7 de agosto de 2015 00:00

Fiscales y jueces soportan amenazas de muerte y atentados de las mafias

Uno de los dos agentes asignados a la protección conversa con un fiscal antidrogas. Foto: EL COMERCIO

Uno de los dos agentes asignados a la protección conversa con un fiscal antidrogas. Foto: EL COMERCIO

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Reds. Seguridad,
Esmeraldas y Manta (I)

Te vas a morir. La jueza tiene grabada esa frase en su cabeza. La misma amenaza la escuchó dos veces en su celular. La llamada duró unos segundos. La voz masculina no decía nada más.

No fue la única intimidación. Días después de esas llamadas, el vehículo de su padre se incendió mientras viajaba con dos familiares. Los mecánicos detectaron que los cables del auto fueron manipulados.

Las advertencias ocurrieron en el 2013, días después de que sentenciara a los integrantes de una “poderosa” organización que operaba en Esmeraldas y que se especializaba en transportar cocaína y en sicariato.

Jueces y fiscales que manejan casos complejos saben que están expuestos a amenazas y posibles atentados de las mafias.
Entre el 2013 y abril de este año, 151 de estos funcionarios ingresaron al sistema de protección y asistencia a víctimas y testigos de la Fiscalía.

Las asistencias se dan sobre todo en judiciales de Manabí, Guayas y Esmeraldas, provincias con fuerte presencia del narcotráfico y del crimen.

Dos años después de esas llamadas, la jueza sigue con protección policial. El agente que la protege permanece a su lado las 24 horas del día. Cuando termina el trabajo, la custodia a su casa y vigila los exteriores hasta que amanece.

Esta semana, EL COMERCIO acompañó a otro funcionario judicial que también fue intimidado. Se trata de un fiscal que maneja casos sobre narcos.

En un reducido despacho revisaba expedientes. Cuatro agentes de la PJ y otros dos que lo protegen lo rodeaban. Con ellos hablaba de los operativos que están por ejecutar para capturar a una mafia local.

Los uniformados asignados a estas tareas, por lo general, pertenecen a departamentos especiales. Conocen tácticas de defensa, de evacuación inmediata y estrategias de vigilancia.
Este fiscal, con frecuencia recibe llamadas de desconocidos en las que le advierten que se cuide. A unas cuadras de su oficina, labora otra jueza que tramitó un caso de sicariato. Prefiere no hablar de las amenazas en su contra, pero dice que hay temor entre quienes tratan juicios delicados que les ponen en riesgo frecuentemente.

En Quito, desde hace ocho meses un policía vestido de civil sigue a todas partes a un fiscal. Lo acompaña a los juzgados, a las entrevistas con sospechosos en la cárcel, a las reconstrucciones de delitos y hasta al almuerzo en casa.

Su familia no sabe esos detalles. La protección prefiere mantenerla al margen de su esposa. No quiere alarmarla.
Desde noviembre, él investiga a una red delictiva considerada de “extrema peligrosidad”. Basta escuchar el apodo del sospechoso que lidera esa banda. Se trata de un hombre alto que permanece desde 2011, en un pabellón de máxima seguridad de Guayaquil.

Los agentes aseguran que en la casa del detenido hallaron una escopeta Mossberg, una granada y municiones para armas de corto y largo alcance. Lo indagan por robos perpetrados a oficinas financieras de la capital.

Eso influyó para que la Policía asignara un agente al investigador. No forma parte del programa de protección, pero su investigación es considerada de “alto riesgo”.

Para él no es nueva la custodia policial. Entre el 2011 y 2013, cuando era asistente y secretario, agentes protegieron a los fiscales con los que trabajaba.

Entre ellos es común hablar de los casos que manejan, sobre todo cuando son delicados.

Él recuerda el expediente que llegó al despacho de una compañera. A ella le asignaron vigilancia permanente luego de que llevara a prisión a una organización vinculada con más de ocho crímenes, al estilo sicariato, en Quito, en el 2011.

Cuatro meses después del operativo que lideró su compañera, el cabecilla de esa red delictiva fue asesinado en el expenal García Moreno. Recibió seis puñaladas en el tórax y pecho.

Los fiscales que rastrean a los narcotraficantes están expuestos a diario a los ataques.

Cuando los casos se vuelven extremos se activa un plan de emergencia para atender a los judiciales. En enero, por ejemplo, las autoridades anunciaron que aplicarán más medidas de seguridad para los fiscales y jueces que trabajan en Carchi, una provincia fronteriza que soporta tráfico de combus-tibles y mercadería ilegal.

A los allanamientos se lo considera de alto riesgo por la reacción de los sospechosos.

Un investigador de Manabí recuerda que lo recibieron a balazos durante una incursión en una empresa ubicada en el norte de Manta, hace 18 meses.

Los atacantes no se amilanaron, pese a que en la operación hubo decenas de agentes de unidades élite de la Policía.

Ese día, los uniformados golpearon la puerta de la fábrica y recibieron una ráfaga de tiros. “No teníamos puestos ni chalecos antibalas. Un miembro del GIR y un sospechoso que nos disparó desde el interior murieron. Nos jugamos la vida en cada incursión”, comenta el investigador.

En esa provincia, desde hace dos años, jueces y fiscales empezaron a solicitar protección. El temor entre los funcionarios creció después del asesinato del fiscal Ramón Loor, el 13 de julio de 2013. Armados lo acribillaron al pie de su domicilio.

Desde entonces, los fiscales que manejan delitos relacionados contra la vida, el crimen organizado y el narcotráfico son quienes piden sobre todo la asistencia policial.

Desde hace un mes, un fiscal que trabaja en Manta recibe presiones. Hay una explicación a esas intimidaciones: cambió la figura penal contra un detenido. Esa modificación influyó para que los jueces duplicaran la pena. Cada vez que recibe las llamadas intenta rastrear el número, pero los indicios lo llevan hasta unas cabinas telefónicas de la ciudad. Personas cercanas a su trabajo también le advierten que han escuchado que quieren hacerle daño.

Los funcionarios improvisan medidas de seguridad cuando todavía no tienen protección.

El mes anterior, un juez de Manabí pidió a su secretaria que encendiera el vehículo media hora antes de que finalizara una audiencia riesgosa. Familiares del detenido llenaron la sala y eso lo atemorizó.

Otro compañero blindó con láminas de seguridad su vehículo. Gastó USD 400 y esa protección soporta disparos de armas de bajo calibre.

Informe  

Entre 2013 y abril de 2015, 151 funcionarios ingresaron al Sistema de
Protección de la Fiscalía. También hay un plan para protegerlos fuera de ese programa.

En contexto

Además de jueces y fiscales, el sistema de la Fiscalía brinda protección y asistencia a víctimas, testigos, procesados, defensores públicos y familiares de víctimas. En 2014, la Judicatura anunció la creación del plan de seguridad integral para los funcionarios judiciales.

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