28 de julio de 2017 10:42

Fiscalía rastrea cuentas de Marco Calvopiña en caso Odebrecht

Marco Calvopiña durante la audiencia de formulación de cargos realizada el 2016. Foto: Archivo /EL COMERCIO

Marco Calvopiña durante la audiencia de formulación de cargos realizada el 2016. Foto: Archivo /EL COMERCIO

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Gabriela Quiroz
y Javier Ortega (I)

Está preso por supuesta delincuencia organizada e indagado por posible enriquecimiento ilícito. La Fiscalía, además, busca determinar cuál fue su participación en la adjudicación del contrato del Poliducto Pascuales Cuenca a la brasileña Odebrecht.

Se trata de Marco Calvopiña, un ingeniero químico que asumió la Gerencia de Petroecuador el 17 de enero del 2011 hasta el 20 de julio del 2015.


Fue el primer gerente civil tras la administración de la Marina por decisión de Jorge Glas, actual vicepresidente; René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, y Wilson Pastor, exministro de Hidrocarburos. Ellos conformaban el Directorio de la entidad.

Calvopiña está preso desde el 11 de noviembre del 2016, en una cárcel en el norte de Quito por presunta delincuencia organizada debido a los actos de corrupción detectados el año anterior en la petrolera.

Según el art. 369 del Código Penal, la delincuencia organizada se configura cuando, mediante acuerdo o concertación, una persona forma un grupo estructurado para cometer uno o más delitos, con el objetivo de obtener beneficios económicos.

En este caso, Calvopiña habría liderado la red, pero con él solo está preso Diego Tapia, exsubgerente de Refinación. Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Refinación y su exasesor, Arturo Escobar, están prófugos. Si se configuró un grupo para delinquir hasta ahora solo estarían identificados los funcionarios cohechados y faltarían quienes entregaron los sobornos.

Los otros dos indagados: José Luis Orellana, cuya familia vendió a ‘Petro’ un terreno aledaño a la Refinería de Esmeraldas y, Eduardo Valderrama, representante de la firma Promanti, obtuvieron la libertad. La Fiscalía se abstuvo de emitir dictamen acusatorio.

El abogado de Calvopiña, Pablo Encalada, asegura que hasta ahora no hay pruebas para sentenciarlo y eso lo demostrarán en la audiencia de juicio.

La Fiscalía vinculó al exfuncionario por transferencias que suman USD 400 000 a una ‘offshore’ de Bahamas, Kilkennny Business, que estaría relacionada con él. Para confirmar su vinculación con esta sociedad se pidió asistencias penales a Panamá y Bahamas.

Encalada reitera que los reportes no revelan pagos irregulares desde o hacia cuentas vinculadas con el exgerente. Este delito está sancionado con prisión de 7 a 10 años. Pero su cliente también está siendo investigado por posible enriquecimiento ilícito.

La Contraloría, luego de realizar un examen especial a sus declaraciones juramentadas, envió a la Fiscalía un informe con indicios de responsabilidad penal, el 14 de noviembre del 2016. Es decir, la indagación previa ya lleva ocho meses y se la mantiene en reserva.

El tercer proceso en el que fue llamado a declarar es el que se indaga el pago de sobornos de Odebrecht, a cambio de contratos con el Estado.

Ahí se investiga cuál fue su grado de participación en la adjudicación del contrato de construcción del poliducto Pascuales Cuenca. Este proyecto costó a la estatal petrolera USD 370 millones.

El 26 de julio aseguró que no tuvo ninguna injerencia en la licitación de esta obra. El contrato fue firmado en octubre del 2013 por Ramiro Carrillo, exgerente de Transporte de Petroecuador y quien también está detenido desde el pasado 1 de julio.

Para que Carrillo pudiera firmar el acuerdo en octubre del 2013, Calvopiña, su jefe en ese entonces, le extendió un poder. Esto está contemplado en la Ley de Empresas Públicas. Además, la Ley de Contratación Pública fija que, según los montos, las contrataciones sean aprobadas por el Directorio, el gerente, los jefes de las unidades de negocio, etc.

Este tipo de poderes no solo le otorgó a Carrillo, también lo hizo a favor de Pareja Yannuzzelli, quien lideró la rehabilitación de la Refinería de Esmeraldas, cuyo costo superó los USD 2 000 millones.

Otro funcionario beneficiario de poderes especiales fue Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional y quien fue parte de las negociaciones de los contratos de venta de crudo con Petrochina.

En el expediente de este último caso consta el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico de los ingresos y acreditaciones bancarias de Calvopiña.

Entre el 2013 y 2016 se establece que hay una diferencia de USD 289 704, que no estaría justificada. También se especifica que desde el 2009 hasta el 2016 tuvo transferencias al exterior por USD 244 043, principalmente a EE.UU.

En contexto
El procesado fue parte de las negociaciones de venta de crudo con Petrochina, Petrotailandia y Unipec. También lideró el proyecto de Gas Licuado Monteverde. Luego de que dejó la Gerencia de Petroecuador fue consultor de la firma contratista Geincosolution.

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