuesta del Ejecutivo para que la 'Súper' de Bancos la que controle la actividad económica de los fondos previsionales. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

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Mónica Orozco. Coordinadora

El Código Monetario y Financiero entra a debate definitivo en la Asamblea. El Pleno del organismo legislativo se reúne desde las 09:30 de hoy 2 de septiembre del 2014, para tratar el veto del Ejecutivo al proyecto que contiene 56 observaciones. Este es el último debate que se realiza sobre el documento, previo a su aprobación.

En su objeción parcial, el mandatario Rafael Correa propuso reformar la Disposición Décima Octava a la Ley de Seguridad Social, para que sea la 'Súper' de Bancos la que controle la actividad económica de los fondos previsionales públicos y privados.

La Comisión de Régimen Económico decidió aceptar esta propuesta y, en total, sugirió al Pleno allanarse a 52 de las 56 observaciones.

Ramiro Aguilar, asambleísta de oposición, cuestionó este artículo y lo calificó de ilegal. Señaló que esto podría permitir el control de los dineros de los fondos privados por parte del Ejecutivo e incluso abriría la puerta para que se inviertan en bonos estatales o en segmentos que dictamine el gobierno de turno.

Insistió en que el Ejecutivo solo puede proponer un texto alternativo a un artículo en el veto, pero no uno texto nuevo.

Virgilio Hernández, miembro de la Comisión y asambleísta de PAIS, dijo que entre las atribuciones de la Súper de Bancos no está entre la orientación de inversión de estos recursos y dijo que la norma busca garantizar la salud financiera de estos fondos.

El Superintendente de Bancos y Seguros (SBS), Pedro Solines, consultado sobre el tema, señaló que el organismo tiene dudas sobre el artículo, pues aún no se conoce en qué términos se aprobará la Ley que también analiza la Asamblea para pasar la administración de los fondos previsionales al Banco del Afiliado (Biess). "Si esa ley dice que pasará los fondos al Biess y siguen persistiendo con su figura administrativa, tiene sentido lo que dice el Código Monetario, pero si la ley dice que pasan los fondos y mueren de forma administrativa, qué voy a supervisar y audita”.

Solines consideró, además, que la Superintendencia de Bancos sale "robustecida" en sus roles de control al sistema financiero y a la seguridad social con el Código Monetario, pues este le da más facultades y competencias "para ejercer una supervisión más eficiente".

La Comisión también pide a la Asamblea que insista en que la Junta de Regulación, entre sus múltiples funciones, emita la norma para designar a los miembros del Consejo Consultivo, un ente sin voz ni voto y solo de observación de las decisiones gubernamentales que, en materia de control al sistema financiero, tome la Junta.

El Ejecutivo planteó que este Consejo sea elegido, mediante concurso, realizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Para la Comisión, sin embargo, la integración de este Consejo Consultivo debe ser flexible y consideró que la selección a cargo de la CPCCS “terminaría designando representantes fijos y para un período determinado”.

La Comisión también pide insistir en el artículo que se refiere a las cajas de ahorro. La Asamblea considera que estas entidades, relacionadas con la economía popular, pueden obtener personería jurídica. El Ejecutivo planteaba que esto no era necesario y que solo debían registrarse ante la ‘Súper’ de Economía Popular y Solidaria.

Además, el organismo sugiere no aceptar la propuesta del Ejecutivo de que se establezcan mecanismos para que las aseguradoras, que hoy están en liquidación, concluyan estos procesos porque la Ley no es retroactiva.

Finalmente, pide insistir en que se considere al ocultamiento y a la simulación de información como infracciones muy graves.

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