11 de febrero de 2017 00:00

La Fiscalía se contradice sobre documento en caso Odebrecht

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Javier Ortega
Redactor (I)
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La información de la Fiscalía llegó ayer, 10 de febrero del 2017, primero a través de ocho mensajes en Twitter. Luego, el Departamento de Prensa difundió un comunicado oficial de siete párrafos. Por las dos vías, este organismo se refirió a un oficio que circuló en las redes sobre el caso Odebrecht.

Desde la noche del jueves, en las plataformas digitales se filtró un documento del 7 de febrero pasado. Allí, la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía le escribe al fiscal del caso, Wilson Toainga, y le dice que por falta de peritos acreditados para la traducción del portugués al español en el Consejo de la Judicatura, le devuelve 26 fojas remitidas por el Ministerio Público Federal, Procuraduría de la República de Paraná (Brasil), relacionadas con Odebrecht”.

Ayer, en su comunicado, la Fiscalía reconoció que “la información difundida en medios y redes sociales corresponde a un trámite interno entre la Dirección de Asuntos Internacionales y Wilson Toainga, fiscal que investiga el caso”.

Luego aseguró que el documento “no es oficial, porque carece de los códigos de seguridad y de la firma de responsabilidad”. Por eso, el organismo anunció el inicio de una investigación “por la posible filtración y divulgación de información que es parte de una investigación reservada”.

Pero más adelante indicó que de Brasil “no ha llegado documentos oficiales con información” relacionada a la constructora investigada por pagar sobornos por USD 33,5 millones a funcionarios de Ecuador.

El oficio que circuló en redes sociales también provocó la reacción de Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ).

Por la mañana, su equipo de comunicación señaló que él daría unas breves declaraciones antes de asistir a una cita. El funcionario apareció a las 10:00 en la planta baja de la Judicatura, en el norte de Quito, y habló cuatro minutos.

Dijo que sería una “negligencia terrible” la devolución de información del caso Odebrecht por falta de peritos. “De confirmarse eso, sería una barbaridad, porque no puede usarse, como pretexto, el hecho de que no existiese algún perito calificado, traductor de una lengua específica, para devolver información tan importante”, señaló Jalkh.

El titular del CJ recordó que la Fiscalía “está obligada a buscar un perito extraordinario”, en caso de que los expertos acreditados por la Judicatura no estén disponibles.

En el oficio filtrado la noche del jueves se señala que no solo se pidió el apoyo a la Judicatura sino que “también se ha solicitado la colaboración de los profesionales en traducciones al portugués de la Asociación de Traductores e Intérpretes del Ecuador (Aitec), con resultados infructuosos”.

Datos del CJ refieren que solo en el 2016 se contrataron, de manera extraordinaria, ocho peritos traductores en lengua portuguesa, porque en el momento en que se los necesitaba no se contó con personal calificado en la lista permanente.

Jalkh recordó ayer que incluso los consulados que operan en el país suelen ayudar cuando hay un requerimiento extraordinario. “Hemos conseguido peritos en serbio, en croata, en pakistaní; en fin, de lenguas mucho menos comunes se ha resuelto el tema en menos de 48 horas. La Judicatura rechazaría, de ser cierto, una actitud de esta naturaleza. Este no puede ser el argumento para que se dilate una investigación tan importante”. La Judicatura inició una indagación sobre estos hechos.

Desde Brasil, el legislador Christian Viteri habló con este Diario. Él viajó la tarde del jueves a ese país para conocer datos del caso Odebrecht.

Ese mismo día se desplazó a la ciudad de Curitiba (Paraná), donde 77 altos ejecutivos de la constructora entregaron información al Departamento de Justicia sobre el pago de sobornos a funcionarios de países de América Latina y de África.

El asambleísta, quien se desafilió en enero de AP, confirmó que el Departamento de Justicia de Paraná le comentó que “por el Tratado de Nassau de Cooperación Internacional” únicamente pueden entregar documentos a las fiscalías. Y advirtió que allí también le indicaron que ya entregaron datos a la Fiscalía ecuatoriana.

Por ahora, en Ecuador se han realizado dos allanamientos a las oficinas de Odebrecht en Guayaquil y Quito y se han pedido asistencias penales a EE.UU., España, Suiza y Brasil. En esta semana, el fiscal Wilson Toainga viajó a este último país para recabar datos.

Ante los cuestionamientos de la oposición sobre el lento avance de las indagaciones, a mediados de enero, el fiscal Galo Chiriboga pidió al país que “comprenda” que este caso es reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no ­entorpecer el proceso”.

Ayer, la Fiscalía General reiteró que la investigación “de Estados Unidos en el caso Odebrecht está bajo reserva”. Y dijo que con la Procuraduría se analizan “mecanismos para obtener información sobre los nombres de personas que habrían recibido sobornos”.

Recompensa por Toledo


Mientras esto sucede en Ecuador, en Perú, por ejemplo, el expresidente Alejandro Toledo entró ayer en la lista de los Más Buscados. Por él se ofrece una recompensa 100 000 soles (unos USD 30 000) para capturarlo y encarcelarlo preventivamente. Al exmandatario se lo acusa de recibir un soborno de USD 20 millones de Odebrecht a cambio de una obra, reportó la agencia de noticias AFP.

Hasta ahora, en Lima hay tres exfuncionarios del gobierno de Alan García en prisión.

El expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, en cambio, no pueden salir del país. Son investigados por lavado, porque aparentemente financiaron su campaña electoral con dinero de la constructora, que les habría entregado USD 3 millones.

En Panamá, antes de ser arrestado, Ramón Fonseca Mora, exministro consejero, acusó al presidente de ese país, Juan Carlos Varela, de recibir donaciones de Odebrecht.

Fonseca Mora fue detenido junto con su socio Jürgen Mossack por acusaciones de corrupción vinculadas con la compañía brasileña. El despacho Mossack-Fonseca saltó a primera plana en el 2016, cuando se conoció el escándalo conocido como ‘Panama Papers’.

En Colombia, se intensificaron las investigaciones luego de que se mencionara al presidente Juan Manuel Santos en este entramado de corrupción.

En contexto


Este escándalo de corrupción se conoció el 21 de diciembre del 2016. Ese día, el Departamento de Justicia de EE.UU. reveló que directivos de Odebrecht entregaron sobornos en países de América Latina y África, a cambio de ganar contratos.

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