8 de enero de 2017 00:00

Fiscalía obtuvo limitada ayuda del exterior por el caso Petroecuador

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Gabriela Quiroz y Sara Ortiz (I)

La Fiscalía ha intentado seguir la ruta de millonarias transferencias realizadas en el extranjero por exfuncionarios de Petroecuador, sus familiares y contratistas estatales; sin embargo, las respuestas no han sido tan diligentes.

La entidad ha solicitado, como parte del juicio por supuesto cohecho, asistencias penales a Panamá, EE.UU., Suiza, Gran Bretaña (Islas Vírgenes y Caimán), China y Bahamas, desde agosto pasado, pero solo han llegado dos de Panamá.

Las solicitudes a China y Gran Bretaña debieron repetirse porque no se entendían y no cumplían con los requisitos que exigen sus leyes.

Según las autoridades de China, la traducción de la solicitud a su idioma era demasiado difícil de entender, pese a que la realizó un perito.

La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía solicitó información a ese país sobre la ‘offshore’ Murfield Investment Limited, que supuestamente está relacionada con Fabrizzio Yannuzzelli. Desde la cuenta de esta firma se transfirieron USD 1,2 millones a la panameña Girbra, de Álex Bravo, exgerente de Petroecuador.

En este caso no solo falta claridad sobre esta firma y sus movimientos bancarios, sino que hay otras dos con nombre similar: Murfield Investment Central, que opera en Panamá, de Yannuzzelli; y Murfield Investment Trading Corp, abierta en las Islas Vírgenes por ecuatorianos. Ambas constan en los Papeles de Panamá.

El pedido de asistencia a Gran Bretaña también resulta clave en esta investigación, aunque fue devuelto por falencias. El 16 de noviembre del 2016, Sarah Potter-Washington, abogada de la Corona para la Fiscalía de Gran Bretaña, envió una carta a Jorge Moreno, cónsul de Ecuador en Reino Unido, en la cual aclara que el pedido debe contener un extracto de la ley que se ha violado, describir en detalle el supuesto delito que se investiga y las evidencias encontradas.

La interrogante es qué papel jugó la compañía Sentinel Mandate & Escrow, ‘offshore’ domiciliada en Islas Vírgenes, que intermedió pagos para Galileo Energy, contratista de Petroecuador. A la cuenta del DMS Bank & Trust de esta sociedad, la estatal petrolera ordenó transferencias relacionadas con los contratos firmados con Glenda Meza, quien se presentó como gerente de Galileo y representante de la extranjera Veolia. Y desde este mismo banco, Sentinel transfirió USD 796 000 a Bravo.

La respuesta fallida de Gran Bretaña causó indignación al denunciante de esta supuesta red de corrupción, Alexis Mera. El 25 de noviembre pasado, el Secretario Jurídico de la Presidencia envió un oficio al fiscal a cargo, Jacinto Tibanlombo, en el que criticó el manejo de las asistencias y señaló que estos hechos: “causan un gran bochorno, la cual muta (ídem) en indignación al verificar que, hasta el día de hoy, su despacho no ha cumplido con los requerimientos internacionales detallados”.

Suiza envió aporte, pero no es prueba para un juicio
Tras conocer el caso, el fiscal Federal, Frédéric Schaller, envió de forma voluntaria información a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador sobre tres cuentas bancarias.

En una carta del 19 de agosto del 2016, Schaller asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió una alerta por posible blanqueo de dinero a través de ‘offshores’.

La primera cuenta es de Johanna Investments Corporation, abierta en enero del 2014, en el banco SYZ en Suiza. Esta recibió tres transferencias, entre enero y abril del 2014, por USD 330 000, desde la cuenta de Girbra, en Panamá y cuyo beneficiario es Bravo.

Otros tres depósitos de Girbra en los mismos meses por USD 290 000 a una cuenta del mismo banco corresponden a la firma panameña Joscar Internacional. Su beneficiario es Arturo Escobar, exasesor del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli (ambos prófugos).

Los suizos, además, detectaron que desde una cuenta de Escart, otra empresa asociada a Escobar, se hicieron cinco depósitos por USD 330 000, entre agosto y septiembre del 2014, a una cuenta de Arkdale Investments Limited, en el Royal Bank of Canadá.

Esta última firma abierta en Bahamas estaría vinculada a Juan Baquerizo, exsocio de Oil Services & Solution, contratista estatal (también prófugo).

Estas últimas transferencias llaman la atención porque lo hace un exfuncionario de ‘Petro’ a un proveedor privado. Este Diario solicitó entrevista al abogado de Escobar, pero no ha habido respuesta.

Schaller advirtió en su carta a las autoridades ecuatorianas que no pueden usar esta información como prueba en ningún juicio, pero que recomendó solicitar una asistencia penal o enviar una comitiva para recabar más datos, pues así es el procedimiento suizo.

La Fiscalía solicitó asistencias a este país en agosto, octubre y noviembre pasados, pero hasta el cierre de este caso, el 15 diciembre, no llegaron las respuestas oficiales.

Dos asistencias de Panamá; una aún no es pública

El Ministerio Público de Panamá es el que más ha colaborado en este caso. Una primera asistencia reveló que Girbra recibió USD 11,7 millones en sus cuentas y envió a empresas y personas naturales USD 14,4 millones. De esto se logró congelar USD 3,8 millones.

La segunda asistencia fue entregada personalmente por el fiscal panameño, Javier Caraballo, al fiscal Galo Chiriboga y ya fue incorporada al proceso. Pero aún no se hace pública pese a que llegó el 28 de diciembre y está previsto que para el 13 de enero se realice la audiencia preparatoria de juicio.

Tras el primer pedido, el fiscal solicitó información sobre los movimientos de las cuentas de Bravo y de las empresas vinculadas a él y sus familiares.

También se requirió, entre otros, operaciones financieras de Arturo Pinzón, Sonia Calero y Humberto Guarderas, contratistas procesados. Así también de las empresas que transfirieron y recibieron dinero de Bravo.

Finalmente, hay otra asistencia clave y que no tuvo respuesta en este caso. Se trata de Bahamasm, a este paraíso fiscal se solicitó información de la cuenta de Kilkenny, ‘offshore’ que recibió USD 400 000, desde la cuenta de Girbra.

Además, a quién pertenece la cuenta a nombre de Biscayne Capital, custodio de Madison Asset LLC., otra firma que envió dinero a Álex Bravo.

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