4 de mayo del 2016 00:00

Víctor Hugo Albán: ‘Un fondo para la reconstrucción’

Víctor Hugo Albán. Colegio de Economistas de Pichincha. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Víctor Hugo Albán 
Colegio de Economistas de Pichincha

Debate

Así estamos


Los efectos catastróficos del sismo de abril y del fenómeno de El Niño de este año han agravado la situación económica y financiera nacional e internacional del país, la cual ya venía en un proceso de desaceleración de la demanda y de la producción, con escasez de liquidez interna y externa. A fines de marzo pasado, antes del terremoto, el saldo de las reservas internacionales era de USD 2 573 millones, cifra moderada. En tanto el valor de las importaciones de este año (hasta febrero) seguía más elevado que el de las exportaciones. Con tales cifras y el déficit presupuestario, las expectativas eran llegar al incumplimiento de la deuda externa (default).

Las severas condiciones en que las consecuencias catastróficas han dejado a la economía nacional, hacen ponderar la demora con que políticas económicas y acuerdos internacionales han sido ejecutados, así como la omisión de constituir un fondo preventivo en los años con mayores ingresos públicos. La ciudadanía y el empresariado están asumiendo ahora recargos tributarios que gravan el consumo popular y las actividades productivas. También se aprecia el gasto público en ministerios y otras entidades que parecen más superfluas que efectivas, cuyo presupuesto bien puede destinarse a la reconstrucción.

Las salidas


Ahora viene la dura y prolongada reconstrucción, con costos ingentes, ya que lo propio es remodelar las ciudades damnificadas y construir con sentido preventivo ante siniestros como los vividos.

En esta fase, el país y las políticas financieras, económicas y administrativas, deberían crear un ambiente de confianza interno y externo. En un medio así, se tratarían con eficacia las relaciones con los organismos internacionales, especialmente con los de la cooperación, así como con la banca que tradicionalmente ha trabajado con el país.

En este contexto, cabe que el Comité de Reconstrucción dé pasó a la creación de una entidad pública autónoma que, junto con la ejecución de proyectos y obras de reconstrucción, constituya y administre, de acuerdo a una ley especial, bajo el régimen de la Contraloría, un fondo financiero con recursos del Estado, de la asistencia y créditos internacionales, y de otras fuentes de las que se recauden ingresos.

Sobre el particular, el Colegio de Economistas de Pichincha ha hecho una propuesta de crear una Corporación Pública de Reconstrucción, independiente de ministerios y otras entidades centralizadas, con un período de vigencia de 10 años. El Colegio asume que la reconstrucción es una responsabilidad nacional que no debe admitir exclusiones, por lo que sugiere que dicha corporación se constituya con un consejo ampliado, integrado con la participación de representantes de municipios y consejos provinciales de la zona afectada. Este ente designará a su presidente y directorio.

Dicha corporación funcionaría sobre la base de un plan anual de proyectos y obras específicas de reconstrucción, con un presupuesto que comprenda el 85% de inversiones reales, de modo que solo el 15% quede para gastos corrientes. De igual modo, junto con el plan operativo anual, presentaría una evaluación calificada de los proyectos en ejecución.

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