15 de February de 2010 00:00

La Fiscalía busca pistas del tiroteo que dejó 3 muertos en la frontera

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Redacción Nueva Loja

A cuatro semanas del tiroteo en la comuna 18 de Noviembre -frontera con Colombia- donde murieron los ciudadanos de ese país Sabino Timoté, Orlando Tapia y el ecuatoriano Omitar Tamayo, continúan las investigaciones de la Fiscalía de Sucumbíos.

Según el comunicado oficial del Comando Conjunto de las FF.AA, el día de los hechos los occisos -presuntamente vinculados a grupos armados irregulares- habrían desobedecido la orden de una patrulla del Ejército ecuatoriano de detener la lancha en la que se transportaban,  y luego abrieron fuego contra los soldados,  quienes repelieron el ataque.

Esa acción del Ejercito es cuestionada por los pobladores de los sectores fronterizos que alegan ser víctimas de malos tratos y atropellos de  los efectivos militares. “Nos maltratan física y psicológicamente, ingresan armados a las viviendas y nos tratan como a delincuentes“, asegura Marco Morillo, presidente del recinto fronterizo Puerto Nuevo.

Vecinos y familiares de los abatidos continúan presentando sus denuncias ante el Fiscal Quinto y aseguran que se ha cometido un error. Martha Molano  -sobrina de Tapia-  dice que se han violentado sus derechos. “Huimos de la violencia que vive Colombia y nos demuestran que la situación aquí es peor. En la frontera hay muchos abusos”. Molano afirma que ya han planteado la denuncia por medio de la Organización de los Derechos Humanos y que se movilizarán en Quito.

El tema de seguridad fronteriza es manejado desde la Cuarta División del Ejército Amazonas, con base en Puerto Francisco de Orellana. Su comandante, el general Hugo Villegas, ha ratificado constantemente el accionar de la patrulla ecuatoriana. “El patrullaje en el cordón fronterizo es permanente, se busca a todo líder o personal vinculado con grupos irregulares. Gracias a los informantes, Inteligencia militar funciona con miras a obtener mejores resultados.”

Solo en 2009 hubo tres enfrentamientos armados de patrullas del Ejército ecuatoriano y grupos ilegales armados de Colombia, que dejaron dos bajas de los GIAC. En dichos patrullajes se hallaron campamentos viejos, ocho bases de campaña temporal adecuadas para el descanso y un polígono de tiro usado para entrenamiento.

Según Villegas, sectores como Barranca Bermeja, Puerto Nuevo, 18 de Noviembre y Puerto El Carmen han mostrado gran incidencia de personal irregular armado. “Tenemos vías identificadas por donde transita la droga en la zona. Se ha establecido el accionar del Frente 48 de las FARC en la ribera ecuatoriana de los ríos San Miguel y Putumayo”.

Para el Ejército, la infraestructura vial del país es aprovechada por traficantes de droga y precursores químicos. La zona selvática tampoco estaría exenta de filtración ilegal al país, ya que los irregulares aplican estrategia militar para evadir los controles. Ante esa situación, se han incrementado las patrullas móviles en la selva.

La gobernadora de Sucumbíos, Nancy Morocho, aclara que el Ejército tiene autonomía para desempeñar todas sus labores. “Tanto el Ejército como la Policía tienen sus atribuciones, pero también deben guardar respeto hacia la gente. Asimismo los ciudadanos colombianos radicados en el país deben ajustarse a nuestras normas de convivencia pacífica”.

Felipe Villota, fiscal encargado de investigar el tiroteo, asegura que remitió un oficio a  Villegas para que le dé a conocer los nombres de los oficiales que intervinieron en el operativo Septentrión I. “La respuesta del general fue negativa, alegando que la operación es de carácter secreto.  Me sugirió reenviar mi pedido al Ministro de Defensa”. Villota acogió la sugerencia y remitió el oficio correspondiente.

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