9 de noviembre de 2017 00:00

El Fiscal confirmó que acusará a Jorge Glas, en accidentada audiencia

El fiscal Carlos Baca pidió que la audiencia no se convierta en “una discusión de mercado”. Dijo que esta audiencia tomará “varios días”. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El fiscal Carlos Baca pidió que la audiencia no se convierta en “una discusión de mercado”. Dijo que esta audiencia tomará “varios días”. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente Jorge Glas, ingresó este miércoles, 8 de noviembre, visiblemente molesto al auditorio de la Corte Nacional de Justicia, en el norte de Quito. Eran las 08:28. Una vez adentro, el jurista se levantó abruptamente de su silla y gritó que pediría la detención “inmediata” del fiscal Carlos Baca, quien en ese momento ingresaba al salón.

“Se ha cometido fraude procesal”, gritó Franco, mientras apuntaba al Fiscal con su dedo.

El abogado reaccionó porque Baca se abstuvo de acusar al empresario ecuatoriano José Catagua (representante legal de Equitransa) y a cuatro exdirectivos de Odebrecht: José Conceição Santos, Mauricio Grossi, Ricardo Vieira y Claudemir Simoes.

Mientras que para otras 13 personas, incluido Glas, la Fiscalía había encontrado evidencias suficientes de una aparente asociación ilícita e iban a ser acusadas durante la audiencia preparatoria de juicio.

Diez minutos después, el juez Miguel Jurado subió al estrado y explicó las reglas de esa diligencia: cada abogado tendrá 10 minutos para intervenir, no se permitiría calificativos y, sobre todo, solicitó respeto.

Baca, en cambio, pidió al juez que la audiencia “no se convierta en una discusión de mercado”. De esta forma comenzó el primer día de audiencia en contra Glas, quien se encuentra detenido desde el pasado 2 de octubre en la Cárcel 4, en el norte de la capital.

Antes de que iniciaran las intervenciones de los abogados, la Secretaría de la Corte leyó el dictamen abstentivo de Baca.

Sobre el exdirectivo de la constructora en el Ecuador, José Santos, la Fiscalía dijo que durante la fase de investigación se comprobó su participación “determinante” en las negociaciones y los pagos ilícitos a funcionarios públicos.

El abogado de Jorge Glas, Eduardo Franco, generó un incidente en la audiencia, pues dijo que pediría la detención del Fiscal por su dictamen. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

El abogado de Jorge Glas, Eduardo Franco, generó un incidente en la audiencia, pues dijo que pediría la detención del Fiscal por su dictamen.  


Pese a esto, Baca dijo que había un impedimento legal para continuar el juicio en contra del exdirectivo y citó el principio de ‘Non Bis In Indem’, una garantía de derecho internacional que prohíbe que una persona sea juzgada dos veces por el mismo delito.

De hecho, Santos, quien tiene un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía para proporcionar evidencias relacionadas con la corrupción, fue sentenciado en Brasil.

En el 2016, la justicia de esa nación lo condenó a ocho años de cárcel por el caso de corrupción conocido como Lava Jato.
A través de un escrito, el Ministerio Publico de ese país certificó a la Fiscalía ecuatoriana que la condena de Santos tiene que ver con los actos delictivos cometidos en Brasil, pero “principalmente” por sus acciones en el Ecuador.

Además, él recibió sanciones como una multa económica de 5 millones de reales (1,5 millones de dólares al cambio actual); la confiscación de sus bienes, la prohibición de contratar con entidad públicas, entre otras.

En octubre pasado, Santos presentó un escrito a la Fiscalía, en el que solicitaba que no se lo procese. En ese documento recordó también que había contribuido con la investigación para desarticular la red.

El Código Integral Penal establece una condena máxima de cinco años de cárcel para los autores de asociación ilícita. Por ello, Baca sostuvo que incluso la sanción que cumple el brasileño en su nación es mayor a la contemplada en la legislación ecuatoriana.

En cambio, para los otros tres exdirectivos de Odebrecht el Fiscal dijo que durante la investigación no se comprobó que ellos conocieran sobre el esquema de sobornos y que su participación se limitó a obedecer las disposiciones de Santos. Según Baca, ellos desconocían los acuerdos que por fuera de la ley tomaba Santos.

Sobre Catagua se dijo que si bien él fue representante legal de Equitransa, una de las firmas locales que fue usada para triangular los pagos ilegales a los servidores públicos, no tenía autorización para mover la cuenta bancaria de la compañía. Por lo tanto, para la Fiscalía, su participación en la asociación ilícita no estaba comprobada y por eso no lo acusó.

Mientras que, para los 13 procesados restantes, los detalles de la acusación fiscal se conocerán hoy (jueves 9 de noviembre), después de que el juez Jurado declare la validez del proceso. Sin embargo, durante la investigación la Fiscalía incorporó como pruebas audios y videos grabados por el delator Santos sobre el esquema de sobornos.

Además, en el expediente constan las asistencias penales de Estados Unidos en donde se detalla cómo operaba el denominado ‘departamento de sobornos de Odebrecht’.

También, aparecen testimonios de los procesados en los que reconocen cómo se triangularon los pagos ilegales; y la versión de Alfredo Alcívar, quien detalló la relación cercana entre el Vicepresidente y su tío Ricardo Rivera.

Según el Código Penal, la audiencia preparatoria de juicio se desarrolla en dos etapas. En la primera se analiza la validez del proceso judicial o si hay razones para declararlo nulo. En la segunda parte se debate sobre los argumentos de fondo, es decir, sobre las pruebas que la Fiscalía haya reunido en contra de los procesados.

Ayer se avanzó solo en el análisis de las actuaciones legales. En esta fase, 12 defensores dijeron que en el expediente existen razones para invalidar el juicio. Para el abogado del procesado Ricky Dávalos, en cambio, todo era válido.

Entre los cuestionamientos, están las acusaciones particulares presentadas por la Procuraduría y por César Montúfar, exasambleísta. Los juristas sostuvieron que el delito de asociación ilícita no vulneraba la administración pública y por lo tanto ni Montúfar ni la Procuraduría podían intervenir en el juicio como posibles víctimas. Luego de escuchar los argumentos, el juez Jurado suspendió la diligencia.

En contexto

La investigación por el delito de asociación ilícita comenzó en diciembre del 2016. Desde entonces, la Fiscalía ha recopilado 450 cuerpos (45 000 hojas). Jorge Glas fue arrestado en Guayaquil, el pasado 2 de octubre. Hoy está preso en la cárcel 4 en Quito.

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