24 de noviembre de 2015 08:14

Fiscalía acusa a exasambleísta por supuesto cohecho

Asambleísta de Alianza País fue detenida por la Fiscalía para investigaciones. Foto: Cortesía Fiscalía General del Estado

Asambleísta de Alianza País fue detenida por la Fiscalía para investigaciones. Foto: Cortesía Fiscalía General del Estado

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Diego Bravo

A las 16:00 de hoy, martes 24 de noviembre del 2015, el Tribunal de la Sala Penal emitirá su fallo sobre el caso de una exasambleísta oficialista Esperanza G., investigada por presunto cohecho. Así lo informó la Fiscalía General del Estado. Junto a ella también es indagado Miguel S., exgerente General de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de San Mateo (Esmeraldas).

El fiscal Galo Chiriboga acusó a los dos sospechosos porque eran funcionarios públicos. A través de pruebas testimoniales y documentales, según el Fiscal, se mostró "la materialidad del delito y la responsabilidad de los ahora sentenciados".

Los sospechosos fueron investigados en la ‘Operación Gavilán’ que fue realizada por personal de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), luego de que una persona presentara una denuncia por supuestos actos de corrupción. En una rueda de prensa que se realizó en mayo pasado, el vicepresidente Jorge Glas indicó que la exlegisladora aparentemente pidió dinero de un contrato tomando el nombre del Segundo Mandatario.

Ante eso, él presentó una denuncia en la Fiscalía. Chiriboga indicó que el vicepresidente Glas adjuntó como evidencias un disco compacto al que se analizó y realizó la extracción y reconocimiento de contenidos. Así se demostró "que las voces eran de Esperanza G. y Miguel S.".

Además, la Fiscalía incorporó como prueba documental el Decreto Ejecutivo 786 que designó a Miguel S. como presidente Ejecutivo de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado ‘San Mateo’. En esa condición realizó la declaratoria de emergencia en Esmeraldas, "lo que le permitió contratar sin concurso la construcción emergente de la primera etapa de la obra".

También se acusó a Santiago P., representante legal de una empresa, como autor del delito tipificado y sancionado en el artículo 290 del Código Penal. Esto porque él supuestamente autorizó la entrega del dinero de la empresa a los servidores públicos.

La Fiscalía se abstuvo de acusar a Walter T., "debido a que su actuación no encuadra dentro del delito que se juzgó, ya que él obedeció órdenes de Esperanza G., pero no era funcionario público. Pues no tenía contrato en la Asamblea".

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