20 de November de 2009 00:00

Lo de fondo

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Gonzalo Ruiz Álvarez

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Una mayoría de legisladores de la Comisión Ocasional de Comunicación dejó lista su versión de la Ley. Tres legisladores de oposición se retiraron a redactar su informe de minoría.

Más allá de formalismos, de un proyecto que creció arriba de los 100 artículos de los 66 presentados por el oficialismo, lo de fondo es que la Ley de Comunicación busca control y sanción para quienes ejercen una de las profesiones más libres del mundo contemporáneo: los periodistas.

Nadie niega que el periodismo se puede ejercer con plena libertad en sociedades maduras donde los traumas del pasado se superaron. Las dictaduras sanguinarias, los regímenes de Partido Único, los anacrónicos fascismos y el control estatal de los modos de producción siempre han preferido una prensa sumisa, callada o hábilmente controlada y dirigida. La propaganda oficial se ha superpuesto a la circulación de las ideas y ha destruido el pensamiento libre, la palabra viva y la expresión por todos los medios, incluso los de comunicación, en las sociedades totalitarias y sometidas al poder.

Nadie duda que la libertad de prensa no compete únicamente a los medios de comunicación, a sus dueños y a los periodistas, la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos para comunicar sus ideas y sobre todo para conocer aquello que el poder de turno quiere ocultar. Muchas veces intereses personales o de carácter económico se han superpuesto al derecho de la gente y eso es algo que se debe superar.

No es con leyes, no es con consejos o comités controlados y dirigidos desde el poder y sus límites con los que se consigue la  expresión plural y abierta de la gente y su interacción con los medios.

Sobre el tema del registro de medios, la pretensión inicial del proyecto oficialista fue modificada. Ahora el artículo 67 dice textualmente “Los medios de comunicación social determinados en esta Ley, una vez que estén acreditados legalmente para su funcionamiento deberán registrar sus datos y su código de ética, en el Consejo de Comunicación e Información.

Este no será susceptible de cesión ni transferencia”. ¿Suena bien? Pues no es tan inocente como parece. Resulta que la acreditación legal puede entrañar un engorroso proceso donde, otra vez, la subjetividad o interés de control y hasta manipulación del poder de turno tendrá a la fila a los medios que busquen su acreditación. El registro del Código de Ética, un tema interno de los medios, ahora deberá contar con la bendición oficial: inaceptable.

Pronto pasará al Pleno, donde se recogerán observaciones que difícilmente serán acogidas por la visión vertical oficialista del populismo reinante.

Ojalá aprueben la propuesta de Lourdes Tibán: que la Ley entre en vigor previa opinión del Comité Interamericano de Derechos Humanos de la OEA. Conforme al mandato constitucional.

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