2 de octubre de 2015 00:00

La fiscalización ciudadana arranca con dificultad

David Rosero, Germán Rodas y Jorge Rodríguez, de la Comisión Nacional Anticorrupción. Foto: María Isabel Valarezo / El Comercio

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Ana María Carvajal

En julio pasado se formó la Comisión Nacional Anticorrupción, una organización ciudadana que busca ejercer contraloría social.

El organismo, que tiene 12 miembros, muchos de ellos antiguos vocales de la Comisión Anticorrupción formada luego de la caída del gobierno de Abdalá Bucaram (1997), se propone exigir transparencia en el manejo del gasto público. Por eso realiza investigaciones sobre supuestas irregularidades y el 22 de septiembre pasado denunció un supuesto perjuicio para el Estado por un aumento de precio en la construcción de la central hidroeléctrica Manduriacu.

El vicepresidente Jorge Glas anunció, el sábado pasado, que el Gobierno iniciará acciones legales en su contra. Ruth Hidalgo, de la Corporación Participación Ciudadana, considera que una amenaza de este tipo hace difícil la actividad de organismos sociales para el control social. “Lo que se debería hacer es que estas comisiones o estas iniciativas presenten sus informes y documentos de descargo y que les den la oportunidad de argumentar la razón de sus dichos y conclusiones”.

Pero si antes de que esto pase se anuncia un enjuiciamiento, lo que logra el poder “es desmotivar a la ciudadanía para que ejerza el control, que es absolutamente necesario en toda democracia. Además, entorpece el trabajo de la sociedad civil en pro de la transparencia en la vida pública”, añade Hidalgo.

En el país, el derecho a formar veedurías y organizaciones ciudadanas está garantizado en la Constitución. Según el analista Santiago Basabe, esta es la base de cualquier régimen democrático.

Las autoridades, afirma, no tienen poder por sí mismas sino que lo reciben de la ciudadanía. “La idea básica de la democracia es que el poder está en la gente y la gente tiene el derecho y la obligación de ejercer control social sobre las autoridades”.

Agrega que amenazar con la judicialización a una iniciativa ciudadana, independientemente de la veracidad de un informe, es grave. “Da cuenta del poco espíritu democrático y la errónea comprensión de lo que una organización de este tipo persigue. Ellos no buscan administrar justicia, sino que ejercen un derecho: que los recursos se ejecuten en debida forma y con transparencia”.

En ello coincide David Rosero, miembro de esta Comisión. “Las autoridades, en lugar de amenazar, deben investigar lo que los ciudadanos observan, vigilan o fiscalizan. Si desde el poder se nos acanalla y atropella, existe una vulneración de un derecho constitucional y sienta un precedente nefasto”. Agregó que este colectivo solo busca ejercer el derecho a la fiscalización popular, basándose en las garantías que constan en varios artículos de la Constitución.

Un día antes de que la Comisión hiciera la denuncia sobre el presunto sobreprecio en la hidroeléctrica Manduriacu, la asambleísta María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, mantuvo una reunión con las autoridades de Contraloría, Fiscalía, Transparencia y el Consejo de Participación Ciudadana. Afirmó que había notado que hace falta mejorar la interacción entre estas entidades y que era necesaria mayor cercanía, para lograr resultados contundentes y coordinados.

También afirmó que la Comisión está dispuesta a recibir los documentos de Anticorrupción y cualquier organización ciudadana que sustente una denuncia. Sin embargo, aclaró que estos organismos de la sociedad civil no podrían sumarse al proceso que ella está iniciando, puesto que el Consejo de Participación Ciudadana “avala las veedurías y garantiza que sean efectivas”.

Sin embargo, Basabe considera que el Consejo de Participación Ciudadana tal como funciona “es una aberración de la democracia”. Afirma que una participación ciudadana desde el poder no es genuina.

Para él, la organización ciudadana debe ser espontánea. Que se formen entidades como el Consejo, desde el poder “no es ciudadanía. Eso es capturar a la población civil en organizaciones de ese tipo. Hay una distancia enorme entre ambas”.

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