1 de diciembre de 2017 19:36

Fiscalía ordenó archivo de denuncia presentada por abogado de exjueces

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Miguel Angel Parraga

La Fiscal provincial del Guayas, Patricia Morejón, ordenó el archivo de la denuncia presentada por el abogado Hernán Ulloa en representación de un grupo de exjueces por el presunto delito de tráfico de influencias en el Consejo de la Judicatura. En la resolución expedida el 29 de noviembre del 2017, la funcionaria menciona que los hechos administrativos no constituyen delito por no existir elementos de convicción que hagan presumir la infracción penal de acción pública.

El viernes 15 de septiembre del 2017, Ulloa presentó la denuncia en la Fiscalía provincial y dijo que las destituciones de sus defendidos se dieron por supuestas injerencias en la Justicia. Entonces pidió que se investiguen estos hechos y se determine a los autores.

Ese mismo día, unas horas antes de realizar el trámite legal, el abogado dijo a los medios de comunicación que el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh; el director provincial de la Judicatura en Guayas, Julio Aguayo; y el presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Pedro Ortega, presuntamente ejercieron presiones en contra a los exmagistrados.

En el marco de la investigación previa que se aperturó el 19 de septiembre del 2017, la Fiscalía convocó a 20 exjueces para que rindan sus versiones de los hechos, de los cuales acudieron Madeline Pinargote, José Villagrán, Aura Farfán y Ángel Cojitambo.

Los exfuncionarios señalaron que sus salidas se dieron por incurrir en un error inexcusable y consideran que la Judicatura como ente administrativo no tiene la atribución para emitir ese tipo de sanciones de carácter jurisdiccional sino un juez superior. Pinargote y Farfán aseguraron que funcionarios del Consejo las visitaron en sus despachos para sugerirles cómo emitir sus fallos judiciales.

Por su parte, Ulloa en su declaración señaló que sus defendidos fueron víctimas de persecución por servidores de la Judicatura "al negarse a cumplir las sugerencias o exigencias para resolver un determinado juicio de la forma en que el Consejo se los pedía".

Morejón indicó en el documento que en las versiones se aprecia que la sanción administrativa por error inexcusable, se dio luego de haber emitido de parte de los jueces exponentes, determinada resolución y está dentro de las facultades administrativas disciplinarias del Consejo. También señaló que la supuesta influencia tiene que estar sujeta a verificación “y no simplemente se trate de meros enunciados o comentarios de a oídas”.

Ulloa al ser consultado por este Diario sobre la resolución emitida por la fiscal, dijo que se pronunciará sobre el tema el próximo lunes (4 de diciembre).

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