Fiscalía detectó vínculos entre empresa y exgerente de Petroecuador

El viernes, la Policía detuvo a los dos procesados en el norte de Quito. Los agentes allanaron dos viviendas. Foto: Cortesía Fiscalía

El viernes, la Policía detuvo a los dos procesados en el norte de Quito. Los agentes allanaron dos viviendas. Foto: Cortesía Fiscalía

El viernes, la Policía detuvo a los dos procesados en el norte de Quito. Los agentes allanaron dos viviendas. Foto: Cortesía Fiscalía

Las audiencias se hicieron por separado. El juez Rodolfo Navarrete revisó las acusaciones que hizo la fiscal Diana Salazar en contra de Ramiro Carrillo y Diego Cabrera, los dos últimos procesados por el caso Odebrecht.

En las diligencias, que se realizaron el sábado 1 de julio del 2017, la Fiscalía dijo que los sospechosos eran indagados por un presunto delito de lavado de activos y detalló que habrían sido vínculos directos para recibir transacciones ilícitas.

En el caso de Carrillo, las investigaciones señalan que habría recibido USD 202 000 por parte de una empresa que tenía vínculos con Odebrecht. Específicamente por el Poliducto Pascuales-Cueca, cuyo contrato fue suscrito por Carrillo en octubre del 2013 cuando era gerente de Transporte de Petroecuador.

Según informes de Contraloría y del Servicio de Rentas Internas (SRI), Carrillo no hizo constar en sus declaraciones juramentadas el dinero que recibió de dicha empresa. Además, la Fiscalía indicó que tampoco declaró el valor real de una vivienda de su propiedad, pues según los datos oficiales el inmueble está valorado en

USD 300 000. Pero en las declaraciones de Carrillo consta que cuesta USD 141 000.

En la diligencia, Alfredo Campaña, abogado de Carrillo denunció que no se le permitió acceder al expediente y que Fiscalía no puede sustentar las acusaciones. Además, informó que su defendido tiene 66 años. De allí, que el juez ordenó su arresto domiciliario, la prohibición de enajenación de bienes y el bloqueo de cuentas.

En cambio, a Cabrera se le ordenó prisión preventiva. Según la Fiscalía, las investigaciones iniciaron cuando el SRI emitió un informe ejecutivo de riesgo tributario en contra de Cabrera. Esto debido a que según su impuesto a la renta señalaba que sus ingresos eran de USD 376 000. Pero en el sistema financiero nacional sus ingresos ascienden a USD 2,1 millones.

Otra de las acusaciones de Fiscalía es que en calidad de abogado en libre ejercicio, Carrillo habría constituido dos empresas ‘off shore’.

Además era accionista de 22 compañías en el país, de las cuales 11 están en proceso de disolución. También fue parte de otra empresa que fue declarada inactiva y que tiene relación con otro empresario que es indagado por el caso Odebrecht.

Las investigaciones señalan que a través de las dos empresas ‘off shore’, Cabrera ayudaba al empresario para que realice transferencias de Odebrecht para sobornos.

Esto fue negado por Cabrera, quien admitió que sí constituyeron las firmas ‘off shore’, pero dijo que no hizo ninguna transacción desde esas firmas de papel.

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