29 de agosto de 2017 00:00

Fiscalía puede pedir hasta cinco medidas contra Jorge Glas

El vicepresidente Jorge Glas habló la tarde de este 23 de agosto del 2017, en una entrevista en Radio Sucre de Guayaquil, sobre los contratos que se adjudicaron en el anterior gobierno. Foto: Enrique Pesantes/ EL COMERCIO

La audiencia está prevista que se inicie a las 08:30, en el octavo piso del edificio. Junto a Glas estará su abogado principal, Eduardo Franco, exjuez de la CNJ, entre el 2005 y el 2006. Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Javier Ortega

El auditorio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) está listo para recibir el martes, 29 de agosto del 2017, al vicepresidente Jorge Glas Espinel. El funcionario ocupará la zona derecha del estrado, el lugar donde se ubican los sospechosos de un delito. Desde ahí escuchará los indicios hallados por la Fiscalía para procesarlo por posible asociación ilícita.

La Policía desplegará al menos 30 agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden en los exteriores del edificio judicial (norte de Quito). La idea es evitar posibles confrontaciones entre los seguidores del Vicepresidente y opositores, dijeron ayer voceros de la CNJ.

La audiencia está prevista que se inicie a las 08:30, en el octavo piso del edificio. Junto a Glas estará su abogado principal, Eduardo Franco, exjuez de la CNJ, entre el 2005 y el 2006.

El lunes, el exmagistrado habló con EL COMERCIO y dijo que desvirtuará los 10 indicios que dijo haber hallado la Fiscalía para procesar al funcionario.

“(Glas) es absolutamente inocente. No hay ninguna prueba que haga presumir que el Vicepresidente es cómplice o autor del posible delito de asociación ilícita”, dijo Franco.

Esta mañana, una vez que el fiscal general Carlos Baca Mancheno vincule oficialmente a Glas en el proceso, como se anunció hace una semana, deberá solicitar al juez una o más medidas cautelares en su contra, para garantizar que asista al resto de diligencias.

El Código Integral Penal (art. 522) fija cinco tipos de modalidades para asegurar la presencia de los procesados en las investigaciones. En esa lista aparecen la prohibición de salida del país, la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales, el arresto domiciliario, el uso de vigilancia electrónica o la prisión preventiva.

A Franco Loor también lo acompañará un “equipo de abogados”; entre todos se encargarán de rechazar la posible imposición de las medidas cautelares, dijo ayer el jurista.

“Yo tengo la absoluta certeza y esperanza de que el doctor Miguel Jurado Fabara, ante el cúmulo de documentos y argumentos que voy a impugnar y las normas del debido proceso, no va a vincular al Vicepresidente. No hay razón”, añadió.

Jurado es el juez que tramitará este proceso. Él llegó en enero del 2015 a la CNJ y actualmente es parte de la Sala Penal. En su hoja de vida se señala que es experto en derecho penal y ocupó, entre otros cargos: la comisaría de Tungurahua, la fiscalía provincial de Pichincha, y fue asesor de la presidencia de la Judicatura.

Franco Loor calificó de “absurdos” los indicios hallados por la Fiscalía en contra del Vicepresidente. Y citó, por ejemplo, las designaciones de Glas como Vicepresidente y como Ministro coordinador de los Sectores Estratégicos. Eso no es prueba de nada, comentó.

Sobre esto, la fiscal Diana Salazar, quien manejó el caso hasta la semana pasada, advirtió el 28 de agosto que ella debía justificar, con esos documentos, que Glas tiene fuero y así pedir que el caso pase a Baca.

Además, la investigadora recalcó que los sospechosos actuaron bajo la figura de delincuencia organizada. Ese delito ocurrió “a partir del 2010 y se mantuvo en el tiempo”, dijo.

Sin embargo, aclaró que el expediente se abrió por asociación ilícita, porque en ese año no existía el delito de delincuencia organizada en el Código Penal de la época.

Sobre la asociación ilícita, la ley penal (art. 370) advierte que esta se da “cuando dos o más personas se asocian con el fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco años”. Serán castigadas, por el solo hecho de la asociación, con penas de hasta cinco años.

Para esta mañana está previsto que el fiscal Baca Mancheno también vincule a exdirectivos de Odebrecht y de la petrolera venezolana Pdvsa, pese a que ninguno está en el país. Frente a esta situación, las autoridades podrían pedir la orden de captura a nivel internacional de estos extranjeros. Todo depende de la medida que solicite la Fiscalía.

Quienes sí están en el Ecuador y serán procesados son Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador, y el empresario Diego Cabrera. Ambos ya son indagados por presunto lavado de activos.

El lunes, Wilson Velástegui, abogado del exfuncionario de la estatal petrolera, aseguró que concuerda con la defensa de Glas, en el sentido de que a su cliente lo han involucrado en este caso porque terceros aparecen hablando de él y eso no prueba que él haya beneficiado a Odebrecht.

Se refiere a la charla que José Santos, exapoderado de Odebrecht en Ecuador, grabó clandestinamente a Alexis Arellano, exgerente de Pdvsa en el país. En el audio, Arellano asegura que Carrillo supuestamente recibió dineros ilícitos.

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