La fiscal General Subrogante, Tania Moreno, informó que se investigará cómo se entregaron los permisos correspondientes para que un restaurante que usaba gas opere a lado de una gasolinera. El anuncio lo realizó la mañana de este martes, 26 de diciembre del 2017, en la Fiscalía de Pichincha. La funcionaria estuvo acompañada de Eber Arroyo, jefe de los Bomberos de Quito y de los fiscales Iván Ron y Sandra Rosillo, quienes fueron los investigadores que atendieron la emergencia durante el 24 y 25 de diciembre.
Moreno dijo que se tiene que determinar a los responsables de los hechos. Lo mismo indicó el fiscal Ron, quien señaló que producto de la explosión en el restaurante hubo dos personas fallecidas y daños a terceros. Hasta la mañana del martes la Fiscalía receptó siete denuncias de personas que resultaron con heridas y los médicos les dieron hasta 30 días de discapacidad. Otras siete personas denunciaron daños a sus vehículos que estaban cerca del local, ubicado en la avenida 10 de Agosto y Río Coca, en el norte de Quito.
En torno a los permisos, el Jefe de Bomberos dijo que desconoce quién es el responsable de esto. Pero indicó que la última inspección que los Bomberos hicieron al local fue en junio.
Los uniformados entraron e inspeccionaron el restaurante. Según Arroyo, no se detectó ninguna anomalía. Incluso señala que la central de gas cumplía técnicamente los aspectos de seguridad. Sin embargo, no se percataron que había otra central de gas clandestina.
Arroyo detalló que en esta última bodega se almacenaban los cilindros de uso doméstico. El lugar mide tres metros y estaba entre una despensa de víveres y otra de licores.
“Si hubiésemos hecho 100 inspecciones, en las 100 inspecciones no nos hubiéramos dado cuenta de esta bodega clandestina porque estaba en la mitad de otras dos bodegas”, indicó Arroyo.
Por eso, la fiscal Moreno no descarta que se investigue a toda la cadena de restaurantes. Además informó que están procesadas dos personas. Ellas enfrentan cargos por homicidio culposo y por almacenamiento indebido de gas. Por el primer delito, los responsables podrían enfrentar penas de hasta cinco años y por el segundo, las sanciones van de uno a tres años de cárcel. En este caso, las condenas podrían ser acumulables.
La Fiscalía también informó que el restaurante ha sido clausurado y que las cuentas bancarias de los propietarios están retenidas.