21 de septiembre de 2016 17:08

La Fiscalía inculpa a sobrina de una autoridad de Salud por ofrecer puestos

La sospechosa de un presunto caso de estafa masiva fue detenida la mañana de ayer, 20 de septiembre del 2016, en el sector de La Gasca, en el norte de Quito. Foto: EL COMERCIO

La sospechosa de un presunto caso de estafa masiva fue detenida la mañana de ayer, 20 de septiembre del 2016, en el sector de La Gasca, en el norte de Quito. Foto: EL COMERCIO

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Sara Ortiz
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La mujer de 26 años supuestamente utilizaba su cercanía filial con una autoridad para ofrecer cargos, pero el Ministerio de Salud la denunció. Audios, mensajes de texto, correos electrónicos, transferencias bancarias, fotografías y testimonios. Estas son las pruebas que relacionarían a Paola P., de 26 años, con un presunto caso de estafa masiva.

Álvaro Gaibor, fiscal de Patrimonio Ciudadano de Pichincha, formuló cargos la mañana de este miércoles 21 de septiembre de 2016, en contra de la joven, quien es sobrina materna de la Ministra de Salud.

La sospechosa fue detenida la mañana de ayer martes, en el sector de La Gasca, en el norte de Quito. Un segundo sospechoso, Ángel L., también es procesado por el delito.

Uno de los denunciantes es un asesor de la propia Ministra de Salud, quien aseguró que fue esta Cartera de Estado la que impulsó la investigación luego de que llegó a oídos de la Ministra los supuestos ofrecimientos.

El 27 de julio del 2016, el asambleísta Mauro Andino, envió una carta a la Ministra solicitando información sobre esta presunta red, luego de que dos afectadas denunciaran los hechos en su despacho legislativo.

De acuerdo con las investigaciones, a cargo de la Fiscalía y de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Policía, los perjudicados habrían recibido la oferta de puestos de trabajo en el área administrativa la nueva Maternidad Luz Elena Arismendi, en el sur de Quito. "Para ello se presentó como sobrina de la Ministra, para dar una garantía de seguridad y claro que no era gratis, las personas tenían que pagar algo", dijo Gaibor, durante la audiencia.

Según la investigación fiscal que inició el 29 de julio pasado, habrían al menos 20 personas perjudicadas. Estos afectados -según Gaibor- entregaron diferentes montos de dinero a cambio de los puestos de trabajo que incluso se ofertaban como "nombramientos definitivos".

En el expediente se detallan depósitos bancarios vía transferencia electrónica realizados directamente a la cuenta de Paola P. y a la cuenta del segundo procesado, Ángel L., por montos entre USD 1 300 y USD 1 800. Además, también se recopiló correos electrónicos en donde las víctimas enviaron sus hojas de vida para acceder a puestos como asistentes de Talento Humano o jefes de personal, por ejemplo.

El monto total del perjuicio no se ha establecido, pues hasta el momento solo cuatro personas han presentado la denuncia contra los procesados.

Andrés Benítez, abogado de Paola P., indicó que ella habría sido "inducida" por Ángel L., y dijo que su clienta es "fácilmente manipulable" debido a una afección que supuestamente presenta. "Más adelante en el proceso se harán los exámenes respectivos". El abogado indicó que su clienta no fue la organizadora de esta red.

En cambio, la defensa de Ángel P. también alegó que "no lideró" estos hechos y que "nunca autorizó su cuenta bancaria para que le hagan los depósitos", dijo el abogado Paco Noboa. "Incluso mi cliente en su testimonio asegura que entregó USD 1 800 a la joven" agregó.

Agentes de la DGI indican que la sospechosa incluso “formó un grupo de Whatsapp donde enviaba mensajes de forma constante para mantener la esperanza de los interesados”, después de que los ofrecimientos no se concretarán y la gente pidiera la devolución de su dinero.

La transcripción de esos audios y mensajes también constan como evidencias en el proceso penal, pues allí se determinan las conversaciones que mantenía la joven con las personas que buscaban un empleo.

"Se valió de la necesidad laboral, de la preocupación de estas personas para sustentar económicamente a sus familias, para vender de puestos públicos", señaló el fiscal Gaibor.

En la audiencia, el juez David Lasso, de Garantías Penales, ordenó la prisión preventiva de los dos sospechosos por una supuesta estafa masiva, que según el Código Integral Penal se sanciona con una pena entre 7 y 10 años de cárcel.

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