4 de enero de 2018 00:00

La Fiscalía recopila información respecto al asesinato de Emilia

Los 30 niños –compañeros de Emilia- sacaron lágrimas a los presentes con sus frases. Foto: Xavier Caivinagua / EL COMERCIO

El crimen de Emilia conmocionó a la capital lojana. Un grupo de lojanos marchó en diciembre pidiendo justicia. Foto: Archivo / EL COMERCIO

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Redacción Cuenca

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La Defensoría Pública de Loja lleva adelante la representación legal de la familia de Emilia, la niña lojana que fue encontrada muerta el 19 de diciembre del 2017. También asumió la defensa de los dos procesados por este caso.

Emilia desapareció el 15 de diciembre, al salir de la escuela donde cursaba el sexto de básica. Tras una intensa búsqueda fue encontrada muerta. Su cuerpo estaba destrozado e incinerado cerca de una quebrada en la vía Loja-Chuquiribamba.

Según la directora provincial de la Defensoría Pública, Mónica Fierro, desde entonces esta institución asumió la representación de la familia mientras lo requieran. “Tenemos una obligación legal y moral de apoyar a las víctimas y a los procesados cuando no cuenten con abogado particular”.

Por este caso, el 19 de diciembre se detuvo a tres personas que recibieron cargos por los supuestos delitos de violación, trata y asesinato. Un día después, el principal sospechoso fue hallado sin vida, en una celda del Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca.

Fierro considera que la muerte de uno de los procesados (José Nero) debilitó un poco la investigación “porque pudo haber aportado con información relevante de la organización delictiva. Pero la Fiscalía está haciendo un trabajo efectivo y técnico para dar respuesta a la familia”.

En las últimas tres semanas, los defensores públicos de las partes apoyaron en las investigaciones y diligencias que realiza la fiscal Bella Castillo, quien está a cargo del caso.

Desde entonces se han cumplido allanamientos, una audiencia y toma de versión de los involucrados.

Según ella, han remitido escritos a la fiscal Castillo para que se proceda a realizar ciertas diligencias o revisión de pruebas de ambas partes. “Si bien la instrucción fiscal es pública no se puede dar detalles, porque fue un caso de altísima conmoción social y hay temas relevantes que pueden tergiversarse”.

La fiscal Castillo ya recibió la autorización de un juez penal para extraer la información contenida en el teléfono, una computadora y una memoria externa que fueron incautados durante los allanamientos. Para este procedimiento se contará con la ayuda de peritos.

Aún no hay una conclusión sobre las causas de la muerte de Emilia, porque los análisis técnicos de los peritos todavía no están listos, entre ellos una prueba de ADN.

Estas pruebas deberán determinar el día y la forma cómo fue asesinada, si le suministraron algún tipo de droga, quién la violó, entre otros temas.

Rodrigo Galván, fiscal provincial de Loja, señaló que en los 90 días que durará la instrucción fiscal se realizarán todas las diligencias y recopilación de información adicional para establecer la verdad de los hechos y las responsabilidades.

Está prevista una nueva toma de versiones a los dos detenidos, pero no se difundirá el lugar ni el día. Además, se llamó a rendir declaraciones a los familiares de Emilia. Galván no descartó la reconstrucción de los hechos.

Según el Fiscal, la intención es determinar si existen más personas involucradas en este caso o más evidencias que aporten en esta investigación. “Hasta ahora no hemos tenido novedades con respecto a otros implicados”.

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