19 de septiembre de 2017 20:57

23 procesados por el delito de delincuencia organizada al interior de la cárcel de Cuenca

En la Fiscalía de Azuay se investiga el caso. Imagen tomada de la cuenta de Twitter @FiscaliaEcuador

En la Fiscalía de Azuay se investiga el caso. Imagen tomada de la cuenta de Twitter @FiscaliaEcuador

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Lineida Castillo

El fallo de la jueza, Sonia Cárdenas, se leyó la tarde de este martes 19 de septiembre del 2017, en una de las salas de la Corte de Justicia de la capital azuaya. Los 23 internos, familiares y exfuncionarios del Centro de Rehabilitación Social de Cuenca fueron llamados a juicio por el presunto delito de delincuencia organizada.

La Fiscalía de Azuay investigaba este caso desde el 2016 tras un operativo realizado a escala nacional por agentes de inteligencia. En esa ocasión hubo 51 allanamientos y las pruebas incautadas (cheques, giros y cuentas bancarias, números de teléfonos…) involucraban a varios presos considerados peligrosos con los casos de extorsión y castigos a compañeros del centro penitenciario de Cuenca.

El delito de delincuencia organizada agrupa la modalidad de extorsión económica desde los centros carcelarios, también el ingreso de sustancias sujetas de fiscalización y armas de fuego. Por eso la fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Claudia Romero, pidió que se los procese bajo esta figura.

De acuerdo con su indagación, la organización delictiva operaba como una pirámide e involucraba a un exdirector del centro centro penitenciario de Cuenca, dos coordinadores de pabellones y presos considerados “peligrosos”.

Inicialmente se abrió la investigación contra 26 personas, pero los tres fueron absueltos.

Además de dijo que el supuesto cabecilla, alias 'Pilligua', lideraba la red desde el Centro de Rehabilitación de Guayaquil donde cumple prisión. El modus operandi era someter a sus compañeros para que obtengan beneficios -como el traslado a otra ciudad o resguardar su integridad- a cambio de sumas de dinero superiores a USD 1 500.

Si no accedían al pago económico llegaban los castigos físicos -como golpes y descargas eléctricas en los pulgares- por parte del denominado “Grupo de Disciplina”. Entonces, llamaban al familiar por teléfono para que escuche los castigos implantados y acceda al pago a través de un depósito bancario.

Eso fue parte de los testimonios relatados por los presos violentados durante la audiencia preparatoria de juicio que se cumplió el lunes 4 y martes 5 de septiembre del 2017 en una de las salas de la Corte de Justicia de Cuenca y fueron corroborados por algunos exámenes periciales que constan dentro del proceso de más de 60 cuerpos.

Pero según los abogados de las exautoridades acusadas no hay pruebas que involucren a sus defendidos y están preparados para enfrentar el juicio.

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