22 de septiembre de 2017 10:19

Fiscalía detuvo a dos personas para investigaciones en caso de defraudación tributaria

Foto: Twitter @FiscaliaEcuador

La Fiscalía dice que contó con la cooperación de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Unidad de Criminalística de la Policía Nacional. Foto: Twitter @FiscaliaEcuador

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Redacción Seguridad

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Durante la madrugada del 22 de septiembre del 2017, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo tres allanamientos simultáneos en Quito en los sectores de Tumbaco, Cumbayá y Cutuglagua, por el presunto delito de defraudación tributaria en el que estaría involucrada una empresa privada.

La Fiscalía dice que resultado del operativo, que contó con la cooperación de la Unidad Especializada en Delitos contra la Administración Pública, Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Unidad de Criminalística de la Policía Nacional, se procedió a la detención de los ciudadanos Yerko B. y Esteban P.

Ellos fueron trasladados a la Unidad de Flagrancia de Quito para toma de versiones y posterior audiencia de formulación de cargos.

Además, se lograron -dice Fiscalia- recabar elementos como evidencias del presunto delito, entre los cuales figuran "facturas, comprobantes de ingreso, entre otros documentos que involucran a la empresa por posible evasión de impuestos".

Durante el primer trimestre del 2017, la Fiscalía inició acciones de investigación a la empresa, por una presunta evasión de impuestos, en la que habría falsificado facturas de supuestos proveedores, pese a que los mismos no prestaron ningún bien o servicio.

Además, se habría detectado que en algunos casos el monto de los servicios sería menor al declarado al Servicio de Rentas Internas (SRI).

De las primeras investigaciones se estableció que la empresa habría “inventado” gastos para evadir el pago de impuestos, lo que afectaría al Estado.

De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de defraudación tributaria está tipificado en el Art. 298, y sanciona a los infractores con una pena privativa de libertad de hasta diez años.

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