22 de mayo de 2017 00:00

Fiscales y jueces temen ataques de narcos

Washington Prado (der.), detenido el 11 de abril en Colombia, amenazó a jueces y fiscales de Manta, según la Policía. Foto: Policía Colombia
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Washington Prado (der.), detenido el 11 de abril en Colombia, amenazó a jueces y fiscales de Manta, según la Policía. Foto: Policía Colombia
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Javier Ortega

En la oficina hay expedientes apilados en una esquina. Otros tantos documentos desperdigados sobre el escritorio, junto a un pequeño portarretratos con la fotografía de su familia y textos de leyes.

En ese lugar, que no mide más de seis por tres metros, pasa entre ocho y 12 horas el fiscal que confiscó millones de dólares a Washington Prado Álava, el denominado ‘Pablo Escobar ecuatoriano’. Su intervención en el caso, hace dos semanas, fue fortuita. Era fin de semana y estaba de turno. Agentes de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos (Uian) le llamaron a su celular.

“Acabamos de encontrar más dinero en la casa de Prado. Necesitamos su presencia”, le dijo uno de los policías. El investigador dejó la oficina, en el centro de Manta, y llegó a la urbanización en media hora. Ya con él en la casa, los uniformados empezaron a contar los billetes, todos de USD 100, 20 y 10. En total confiscaron USD 2 086 000.

El dinero estaba enterrado en el área de la cocina, bajo el mesón. Desde entonces los días fueron ajetreados. Hubo toma de versiones, custodia permanente del dinero, entre otras diligencias. Ahora ya no está con el caso, pero admite que el proceso es complejo. “Hay que ir con cautela. No es cualquier organización”, advierte .

Manejó pocos días el proceso y dice no haber recibido intimidaciones, pero sí conoce al menos a otros tres compañeros que están con protección policial, debido a las amenazas de mafias del narcotráfico. Precisamente, uno de los compañeros que permanece con custodia trabaja en el mismo piso, cerca de su oficina.

El fiscal indagó hace dos años a Prado, por las muertes violentas perpetradas en la ciudad, y lo llevó a juicio. Desde entonces, un agente lo resguarda en su oficina, en casa y en las diligencias judiciales. Los temores y precauciones no son exagerados. En los seguimientos que hicieron a la organización del capo ecuatoriano, Inteligencia policial descubrió que su red de sicarios ubicó las viviendas de los fiscales y ya tenían identificadas sus rutas diarias.

Los judiciales aseguran que este fenómeno, aunque no es nuevo, se recrudeció desde hace un mes, tras las capturas de Prado Álava, en Colombia, y la de sus integrantes, en Manabí y Guayas, dos provincias consideradas de “alto riesgo” por ser puntos clave para enviar droga a Centroamérica. El temor creció a tal punto que las autoridades que integran la denominada Mesa de Justicia (ministerios del Interior, Seguridad y Justicia y la Judicatura) se reunieron el pasado 4 de mayo en Manabí y decidieron fortalecer la protección a jueces y fiscales.

“Su trabajo debe cumplirse en condiciones de seguridad”, reconoció Gustavo Jalkh, director de la Judicatura. Además de Guayas y Manabí, Pichincha es otra provincia donde se han reportado amenazas a funcionarios que indagan al crimen organizado. Thania Moreno, hoy fiscal subrogante del Estado, confirmó que ocho jueces y fiscales estaban con protección estatal, hasta diciembre pasado.

La Fiscalía puede dar seguridad a los judiciales, a través del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, o cuando los casos son de “alto riesgo”. La última base de datos levantada por ese ente revela que 151 funcionarios, entre jueces y fiscales, ingresaron al sistema de protección por amenazas de los grupos criminales. Los datos corresponden al período entre el 2012 y el 2015.

Hace dos meses, Moreno, entonces fiscal provincial de Pichincha, lideró un taller para 26 funcionarios, entre fiscales, secretarios y asistentes, denominado “Autoprotección personal y manejo de información sensible”, para evitar posibles atentados de las mafias.

Allí conocieron técnicas básicas para detectar explosivos y cómo identificar paquetes extraños, sobres pesados, correspondencia que llegue con exceso de sellos, sin remitente o sin haber sido notificados. Un exfiscal recuerda que en el 2015, durante su trabajo en Quito, también recibió protección. Su investigación fue catalogada de “alto riesgo”.

En todo ese año, un policía vestido de civil lo acompañó las 24 horas, en su despacho y en los exteriores de su casa. Dos años después, el abogado comenta que su familia nunca conoció esos detalles. Los jueces, aunque en menor porcentaje, también son blanco de las intimidaciones. Desde el año pasado, por ejemplo, las magistradas que sentenciaron al cabecilla de la red de sicarios de Prado están con protección estatal.

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