10 de junio de 2014 15:52

Fiscal pidió la detención de cinco supuestos implicados en caso Publifast

Al local en donde funcionaba la empresa Publifast acudió personal de la Superintendencia de Compañías. Foto. Mario Faustos / EL COMERCIO

Al local en donde funcionaba la empresa Publifast acudió personal de la Superintendencia de Compañías. Foto. Mario Faustos / EL COMERCIO

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Redacción Guayaquil

El fiscal Miguel Vélez pidió al Juez de Garantías Penales del Guayas que disponga la localización y captura de cinco personas que supuestamente estarían involucrados en la presunta estafa masiva de Publifast. Esta solicitud fue emitida ayer lunes 9 de junio.

El pasado viernes 6 de junio, los afectados de este caso fueron masivamente a poner la denuncia en la Fiscalía del Guayas, ubicada en el centro de Guayaquil. El sistema de trabajo que tenían era que les ofrecía dinero a cambio de compartir anuncios en las redes sociales, previo a la compra de una membresía.

Estas denuncias vincularon a Luis C., Aracelly C., Joel M, Lysis A. y a Roberto A. como representantes y administradores directos de la firma. Vélez, en el documento, señala que la orden de detención se da "por existir suficientes indicios en contra de ellos por el presunto  delito de estafa y conmoción social, público y notorio". Este caso está en indagación previa desde el pasado 6 de junio.

El jurista Hernán Ulloa comunicó el tema a los afectados que defiende , en los exteriores del edificio del Ministerio Zonal, ubicado en el norte de la ciudad. Allí un grupo de personas relacionadas a este caso se agruparon para hablar con el abogado, que “los había convocado allí”, dijo una de las perjudicadas.

Las personas estaban reunidas en pequeños grupos. Cuando Ulloa hablaba con sus defendidos, se les acercó Jorge Rojas, analista de conflictos del Guayas de la Secretaría Nacional de Gestión de la Política. Él los recibió junto con Jhonny Alcívar, funcionario del Servicio de Rentas Internas, quienes conversaron con el abogado y los afectados en el auditorio del edificio.

Allí, Alcívar les indicó que la entidad va a tener un trato especial con ellos, pero que investigarán sobre el caso, para determinar quiénes serían los afectados. Esta semana, los directivos del SRI se reunirán en Quito, para determinar una solución al caso de las personas que entregaron facturas en blanco y no saben qué pasó con esos documentos o tengan miedo que hayan sido llenadas con valores superiores a las que recibieron. El próximo lunes, se prevé que autoridades del SRI se reúnan con Ulloa y tres representantes de los afectados.

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