Era una montaña de desperdicios. La pestilencia era tan fuerte que la gente prefería cambiarse de vereda. Solo los perros disfrutaron de esa escena. Así lucía la acera del parque San Pedro Claver (en el norte de Quito), el fin de semana. El retraso en la recolección de basura cambia el rostro de la ciudad.
Fernando Riera, director general de Operaciones de la empresa, dice que ese inconveniente se produjo porque el 45% de los carros recolectores de carga lateral debieron ingresar a mantenimiento, y dejaron desatendidas nueve rutas en el sur y cinco en el norte en los últimos seis días.
Emaseo cuenta con 19 carros de carga lateral para recoger los desechos de los contenedores. Para cumplir las operaciones con normalidad, 13 deben estar operativos, pero debido a daños mecánicos, días atrás solo pudieron operar 10. Sin embargo, desde el viernes 15 de diciembre del 2017, los 13 vehículos salieron a las calles y según Riera, poco apoco el servicio se iba normalizando hasta la noche del 19 de diciembre.
Los retrasos en la recolección no son nuevos. La crisis de la empresa, tampoco. El gerente de Emaseo, Juan Pablo Muñoz, reconoce que la situación es crítica por dos problemas: una flota obsoleta y la falta de colaboración de la gente.
Emaseo tiene 220 vehículos incluidos los de apoyo. De esos, 57 hacen la recolección a pie de vereda (que necesitan la ayuda de un operario para que deposite las fundas en la parte posterior del camión). De ellos el 80% ya cumplió su vida útil, que es de cinco años. Pero aún funcionan. Pese a su edad, el 68% (39 vehículos) está operativo. Pero 18 van a mantenimiento constantemente y deberían ser renovados.
Mientras más años tiene un carro de estos, más costoso es repararlo. Uno de ellos, por ejemplo, sale a operar y al regresar se le deben hacer ajustes. Esos daños son los que más afectan al servicio porque deben enviar vehículos con menor capacidad y el tiempo de atención es distinto. El resultado: la ciudad se llena de basura.
Dar mantenimiento a toda la flota cuesta entre USD 5 millones y 8 millones al año. Según Muñoz, “sale más caro mantenerlos que comprar otros”.
Otro factor que influye es la colaboración de la gente. Los vehículos de carga lateral (para contenedores) son susceptibles a daños y la gente sigue arrojando cosas que no debe y afectan su funcionamiento. Cuando se colocan escombros, por ejemplo, se daña la compactadora. Arreglar uno de estos camiones, llega a costar hasta USD 50 000. Cada vehículo atiende a 60 000 personas, por lo que si entra en el taller la afectación es alta.
Para Jorge Albán (AP), de la comisión de Presupuesto, la situación de Emaseo es lamentable, por lo que el Concejo aprobó un alza de tarifa de 4 a 25 centavos por sectores. En el 2018 la empresa no recibirá recursos del Municipio. Con el alza de la tarifa, el presupuesto de la empresa pasó de USD 39 millones a 49 millones.
La mayor parte del presupuesto está destinado a pagos de nómina: el 26% al personal operativo, casi USD 20 millones al año. La empresa cuenta con 1 700 trabajadores, 200 administrativos y el resto operativos. Cada persona que trabaja en recolección a pie de vereda recoge cinco toneladas de basura por día.
Al año se gastan USD 12 millones en fundas de basura, escobas, palas, equipos de protección personal, compra de repuestos para los daños.
Para evitar más fallas en el servicio, este año se busca llevar a cabo un proyecto que requiere unos USD 25 millones, pero el monto puede variar. De ellos, USD 10 millones serían para renovación de flota y 15 millones para ampliar la cobertura de la contenerización.
Según Miguel Dávila, administrador general del Municipio, se prevé solicitar un préstamo de USD 160 millones para sustentar algunos proyectos del Cabildo. De allí, unos USD 8 millones irían a Emaseo para comprar camiones recolectores y renovación de la flota. Esto con miras a que se mejore el servicio y se convierta en una empresa autosustentable.
Si no se renueva la flota, mantenerla operativa costará más y el servicio seguirá afectándose, señala Muñoz. Añade que en las dos primeras semanas de enero del 2018 se sabrá si el crédito proviene de una entidad financiera o del Municipio.