9 de December de 2009 00:00

La Fiscalía acusará a 8 personas por la compra de 115 ambulancias

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Redacciones Judicial, Sociedad, Cuenca y Ambato

A la Sala de Sorteos de la Corte Nacional llegó un documento de cuatro páginas con sellos de la Fiscalía General del Estado. El texto tiene la firma del fiscal subrogante, Alfredo Alvear, y señala indicios de peculado (presunto mal uso de fondos públicos) contra siete funcionarios del Ministerio de Salud y el representante del contratista, en la  adquisición de 115 ambulancias, en 2007.

En el documento se solicita a la Corte fecha y hora para formular cargos en contra de la ministra de Salud,  Caroline Chang, y de otros seis personeros  de esa Cartera: José  Bedoya, entonces director  de Desarrollo Organizacional del Ministerio; Ernesto  Torres, entonces presidente del Comité de Emergencia; Roberto Muñoz, asesor legal de la Ministra; Susana Cordovilla; Luis Paredes, y Lino Sarmiento, entonces integrantes del Comité de Emergencia.

USD 3,9 millones
pagó el Ministerio de Salud por la compra de 115 ambulancias para todo el país.

A ellos se suma Teodoro Roldán, propietario de Euromedical, empresa que vendió los vehículos. 

El  lunes, a las 17:00,  se sorteará la Sala (Primera o Segunda) de lo Penal de la Corte, que efectuará la audiencia de formulación de cargos. En esa diligencia, la Fiscalía sustentará la imputación.

En su petición, Alvear señala, como antecedentes, que la investigación de la Fiscalía se inició el 29 de julio pasado, con base en una investigación de este Diario, relacionada con la compra de los 115 vehículos.

La Fiscalía basó su pedido a la Corte en un informe de la Contraloría, el cual establece -según el Fiscal- indicios de responsabilidad penal de los funcionarios de Salud por esta compra.

La Fiscalía señaló que la acusación que hará en la formulación de cargos es provisional. En ella puede solicitar medidas cautelares, como la prisión preventiva de los imputados o la prohibición de salir del país o la enajenación de sus bienes.

Con la audiencia se iniciará la instrucción fiscal (período de 90 días para investigar), en la cual pueden desvanecerse o ratificarse las evidencias del caso.

Entre junio y julio, EL COMERCIO investigó el proceso de adquisición. Reveló, por ejemplo, que los 115 vehículos originalmente eran furgonetas, que luego fueron adecuadas como ambulancias en la empresa de carrocerías Capaba, en Ambato. Ayer, este Diario observó  esos vehículos en cuatro ciudades (Quito, Cuenca, Machala y Ambato) y constató que su deterioro es paulatino.

En mayo de 2008, en cadena nacional, el Gobierno señaló que los automotores están equipados con monitores, desfibriladores, resucitadores... Las unidades  observadas ayer solo  contaban con camillas y oxígeno.

Ayer, la ambulancia  entregada al Hospital de Shushufindi  (Sucumbíos) llegó al servicio de emergencia  del Hospital Eugenio Espejo con un paciente que fue herido de bala en el centro de esa ciudad.

Este Diario comprobó que el forro del piso  de esa unidad está gastado, como el de las zonas laterales. Igual sucedía  con el vehículo del Hospital Pablo Arturo Suárez (norte de Quito), que ya fue retapizado...

Un hecho común en todos los vehículos es que no hay rieles ni seguridades para las camillas, es decir, los pacientes pueden ser sacudidos al ser trasladados.

Al Hospital Espejo se entregó una unidad. El director de este centro, Álex Camacho, indica que  el vehículo no presenta problemas, pero los  conductores   aseguran que por ser furgonetas no tienen extractor de olores en la cabina, como todas las ambulancias.

En Azuay, de los cinco automotores entregados uno  ya colapsó, pues se fundió el motor. Así lo confirmó ayer el director del Hospital de Paute, Galo Ochoa.

Desde hace un mes, el vehículo permanece en los talleres. Hace una semana se ordenó la reparación a USD 2 500. El retraso se debió a que no había un repuesto.

En Patate (Tungurahua), la ambulancia que llegó en 2008 tiene problemas con la potencia. “En algunas ocasiones se queda en las cuestas y los conductores deben subir con viada”, señala  la coordinadora del centro, Carmen  Soria.

Esos carros tienen equipos de reanimación, oxígeno,  maletas con medicamentos, pero no cuentan con monitores ni desfibriladores. “Estos implementos sí son importantes para atender a  pacientes cardíacos”, dice Soria.

Ayer, este Diario buscó la versión de Chang, pero en el Ministerio se dijo que estaba en una reunión técnica en  Santa Elena. En la tarde se conoció que la funcionaria prepara  una cadena de radio y televisión para referirse al pronunciamiento de la Fiscalía. Su abogado, Jorge Acosta, dijo que responderán con documentos, porque la adquisición fue legal.

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