13 de agosto de 2016 00:00

Fiscalizar, bandera de la oposición en la Región

Rafael Correa, Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Nicolás Maduro, en la apertura de la sede de Unasur, el 2014. Foto: Flickr de la Presidencia

Rafael Correa, Cristina Fernández, Dilma Rousseff y Nicolás Maduro, en la apertura de la sede de Unasur, el 2014. Foto: Flickr de la Presidencia

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Adriana Noboa

La fiscalización de la gestión pública es uno de los principales argumentos que esgrime la oposición al hacer sus propuestas de campaña, con miras a las elecciones de febrero del año próximo.

Las tiendas políticas de derecha y de izquierda ofrecen revisar las actuaciones del Gobierno saliente. Este es uno de los compromisos programáticos de la Convergencia Democrática por la Unidad, entre el Partido Social Cristiano, 
SUMA, Avanza y Podemos. 
Sostienen lo mismo en el Acuerdo Nacional por el Cambio, que reúne a Unidad Popular, Pachakutik y varias organizaciones sociales.

Y también lo hace el colectivo Compromiso Ecuador, que suma a todas las agrupaciones que respaldan a Guillermo Lasso, líder del movimiento Creo.
 En Ecuador, la Asamblea tiene entre sus atribuciones la de fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo.

Pero el juicio político para el Presidente o Vicepresidente de la República solo puede darse por tres tipos de delito: contra la seguridad del Estado; concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento 
ilícito; y genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia.


El Legislativo, además, tiene el poder de autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente y declarar su incapacidad física o mental para gobernar. La ciudadanía también tiene la posibilidad de revocar el mandato presidencial, con el respaldo del 10% de electores.


Desde que llegó al poder, no ha habido juicios políticos en contra del presidente Rafael Correa. Tampoco se ha dado paso a otro tipo de enjuiciamiento, como el penal. Y la mayoría oficialista en el Legislativo ha frenado los intentos en contra de los miembros del Gabinete. El último ejemplo es el del Ministro de Educación, archivado la semana pasada.


Por este motivo, la fiscalización es la constante del discurso electoral. No solo en Ecuador sino también en otros países de la región. 
El analista político Francisco Rocha explica que no se trata de un tema ‘de moda’, sino de que en Sudamérica se abrió una ventana: la posibilidad de fiscalizar a los gobiernos que han durado más de ocho años.


Señala que al mantenerse el poder en el mismo grupo por tanto tiempo, hubo un represamiento de la actividad fiscalizadora y, ahora, esta es la respuesta política. Pero recuerda que esta es una actividad normal de la democracia.
 Sucedió en Argentina con el nuevo presidente Mauricio Macri, quien a seis meses de asumir el poder presentó un informe de 220 páginas titulado ‘El estado del Estado’.


Ahí se resumieron todas las denuncias sobre los problemas financieros, que el mismo Macri y sus funcionarios principales han realizado desde que ocuparon sus cargos. Las causas judiciales recaen contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su Gobierno.


La misma ola llegó a Venezuela, con la Mesa de la Unidad, que impedida de legislar por el Tribunal Supremo de Justicia, al que tachan de estar dominado por el chavismo, inició una revocatoria contra el presidente Nicolás Maduro.
Presentaron dos millones de firmas al Consejo Nacional Electoral, al que también acusan de oficialista, para empezar el proceso, aunque solo necesitaban 200 000.

Pero la iniciativa enfrenta problemas con la autoridad electoral y podría llevarse a cabo el próximo año, lo que dejaría en el poder al Vicepresidente y no se convocaría a nuevas elecciones, por plazos legales. 
Y en medio de los Juegos Olímpicos de Río, en Brasil, el Senado aprobó el informe que recomienda sustituir a la presidenta Dilma Rousseff. La votación se dio el miércoles y obtuvo 59 votos a favor, pese a que la coalición oficialista logró 53 de los 81 senadores en el 2014.


Esta es tan solo una de las 28 peticiones del ‘impeachment’, este año, que pesan contra la Mandataria, pero la única que fue aceptada por la Cámara de Diputados. La acusación -dice- 
es sobre maniobras fiscales irregulares para ajustar las cuentas del Gobierno, el 2015.


Rocha advierte que el inicio de procesos de fiscalización tampoco implica que todas las acusaciones sean verdad. Pero sí que es necesario que los ciudadanos, a través de las instituciones, tengan instrumentos para hacer efectivo este derecho, ya que “el funcionario público tiene la obligación de responder a cualquier pregunta”.


Frente al discurso de los políticos cuestionados, de que se trataría de retaliaciones políticas, el analista dice que no hay que descartarlo, porque “en la lucha del poder político se van generando fricciones”. Pero recuerda que la persecución no es a las personas sino a los delitos, por lo que no es un castigo, sino un proceso normal.

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