25 de julio de 2016 18:36

La Fiscalía de Ecuador quiere procesar a Manuel Noriega, exdictador de Panamá

Galo Chiriboga acusó a 13 policías por distintos cargos, dentro del proceso que busca juzgar a los uniformados por la muerte de una mujer en la época del 'Niño del terror'. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

Galo Chiriboga, envió un oficio a la juez de la Corte Nacional, Sylvia Sánchez, en el que le solicitó la vinculación de cuatro personas más al caso Jarrín. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Para la Fiscalía existen “indicios claros” de la supuesta participación del general panameño, Manuel Antonio Noriega, en la detención de Arturo Jarrín, líder del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo, quien habría sido abatido por la Policía en octubre de 1986, hace 30 años, en Quito.

El pasado 22 de julio del 2016, el fiscal General, Galo Chiriboga, envió un oficio a la juez de la Corte Nacional, Sylvia Sánchez, en el que le solicitó la vinculación de cuatro personas más al caso Jarrín. Una de las personas contra quien la Fiscalía quiere iniciar un juicio es justamente el ex dictador panameño.

La Fiscalía asegura que Jarrín se encontraba refugiado en Panamá, pues era uno de los más buscados en el país, cuando fue detenido sin orden judicial, el 24 de octubre del 1986. Un exagente panameño, que colabora en la investigación como testigo protegido, aseguró que el general Noriega ordenó la detención de Jarrín en Panamá por pedido del ex presidente ecuatoriano León Febres Cordero. E incluso, en su versión que dio el pasado 29 de junio, el testigo entregó un documento en donde se presumen se explicaría la operación para capturar a Jarrín y traerlo al Ecuador sedado.

En la solicitud que envió Chiriboga para vincular a Noriega, solicita además que la jueza nacional lo notifique en el Cetro Penitenciario El Renacer, en Panamá. En ese lugar, Noriega, quien tiene 82 años, cumple una condena de 60 años por los asesinatos de 11 panameños, entre estos la decapitación del médico y rival político Hugo Spadafora, en 1985, y los fusilamientos del mayor Moisés Giroldi y otros nueve militares golpistas en 1989.

La audiencia para la vinculación en este caso fue fijada para el miércoles 27 de julio a las 15:00, en la Corte Nacional de Justicia.

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