Según la Fiscalía Provincial se necesitan unos 16 judiciales más para que existan ocho fiscales por cada 100 000 habitantes. Foto: EL COMERCIO
A los despachos de cada agente fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas llegan hasta 572 casos en un mes. Las denuncias son atendidas por los 21 fiscales que tiene la provincia, pero no son suficientes para evacuarlas.
Según la Fiscalía Provincial se necesitan unos 16 judiciales más para que existan ocho fiscales por cada 100 000 habitantes, como sugieren las normas internacionales.
En la actualidad hay cuatro investigadores para ese número de pobladores. La fiscal Provincial encargada, Pilar Morán, asegura que la provincia tiene una población flotante que ingresa y sale en ciertos períodos y hace que el número de denuncias se incrementen cada vez más. No hay un dato actual del flujo de casos ni de los represados. Pero en el 2014, la Fiscalía Provincial reportó que se tenían represados unos 43 000 procesos que luego fueron despachados por las unidades judiciales de desestimación.
Ahora la carga procesal se siente desde mediados del año pasado en las ocho unidades donde trabajan los 21 fiscales. Los funcionarios señalan que todo se acentúo con el trasladado de ocho fiscales a otras dependencias del país. Hasta entonces eran 29. Un ejemplo del déficit se siente en la unidad de soluciones rápidas. Ahí hay cinco fiscales, pero lo óptimo son ocho para atender los 1500 casos que se denuncian en el mes. En la Fiscalía de asuntos administrativos actualmente hay un judicial y se necesitan dos adicionales.
En este despacho se receptan denuncias de personas desaparecidas y trámites de remarcaciones vehiculares. De las primeras llegan hasta cinco en un día y a veces sin sustento, dice un funcionario. “Denuncian un rapto, pero cuando indagamos nos damos cuenta que son chicas que se han ido con sus parejas por voluntad propia. Eso nos representa un gasto de recursos inncesarios porque debemos abrir una investigación, ir a lugares y activar a policías”.
El abogado Óscar Salcedo cuenta que el volumen de casos que atienden los fiscales inciden en parte en la resolución de las investigaciones una vez que llegan a los juzgados. “No tienen mucho tiempo para indagar porque deben atender varios expendientes a la vez”. En el 2017, de los 31 homicidios reportados en la provincia, solo 12 se resolvieron en instancias judiciales y los otros quedaron en investigación.
Mientras que en el 2018 el 57,14% de las 35 muertes violentas, es decir unos 20 casos, se esclarecieron en la justicia, según cifras de la Policía. La fiscal Provincial, Pilar Morán, dice que otra de las soluciones para aliviar la carga procesal es que se dote de más asistentes judiciales a los despachos de los fiscales. Actualmente en unos hay un secretario y en otros solo un asistente. Lo ideal es que haya un secretario y dos asistentes por cada unidad.