5 de julio de 2016 07:16

La Fiscalía abrió una nueva investigación a Álex Bravo

En mayo pasado, Álex Bravo fue detenido y llevado a la unidad de flagrancias de Quito. Foto:Archivo Paúl Rivas / EL COMERCIO

En mayo pasado, Álex Bravo fue detenido y llevado a la unidad de flagrancias de Quito. Foto:Archivo Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)
ortizs@elcomercio.com

La lista es larga. 15 personas del entorno familiar de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, han sido identificadas como posibles beneficiarias de los contratos que supuestamente habría entregado en su paso por la estatal petrolera.

Ese listado es el resultado de casi dos meses de investigación, después de que la Fiscalía presentara cargos en contra del exfuncionario por presunto tráfico de influencias. Pero no es el único avance.

En estos dos meses la Fiscalía ha encontrado evidencias de otro supuesto delito: enriquecimiento ilícito que habría sucedido cuando Bravo coordinaba los proyectos para la Refinería de Esmeraldas.

La entidad abrió una indagación por ese segundo delito y precisamente ayer se tenía previsto formular cargos en contra del exgerente.

Estalin Coronel, juez de Unidad Judicial Penal de Esmeraldas, dispuso que la diligencia se realice a las 14:00. Pero no se concretó, porque el expediente, que conforman dos cuerpos, fue enviado a la Fiscalía General, en Quito.

“Recibí una notificación de que debía enviar el caso, porque se lo va a manejar desde allá”, aseguró Guillermo Santander, fiscal en Esmeraldas.

En Quito todavía no se ha fijado una fecha para esta audiencia y ese caso sigue actualmente en indagación previa. Santander, a través de una entrevista telefónica, aseguró a este Diario que existe un informe de Contraloría y declaraciones juramentadas en donde se desprende un crecimiento económico a favor de Bravo sin aparente justificación.

Su patrimonio personal se habría incrementado de USD 19 000 a 670 000, entre el 2012 y el 2015, según las primeras investigaciones.

Actualmente Bravo se encuentra detenido en la capital desde el pasado 16 de mayo, cuando la Fiscalía dirigió un allanamiento en su casa y se le acusó formalmente del supuesto tráfico de influencias.
En esa diligencia, el fiscal que lleva este caso, en Quito, Franklin Bravo, habló de que tres empresas estarían vinculadas con sus familiares.

A partir de allí, la Fiscalía ha centrado su investigación en balances de esas compañías, nóminas de empleados, pagos al Servicio de Rentas Internas (SRI), informes ejecutivos, actas de reuniones...

El fiscal también ha solicitado información sobre el exgerente y sus allegados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a las superintendencias de Bancos y de Compañías.

Además, Pedro Merizalde, actual presidente de Petroecuador, ha remitido a la Fiscalía información de los procesos de contratación en los que el exfuncionario intervino. Incluso ha ampliado su versión, después de que presentara la denuncia.

En esa declaración se explica que el procesado habría participado en “actos administrativos ligados a empresas de sus familiares y amigos, desde su ingreso a los cargos públicos, desde el 1 de junio de 2006”. Y se advierte además que estas acciones habrían influido en un crecimiento económico de las compañías de familiares, mientras ocupó altos cargos.

Por ejemplo, Bravo fue integrante de la Comisión Técnica de Contratación para proyectos relacionados con la Refinería de Esmeraldas.

Uno de los contratos que se investiga es el que habría beneficiado por USD 35,5 millones a una compañía de un familiar.

La Fiscalía cuenta con más de 140 contratos que tienen las mismas características y en los que se presume el delito de tráfico de influencias.

Ayer, Víctor Andrade, abogado de Bravo, aseguró a EL COMERCIO que no estaba autorizado para dar declaraciones sobre el caso. No obstante, el 16 de mayo pasado, cuando participó en una diligencia judicial, dijo que su cliente no pudo haber cometido esa acción ilegal.

La explicación del jurista se basa en que su cliente fue máxima autoridad de Petroecuador por poco tiempo (seis meses) y porque las contrataciones al interior de la empresa se realizan a través de comisiones en donde participaban otros técnicos.

Según el abogado, el que haya conformado una comisión no es “suficiente para adjudicar un contrato... La máxima autoridad es la que elige o no”.

En contexto

El nombre de Álex Bravo apareció en abril pasado cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación difundió el caso de los Papeles de Panamá. Su nombre constaba entre las personas que tenía empresas ‘offshore’ en ese país.

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