15 de febrero de 2017 00:00

Fiscales de siete países revisarán caso Odebrecht en Brasil

El fiscal del caso Odebrecht, Wilson Toainga (segundo desde la izq.), viajó a Brasil. Foto: Fiscalía

El fiscal del caso Odebrecht, Wilson Toainga (segundo desde la izq.), viajó a Brasil. Foto: Fiscalía

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Reds. Seguridad y EFE (I)
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Sin respuesta. Ese es el estado actual de las asistencias penales que Ecuador ha solicitado a Brasil, Estados Unidos y Suiza desde diciembre pasado (2016), cuando explotó el caso Odebrecht. Al menos eso dice la Fiscalía General del Estado.

Por eso, ayer (14 de febrero) su titular, Galo Chiriboga, viajó a Brasil para reunirse con el fiscal de ese país, Rodrigo Janot. La idea es realizar discusiones técnicas para agilitar las respuestas a esas peticiones judiciales.

Sin embargo, la semana pasada la Fiscalía reconoció la existencia de un documento que se filtró en redes sociales. En ese oficio, la Dirección de Asuntos Internacionales devolvía al fiscal Wilson Toainga 26 fojas que había remitido Brasil, porque aparentemente no se pudo traducir al español.

En la cita internacional, que se desarrollará entre el jueves y el viernes en Brasilia, también participarán los fiscales generales de Panamá, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Suiza y Brasil .

La iniciativa surge por la información que maneja esta última nación. Allí, las indagaciones están avanzadas sobre todo desde que 77 directivos de Odebrecht acordaran con la Justicia local la entrega de información a cambio de rebajas de penas. Eso activó investigaciones en otras naciones.

La Fiscalía ecuatoriana ha reiterado en las últimas semanas que los datos que entregue Brasil pueden servir para descubrir quiénes recibieron coimas.

Chiriboga envió el pedido de asistencia penal a esa nación el 30 de diciembre pasado; es decir, nueve días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. publicara su informe.

Esto ocurrió a pesar de que en junio del 2015 el funcionario ya prometió indagar a la constructora y cooperar con Brasil.

Ayer (14 de febrero), los representantes de la Comisión Nacional Anticorrupción recordaron que en julio del 2015, un mes después de la captura de Marcelo Odebrecht, se pronunciaron sobre este tema y “exhortaron a las autoridades del Estado” a que “suspendieran de inmediato” la firma de contratos con la empresa brasileña, tomando en cuenta que su “moral está en entredicho y tiene denuncias en Brasil, Panamá, Venezuela, Perú”, entre otras naciones.

La compañía continuó operando hasta el 22 de diciembre pasado, cuando agentes de la Fiscalía allanaron sus oficinas en Guayaquil y, más tarde, el 12 de enero, las de Quito.

En el comunicado del 2015, Anticorrupción también pidió a la Contraloría que le permitiera designar una Comisión Especial, de entre los colegios profesionales, para “acompañar” al organismo de control en la revisión de los contratos que la constructora brasileña suscribió con el Ecuador.

Ese ‘acompañamiento’ tampoco se concretó y ayer voceros de la Contraloría General señalaron a este Diario que sí se auditaron internamente las obras que construyó Odebrecht en el país y que se entregaron al menos 33 informes.

En 25 hubo indicios de responsabilidad administrativa en contra de 138 funcionarios, con glosas por USD 313 228.

Allí aparecen las hidroeléctricas San Francisco, Toachi Pilatón, Manduriacu, Pucará; o el sistema de riego Carrizal Chone, la Refinería del Pacífico, el aeropuerto de Tena, entre otros grandes proyectos.

En seis informes, en cambio, la Contraloría concluyó que existieron indicios de responsabilidad civil y glosas por USD 144 millones. Solamente en uno hubo indicios penales.

Actualmente, el ente de control ejecuta un examen especial al proceso de contratación de la Fase II del Metro de Quito.
Ayer, el jurista Víctor Granda cuestionó el trabajo de los organismos de control en torno al caso Odebrecht. Dijo, por ejemplo, que “le sorprende la actitud de la Procuraduría”. “El Procurador no está cumpliendo con sus funciones. Él debía exigir que la empresa otorgue indemnizaciones por los daños ocasionados a los fondos del país. También debía exigir la terminación unilateral de contratos recientes”.

En una entrevista con este Diario, Diego García, procurador del Estado, señaló que es necesario “definir a qué nivel o función corresponden los contratos vinculados con los actos de corrupción”, para determinar si debe o no intervenir.

El fiscal Chiriboga, en cambio, pidió al país que comprenda que este caso es reservado y que “no se trata de encubrir a nadie, sino de no ­entorpecer el proceso”. Esto lo dijo ante los cuestionamientos que han llegado desde la oposición por el hecho de que las diligencias no han avanzado. Ayer, la Fiscalía señaló que la participación en la reunión de Brasilia es parte de las gestiones que se impulsan dentro de las investigaciones por el caso Odebrecht.

Ecuador también pidió información a España y como respuesta ese país tomó la declaración de Rodrigo Tacla, exabogado de Odebrecht, detenido el 18 de noviembre en Madrid, y de quien se dice es el ‘cerebro financiero’ de la entrega de coimas a funcionarios.

Ayer, el país confirmó que las autoridades españolas ya receptaron el testimonio del empresario brasileño.

En contexto

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht admitió haber pagado USD 33,5 millones a funcionarios ecuatorianos en los últimos 10 años. A diferencia de Colombia, Perú, República Dominicana, Panamá o Brasil, en Ecuador no hay personas indagadas o detenidas.

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