6 de septiembre de 2017 00:00

Fiscalía revisa cuatro cuentas de Sai Bank

El pasado 24 de agosto,la Fiscalía allanó las oficinas del Sai Bank, en Quito y Guayaquil. Foto Archivo: Fiscalía

El pasado 24 de agosto de 2017,la Fiscalía allanó las oficinas del Sai Bank, en Quito y Guayaquil. Foto Archivo: Fiscalía

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Sara Ortiz
Redactora (I)

La investigación que la Fiscalía realiza a las operaciones del South American International Bank (Sai Bank) en el Ecuador arroja nuevo datos.

Entre los clientes de este banco, investigado por supuesta captación ilegal de dinero, se encuentran dos intermediarios de Odebrecht, quienes se encargaban de recibir dinero de la constructora y de usarlo para pagar sobornos a funcionarios.

La Fiscalía tiene información sobre cuatro cuentas del Sai Bank. Una en Ecuador, otra en EE.UU., la tercera en Venezuela y otra en Holanda.

En el Ecuador, la entidad financiera mantenía una cuenta en el Banco Capital, en la que recibió USD 153,7 millones desde el 2012 hasta el 2017.

Hoy, 6 de septiembre de 2017, deben rendir su versión en la Fiscalía dos funcionarias del Banco Capital, quienes entregarán más detalles sobre las operaciones del Sai Bank.

Según un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (Uafe), una de las principales empresas que envió dinero a la entidad investigada es la firma Panafin S.A., que transfirió 17,2 millones entre el 2014 a julio del 2017. Esta compañía financiera se encuentra domiciliada en Panamá y fue creada el 27 de septiembre del 2011.

En el documento, al que tuvo acceso este Diario, se detalla que el Sai Bak recibió USD 803 350 en su cuenta, en EE.UU. Estas transferencias se hicieron desde Ecuador.

En tanto, a la cuenta abierta en Venezuela se envió un millón de dólares, en el 2016. Y a la cuenta de Holanda otros USD 10,2 millones, entre 2013 y 2014.

Estos datos los obtuvo la Fiscalía, luego de que pidiera información al Banco Capital, a la Superintendencia de Bancos, al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Uafe.

Ayer, 5 de septiembre, el Sai Bank remitió un comunicado y negó que haya tenido “operaciones financieras prohibidas en el Ecuador”.

En el documento, firmado por su gerente general, Franklin Girigori, se aclara que la principal actividad del Sai Bank “se concentraba en la compraventa de cartera”.

Además, aclaró que no mantenían oficinas ni empleados encargados en el país. “Las tres personas detenidas no son funcionarios del banco, pero sí prestaron servicios profesionales a través de un subcontratista domiciliado en Curacao”.

Girigori asegura que por el momento el banco contrató una empresa auditora internacional, que revisa y analiza la documentación del caso.

“Tal y como se ha conducido desde sus orígenes, Sai Bank está comprometido con el cumplimiento de la Ley en todo lo relacionado con sus actividades (...), señala.

La indemnización

La captación ilegal de dinero, por la que se investiga al Sai Bank, es una de las cinco causas que la Fiscalía abrió en el caso de corrupción de Odebrecht. Por ahora, el Estado busca que esta constructora brasileña pague al Estado una indemnización.
La Procuraduría del Estado busca que la empresa cumpla con dos tipos de reparaciones: material e inmaterial.

La primera es un monto económico que se calcula según los daños materiales causados por la constructora al haber pagado más de USD 33,5 millones en sobornos a funcionarios públicos a cambio de contratos en obras.

El segundo es una restauración simbólica y un reconocimiento de la verdad, según el Código Penal (arts. 77 y 78).

Sin embargo, luego de nueve meses desde que la Fiscalía abriera la primera investigación de Odebrecht, todavía no se ha concretado las reparaciones para el Estado.

Las razones son legales. Según la Procuraduría, se necesita que los directivos de Odebrecht que pagaron coimas sean procesados o que la empresa, como persona jurídica, sea vinculada a los juicios.

Una vez que se ha cumplido este requisito, la Procuraduría presenta su acusación particular y podría pedir algún tipo de reparación para el Ecuador. Así lo explica esta institución en una carta de 23 páginas enviada el pasado 28 de julio al Presidente de la Asamblea.

En este documento, el procurador Diego García, detalla también que el Estado puede solicitar sanciones en contra de Odebrecht, pero esto se aplicaría solo después de que haya una sentencia en firme.

La empresa Odebrecht aseguró ayer que los montos de reparación establecidos en cada país son competencia de las autoridades.

Advierte que es necesario tomar en cuenta los términos de los acuerdos de cooperación alcanzados y aclara que aún existen investigaciones en desarrollo. “Hasta el momento se han firmado acuerdos con Estados Unidos, Suiza, Brasil, República Dominicana, Ecuador y Panamá”.

En contexto

La Fiscalía tiene cinco investigaciones abiertas sobre el caso Odebrecht: dos por lavado, una por asociación ilícita, una por captación ilegal de dinero y otra por concusión. La Procuraduría ha presentado su acusación en el juicio contra Alecksey Mosquera.

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