31 de enero de 2017 00:00

Fiscalía no halló pruebas de peculado contra Álex Bravo

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Javier Ortega

La investigación por los actos de corrupción en Petroecuador se extiende a más funcionarios y contratistas. El lunes 30 de enero del 2017, el fiscal Oswaldo Carvajal formuló cargos contra seis personas bajo la figura de peculado, un delito que el Código Penal castiga hasta con 13 años de cárcel.

En el grupo de imputados aparecen cuatro empleados de la petrolera: Carlos Pareja Yannuzzelli, José Castillo, Marcelo Robalino y Carlos Quinde.

Además, están el contratista Jorge Vivar, propietario de la compañía que lleva el mismo nombre, y Raymond Falcon, apoderado de Worley Parsons (WP) en Ecuador, empresa que se beneficióde un contrato principal y cinco complementarios por fiscalización, por USD 226,7 millones.

Inicialmente, en este caso también eran indagados Álex Bravo y Diego Tapia (actualmente detenidos) y otros cinco exaltos funcionarios.

No obstante, el lunes Carvajal no citó a ninguno de los siete.
Este Diario consultó al fiscal el por qué de la decisión y respondió lo siguiente: “De lo que tengo entendido, un caso se apertura para investigar hechos y no personas. Y cuando la Fiscalía tiene los elementos suficientes para formular cargos, se anuncia a los jueces contra quiénes va a hacerlo. Eso ocurrió en este caso”.

Y aclaró: “Lo único que me lleva a tomar decisiones es lo que consta en el expediente”.

Los primeros cambios en este caso se produjeron el 9 de enero. A las 10:45 de ese día, en la página de la Función Judicial se subió una providencia con la que se llamó a la audiencia de formulación de cargos a ocho de los 13 sospechosos.

Allí ya no apareció Bravo, aunque sí constaba Tapia.
Pero a las 18:10 de ese mismo día, el juez dispuso que se notificara a todas las 13 personas.

Finalmente, el 30 de enero, Carvajal imputó a seis y no mencionó a Tapia ni a Bravo, quien era coordinador del proyecto para rehabilitar la Refinería de Esmeraldas y luego gerente de Petroecuador.

La decisión del Fiscal generó confusión en la defensa de Tapia. Su abogado asistió a la diligencia, pero se retiró antes de que esta empezara, porque se confirmó que Fiscalía no presentó cargos contra su cliente.

Sobre esto, Carvajal aseguró que el viernes 27 de enero pidió al Juzgado la lista de personas que no fueron imputadas por el anterior fiscal, pues él fue delegado como nuevo investigador del tema ese viernes. Esto también originó quejas en la defensa de las seis personas que sí fueron procesadas.

Emiliano Donoso, quien asesora a Raymond Falcon, aseguró que él no hubiese podido leer 4 700 hojas desde el viernes hasta el lunes 30 de enero. Por eso calificó a Carvajal como “superdotado”. El investigador se defendió y sostuvo que leyó todo.

Ya en la audiencia, el fiscal exhibió 43 documentos que revelan un posible delito de peculado. Entre esas evidencias, Carvajal citó el informe de Contraloría con indicios de responsabilidad penal
DACE 0074-2016. En este documento se analizaron las fases previas, de ejecución, supervisión y liquidación del contrato 2015012, firmado entre Carlos Pareja y Jorge Vivar.

Según la Contraloría, hubo un aparente sobreprecio de USD 3,7 millones en la adjudicación del contrato para la recuperación de condensados de la Refinería. En enero del 2014, cuando se invitó a los ofertantes, la compañía de Vivar fijó un precio referencial de USD 23,7 millones. En diciembre de ese año, cuando se adjudicó la obra, el precio fue de USD 27,3 millones, según el Fiscal.

La defensa del contratista dijo que ese incremento se dio porque pasaron 12 meses hasta que se firmara el proyecto. Indicó que en ese período “aumentaron los valores”.

Este no es el único contrato que Vivar firmó con la petrolera. A él se le adjudicaron de forma directa un contrato inicial y uno complementario, por USD 37,1 millones. Eso fue para la construcción de las Unidades Merox 200 y 300 (plantas de endulzamiento de gasolinas y GLP), cuyos estudios de ingeniería de detalle fueron ejecutados por Worley Parsons.

En medio de estos hechos, las autoridades de Perú incluyeron en la lista de “los más buscados en el país” a Carlos Pareja Cordero y a su hijo, quien también son indagados dentro del escándalo de corrupción en Petroecuador. Hay una recompensa de USD 7 350.

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