28 de enero de 2018 00:05

Fiscalía investiga secuestro de dos implicados en estafa

Alejandro Cruz es el abogado de los supuestos secuestrados. La hija de uno de ellos lo acompaña. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

Alejandro Cruz es el abogado de los supuestos secuestrados. La hija de uno de ellos lo acompaña. Foto: Armando Prado / EL COMERCIO

valore
Descrición
Indignado 12
Triste 2
Indiferente 1
Sorprendido 10
Contento 14
Andrea Medina

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La estafa a más de 1 500 indígenas y campesinos que invirtieron en un sistema para obtener ganancias a través de las criptomonedas muestra otra arista poco conocida.

Familiares de dos de los involucrados en esta red ahora denuncian a líderes indígenas por su supuesto secuestro.

A las 07:53 del 30 de noviembre pasado fue interceptado Jefferson Argotty por dos camiones, un taxi y otro vehículo, cerca de la Mitad del Mundo, en Quito, según el testimonio de su hija, quien pidió a este Diario mantener su anonimato. Desde entonces, han sido escasas las ocasiones en las que se han podido comunicar.

Argotty fue vinculado a una supuesta red de un negocio que ofrecía ganancias por medio de las criptomonedas. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunció la presunta estafa.

Los líderes del MICC dieron nombres de los supuestos captadores (en los que se incluía la familia Argotty) y del brasileño André F.
como principal líder de la red. Pero los familiares de Argotty los acusan de haberlos “secuestrado” para obtener más información y exigirles que les devuelvan el dinero que perdieron.

Leonidas Iza, presidente del MICC,
le dijo a este Diario que sí hay personas de esta red que están llegando a las comunidades pero que están “colaborando” con las investigaciones. “Todos los que vayan a ser llevados a la comunidad, no son secuestrados, sino colaboradores en esta investigación para encontrar el dinero”.

Los familiares de quienes han sido vinculados a esta red de líderes rechazan esas afirmaciones.

“Ellos están acusando a nuestros padres de estafadores cuando no entienden que ellos también fueron estafados. Ya son dos meses que no sabemos si están bien, porque les obligan a decir eso”, dice preocupada la hija de Argotty.

Como prueba del supuesto secuestro, ella mostró un video. Efectivamente, allí se observa a un grupo de personas que forcejea con alguien que ingresa en un camión y luego se van. El material fue proporcionado por dueños de un hostal cercano al sitio donde fue retenido Argotty.

Otra de las pruebas que conserva su hija es la grabación de una llamada a su padre. “No queda más mi amor, toca esperar (...). Cómo no voy a estar estresado si ya van dos meses, acá los amigos que son buenos nos cuidan bien, pero tienen que negociar allá”, se escucha en un audio entrecortado.

Pero este no es el único caso. Viviana E. también denunció el secuestro de su padre. El “rapto”, según cuenta, ocurrió en su vivienda el pasado 10 de enero, en Quito. Al día siguiente, ella puso la denuncia en la Fiscalía, que también investiga el otro secuestro.

En ese documento se detalla que un familiar fue testigo de como cerca de ocho personas forcejearon con el padre de Viviana hasta meterlo al balde de una camioneta.

Alejandro Cruz, abogado que está a cargo de ambos casos, afirma que las dos denuncias judiciales están en proceso. “No encontramos responsabilidad contra los señores (supuestos secuestrados). Como sabemos el responsable es André F., pero en realidad ellos no quieren entender razones”.

Ambas chicas y Cruz afirman que las veces que han logrado comunicarse con sus padres y los supuestos secuestradores, les piden dinero a cambio de su liberación. “Nos pidieron hasta USD 10 000 por tenerles y dijeron que cada día aumenta la deuda”.

Iza reconoció que “la red de los Argotty es la que está colaborando”, al referirse a cerca de 15 personas -entre mestizos e indígenas- quienes están en sus comunidades para el supuesto intercambio de información.

“Nuestras familias ingresaron a eso por tener ganancias y ayudar a todos”, dice la hija de Argotty. Al estar por casi 12 años sin trabajo, su papá vio una oportunidad en ese nuevo sistema. En eso coincide Viviana E. “Él por ver algo mejor y por ayudarme a mí también entró a ese negocio”.

La Gobernación de Cotopaxi suspendió el viernes una reunión convocada por el gobernador Héctor González, a la que estaba previsto que asistan el Fiscal de la provincia, el representante del Consejo de la Judicatura, oficiales de la Policía y dirigentes del MICC.

Ahí se trataría la supuesta retención de las dos personas. El departamento de Comunicaciones de la Gobernación desconocía los motivos de la suspensión e informó que el gobernador se encontraba en reuniones y fuera de la oficina.

Ernesto Jami, otro dirigente del MICC, indicó que sí les informaron de la cancelación de la cita donde pretendían insistir en hallar a los responsables.

Las hijas de los involucrados están desesperadas y afirman que en las cuentas de sus padres no hay dinero.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (27)
No (4)