La Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía es la punta de lanza de las operaciones judiciales contra el lavado de activos en el país. Los dos últimos años se iniciaron 175 indagaciones fiscales en Quito (102) y en Guayaquil (73).
En ese lapso se han expedido 5 sentencias de lavado, con base en la ley vigente desde 2005.
Ese dato es significativo en el contexto regional, dice un alto funcionario de la Fiscalía, que pidió no revelar su nombre por seguridad. Otros países como Argentina, y que cuenta desde hace más de 10 años con la Ley de Lavado, no tiene ninguna sentencia; Chile tiene tres condenas; Uruguay una sentencia y Perú no tiene ninguna.
Entre los casos más relevantes están los operativos Torres Gemelas e Interfederer.
La Fiscalía coordina sus acciones con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encargada de realizar actividades de Inteligencia financiera y remitir los casos que considere convenientes al Ministerio Público.
En 2009, la UIF remitió a la Fiscalía15 Reportes de Operaciones Inusuales, y en lo que va del año ha enviado uno.
En vista de que su principal actividad es generar alertas de posibles delitos, su producción no es satisfactoria, pues la Unidad cuenta con 10 analistas, lo que equivale a que cada uno ha producido 1,5 reportes en un año, indica un informe de la Fiscalía.
Desde hace dos semanas, este Diario ha tratado infructuosamente de entrevistar a Víctor Hugo Briones, director de la UIF, a través de la Procuraduría, que controla a la Unidad.
Briones ingresó a la Unidad en julio de 2009, en reemplazo de Lincoln Larrea, primo del ex ministro Gustavo Larrea, quien salió porque estuvo en el cargo sin cumplir todos los requisitos.
El actual Director de la UIF firmó en agosto una carta avalando los convenios financieros con los bancos iraníes: Central de Irán y de Exportaciones (EDBI), sancionados por la ONU.
La legalidad del convenio fue consultada a Briones por el Ministerio de Coordinación de la Política Económica, según denunció El Universo.
Aunque en su comunicación advirtió de las acusaciones internacionales en contra de los bancos iraníes, Briones concluyó que la firma era una decisión soberana del Ecuador.
Fuentes de la Fiscalía señalan además que la UIF ha sido poco proactiva para exigir los reportes financieros, además de la falta de rigurosidad en sus informes.