7 de abril de 2016 16:13

La Fiscalía inspecciona zona del Salado donde se construye plan de alcantarillado

En una de las zonas del estero Salado, el Ministerio del Ambiente junto a representantes de Interagua y la Fiscalía constataron la situación del espacio ambiental en donde se construye un proyecto de tratamiento de aguas residuales. Foto: Cuenta Twitter M

En una de las zonas del estero Salado, el Ministerio del Ambiente junto a representantes de Interagua y la Fiscalía constataron la situación del espacio ambiental en donde se construye un proyecto de tratamiento de aguas residuales. Foto: Cuenta Twitter Ministerio del Ambiente

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Elena Paucar

Autoridades de la Fiscalía, del Ministerio del Ambiente y de la concesionaria Interagua realizaron una inspección en la zona aledaña al estero Salado de Guayaquil, donde se construye el proyecto de tratamiento de aguas residuales mediante tecnología de pantanos secos artificiales del sistema Javier Salitral-Puerto Azul.

El recorrido fue dirigido por el fiscal César Peña, la mañana de este jueves 7 de abril del 2016, y es parte de las acciones que sigue el Ministerio del Ambiente (MAE) contra Interagua. El pasado 29 de marzo el Ministerio inició un proceso legal contra la empresa encargada del servicio de agua y alcantarillado en la ciudad, “por afectación al ecosistema de manglar en el área protegida Reserva de producción de Fauna Manglares El Salado”, como cita un comunicado.

“En el lugar se constató que la extensión del área intervenida excede las 2,5 hectáreas autorizadas en la Licencia Ambiental 021, emitida en el año 2013”, indica el boletín del MAE.

El subsecretario de Gestión Marino-Costera, Xavier Valverde, aseguró que verificaron en el sitio que se ha tomado posesión de más área de la autorizada y “existe la presunción de que se ha perjudicado a la especie del manglar”.

En contraparte, Dimitri Durán, abogado de Interagua, indicó que el proyecto es de 10 hectáreas. “Yo creo que aquí no hay ninguna infracción, que todos hemos trabajado en conjunto, inclusive la gente del Ministerio”, afirmó.

La polémica entre el Gobierno y el Cabildo porteño por el estero Salado se reavivó en marzo del 2016, cuando el presidente Rafael Correa anunció que el régimen no continuaría con el proyecto de recuperación del estuario, que habían empezado en octubre del 2010. Y responsabilizó a Interagua y al Municipio de Guayaquil por no cumplir con los planes de cobertura de alcantarillado.

El ministro del Ambiente, Daniel Ortega también habló de acciones legales contra Interagua. Durante el enlace sabatino del 12 de marzo mencionó que detectaron el delito ambiental de tala de manglar por parte de la empresa, en la zona donde ahora se ejecuta el sistema de tratamiento de aguas por pantanos secos, lo que implicaría una multa de USD 536 000. “Vamos a solicitar a la Fiscalía indagación previa. El COIP, en su artículo 245, prohíbe la tala en áreas protegidas”, dijo entonces.

Por su parte, el alcalde Jaime Nebot respondió en un enlace radial del 16 de marzo. Dijo que los propietarios de unos 40 000 de los predios asentados en el área sur del Salado no han cumplido con su obligación de conectarse a la red pública de alcantarillado.

También mostró documentos del permiso del MAE, emitido en enero del 2015, para el inicio de las obras del sistema de aguas residuales Xavier-Salitral que, según afirmó, beneficiará a unas 120 000 personas.

Este jueves también se desarrolló un debate ciudadano en Guayaquil sobre impacto de cambio climático en el estero Salado, básicamente relacionado con el incremento del nivel del mar. Según los técnicos que dirigieron el debate, ese aumento incidirá en más inundaciones y otros efectos como el incremento de la salinidad, lo que podría afectar a la reproducción de sus especies.

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