16 de junio de 2017 16:37

Fiscales de Argentina y Brasil acuerdan investigar a Odebrecht

Según la fiscalía brasileña, los países que han solicitado documentos sobre el caso Odebrecht podrán enviar a sus fiscales para recibir las pruebas desde el 1 de junio, al vencer el plazo de sigilo internacional. Foto: Archivo EFE

El acuerdo que firmaron los procuradores destacó que cada país designará a seis miembros para la conformación del equipo. Foto: Archivo 

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Agencia DPA

Los jefes de los fiscales de Argentina y Brasil acordaron hoy, 16 de junio de 2017, conformar un equipo que investigue en forma conjunta los presuntos delitos cometidos por la empresa constructora brasileña Odebrecht, que reconoció haber pagado millones de dólares en sobornos.

Los procuradores generales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, y de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, firmaron en Buenos Aires la creación del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que integrarán fiscales de ambos países para trabajar "conjunta y coordinadamente los graves delitos relacionados con el caso Odebrecht/Lava Jato",se informó oficialmente.

El objetivo del acuerdo, señalaron ambos procuradores, pretende "generar avances en la investigación para lograrla responsabilidad penal y patrimonial" ante posibles ilícitos cometidos en la contratación, adjudicación y ejecución de diferentes obras públicas investigadas por la Justicia argentina.

Cuatro jueces argentinos siguen los pasos de Odebrecht en el país para detectar el supuesto pago de sobornos a funcionarios de Gobierno con el objetivo de obtener favores y beneficios en licitaciones públicas para construir obras de infraestructura.

El acuerdo que firmaron los procuradores destacó que cada país designará a seis miembros para la conformación del equipo, entre ellos un director que coordinará la tarea del resto.El ECI funcionará durante un año, lapso que podrá prorrogarse.

Este jueves 15 de junio el Congreso argentino fracasó en un intento por debatir una norma penal que sancione a empresas que cometan actos de corrupción contra la administración pública del país.

La iniciativa contempla la posibilidad de que cualquier delito realizado antes de la sanción de la ley sea abordado por medio de un acuerdo administrativo voluntario entre la empresa sospechosa y el Estado.

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