15 de junio de 2017 00:00

Fiscalía allanó las oficinas de la empresa Metro de Quito

Ayer, 14 de junio de 2017, agentes de Criminalística inspeccionaron las oficinas de la empresa municipal. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO

Ayer, 14 de junio de 2017, agentes de Criminalística inspeccionaron las oficinas de la empresa municipal. Foto: Paúl Rivas/EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
y Unidad de Noticias (I)

El operativo se ejecutó a las 14:00 de ayer, 14 de junio de 2017. Desde esa hora, agentes de grupos élite de la Policía, Criminalística y de Fiscalía se concentraron cerca a la plaza Abraham Lincoln, en el norte de la capital, y avanzaron hacia el edificio Mirage, donde opera la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito.

Los agentes, encabezados por la fiscal subrogante del Estado, Thania Moreno, subieron al decimotercer piso, y revisaron documentos. La investigadora se reunió a puerta cerrada con el gerente general de la entidad municipal, Mauricio Anderson.
Un equipo de Criminalística, en cambio, inspeccionó las oficinas y confiscó la computadora de trabajo de Anderson.

El allanamiento fue parte de la indagación previa (reservada) que activó la Fiscalía en enero pasado, luego de una denuncia presentada por la asambleísta María José Carrión, de Alianza País.

El Código Integral Penal (art. 584) señala que las actuaciones de la Fiscalía, jueces o personal policial “se mantendrán en reserva” durante la etapa de indagación previa.

Por eso, ayer, luego de la incursión policial, Moreno se limitó a decir que se decomisó el equipo del gerente general.
En total, los uniformados allanaron tres oficinas, ubicados en los pisos 2, 12 y 13, del edificio Mirage. Allí funcionan las áreas jurídicas y la gerencia de la empresa municipal.

Anderson aseguró que la entidad dará total apertura para que se realicen las investigaciones que la Fiscalía crea conveniente. Y aclaró que la construcción del Metro no se detendrá por esta indagación.

El funcionario también comentó que en días pasados acudió a la Fiscalía a entregar su versión libre y voluntaria.
En este caso, que está relacionado con los presuntos actos de corrupción perpetrados por Odebrecht en Ecuador, la Fiscalía indaga un posible delito de delincuencia organizada.
El artículo 369 del Código Integral Penal fija sanciones de hasta 10 años por este delito.

Moreno recordó que, en la denuncia, la asambleísta Carrión pide que se indaguen supuestos viajes del alcalde Mauricio Rodas a Brasil, luego de ganar las elecciones seccionales en febrero del 2014.

Para la legisladora, esos viajes no han sido justificados. “Esto, teniendo en cuenta que hay contratos millonarios firmados con Odebrecht”, dijo cuando presentó la denuncia.

En la tarde, cerca de las 18:30, el Alcalde se pronunció desde el Municipio e insistió en su “total apoyo y respaldo a cualquier indagación que se desarrolle en torno al proyecto Metro de Quito o a cualquier obra de la actual administración”.

Prueba de ello, dijo, fue la actitud del personal que trabaja en la entidad municipal, que cooperó con la fiscal Moreno.
El funcionario, quien estuvo acompañado del gerente de la empresa Metro de Quito, recordó que la colaboración ha sido permanente desde que Fiscalía inició la investigación y que no se opondrá a comparecer si es citado en la Asamblea.

También, admitió que Moreno confiscó dos correos electrónicos. Uno del actual gerente, Mauricio Anderson; y otro, del anterior titular de la entidad. Sobre el Metro, Rodas ratificó que la construcción del túnel y las 13 estaciones seguirá. “Tenemos un 30% de avance y hay 37 frentes de obra en el sur, centro y norte de la ciudad”.

Hasta el momento, la obra ha generado unos 10 000 empleos, entre directos e indirectos. 500 puestos están ocupados por migrantes ecuatorianos que retornaron desde el año pasado.
El Metro de Quito tendrá 18 trenes, cada uno de seis vagones. Cada tren tiene previsto transportar a 1 500 personas.

En tanto, ayer, la empresa brasileña ofreció disculpas a los ecuatorianos por los “actos ilícitos” que aparentemente cometieron sus directivos y empleados en el país.

En un comunicado, la compañía asegura que ha ejecutado una “profunda reestructuración corporativa”, a través de mecanismos “de control y de gobernanza con cero tolerancia a las prácticas ilícitas”.

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