21 de enero de 2016 00:00

La Fiscalía entregó dos listados con títulos falsos

La Dirección General de Inteligencia detectó que la supuesta red operaba desde hace 18 meses y movió USD 1 millón. Foto: Cortesía Ministerio del Interior

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informa de la investigación de títulos dalsos registrados en la Senescyt. Foto: EL COMERCIO

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Sara Ortiz

El pedido salió desde la Secretaría Nacional de la Administración Pública (SNAP). El pasado viernes, este organismo solicitó al Ministerio de Trabajo que confirmara lo que horas antes había revelado la Fiscalía General.

Es decir, si en la lista de las 366 personas que habrían inscrito ilegalmente sus títulos falsos en la base de datos de la Senescyt había funcionarios que actualmente estén laborando en el sector público.

Después del anuncio en el que se detallara este caso, la SNAP recibió de la Fiscalía dos listados: uno con 81 nombres y el segundo con 285, que corresponden a dos etapas de la investigación. En esas nóminas se detectaron dos modalidades: sospechas de adulteración de títulos y de inscripción irregular en la base de datos de la Senescyt.

En esa nómina constan los nombres, apellidos, supuesta universidad que entregó el título y el tipo de profesión con el que ejercían en la práctica.

La respuesta del Ministerio de Trabajo se prevé conocer entre hoy y mañana. El informe servirá como sustento legal para que la Secretaría de la Administración Pública promueva acciones administrativas en contra de los posibles responsables.

Los funcionarios en los que recaigan sospechas de haber usado un documento falso serán desvinculados del ejercicio público, sin posibilidad de reingreso y sin indemnización.

La Ley Orgánica de Servicio Público (arts. 9 y 15) detalla en qué circunstancias serán destituidos los servidores.

Una de estas es la falsedad en los documentos entregados durante la postulación a un cargo. También lo es por haber recibido sentencia condenatoria en delitos contra el Estado.

En el artículo 11 se dice además que la remoción de un cargo se hará en 45 días, luego de haber presentado la solicitud.

“El Contralor General o el Ministro de Relaciones Laborales, por iniciativa propia o a pedido de la ciudadanía, solicitarán por escrito, en forma motivada, la remoción inmediata del servidor público que estuviere impedido de serlo, previo el sumario administrativo, de ser el caso, respetando los derechos a la defensa y al debido proceso”, estipula la Ley Orgánica.

Sin embargo, para los funcionarios inmersos en el proceso penal que investiga la Fiscalía, las sanciones no terminan allí.

También hay una responsabilidad penal. Esto, por haber adquirido servicios de una red delictiva de ‘hackers’ para obtener un título de tercer nivel.

Ayer, este Diario habló con el titular de la SNAP, Pedro Solines. En su despacho dijo que “el problema de la falsificación de títulos es general en el país, tanto en el sector público como en el sector privado”.

El pasado 8 de enero, la Policía realizó un operativo en el que detuvo a 10 personas. En la audiencia de formulación de cargos, en Quito, se dijo que la supuesta cabecilla era una mujer y que por cada documento, habrían cobrado entre USD
1 000 y USD 10 000.

En su casa, ubicada en el norte de Quito, los agentes hallaron una maleta con decenas de documentos, títulos, transferencias de dinero hacia Colombia y República Dominicana, contratos de compraventa de vehículos.

Los investigadores descubrieron que la presunta red habría utilizado, en la mayoría de los casos, el nombre de dos universidades privadas.

Los sistemas informáticos de esas instituciones fueron vulnerados por los supuestos ‘hackers’ para registrar como alumnos a personas que nunca cursaron estudios superiores.
Pero los abogados de los sospechosos aseguraron en la audiencia que son inocentes.

Uno de ellos manifestó que su cliente se dedica a “tramitar y hacer escrituras”, pero no especificó en qué área. Otro defensor presentó un carné que muestra que su cliente tiene una discapacidad en el 55% del cuerpo. Esto fue para evitar la prisión preventiva.

En cambio, otro abogado aseguró que el cliente detenido es funcionario público y “cabeza del hogar”. Mientras que el abogado de la supuesta cabecilla pidió que la dejaran en libertad por tener “cargas familiares menores de edad”.

En el caso de quienes pidieron inscribir los títulos, la Fiscalía no ha presentado aún cargos. Pero Solines detalló que el mismo informe que sustenta la investigación penal será utilizado como prueba en contra de los funcionarios públicos para lograr su salida.

Solines prevé que el proceso demore unos 30 días.

En contexto

En el 2013, la Fiscalía ya detectó una vulneración del sistema informático de una universidad en Guayaquil. Una supuesta banda habría cambiado las notas de los alumnos de una universidad particular a cambio de USD 200.

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