28 de January de 2010 00:00

El Fiscal choca con la Asamblea y se queda

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Redacción Judicial

En el auditorio de la ex sede de la Embajada de EE.UU., ahora edificio Patria, más de 50 personas vestían de traje, impecables. Lucían una escarapela dorada en la solapa, un símbolo entre los funcionarios de la Fiscalía.

Se había convocado a una rueda de prensa, pero ayer el auditorio quedó estrecho para los directivos del organismo y los fiscales de otras provincias, que llegaron para acompañar a Washington Pesántez en su presentación ante la prensa, que más bien fue un monólogo de 13 minutos, porque no permitió preguntas.



Una veeduría en el caso
El fiscal Washington Pesántez expresó sus “sentimientos de pesar a la familia” de Natalia Emme. Dijo que Wilson Velasteguí, detenido por el accidente, y su esposa, Aliz Borja, están dispuestos a someterse al polígrafo.
Una veeduría ciudadana, con Justicia Vial y Covial, sigue la investigación. “Invito a (sumarse) los familiares de las víctimas y a cualquier otra institución que desee vigilar la sustanciación imparcial”, dijo Pesántez.
El Fiscal propuso al presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, que designe una comisión de juristas para revisar el remitido de los 65 funcionarios de la Fiscalía. Invitó a la Judicatura vigilar el trámite de los sumarios.Pesántez ingresó al auditorio a las 11:27 (la conferencia fue citada para las 11:00). Se abrió paso entre  los trabajadores; unos lo aclamaban  y buscaban tocarlo, otros solo miraban en silencio. Desde el atril respondió negativamente a la resolución emitida la víspera por la Asamblea, que lo exhortó para que renunciara al cargo de Fiscal General del Estado, por  las secuelas del accidente de tránsito del 14 de enero, que segó la vida de Natalia Emme.

“El 30 noviembre de 2007, la Asamblea Constituyente, por consenso, me designó Ministro Fiscal General del Estado (...). Este hecho no implicaba ningún compromiso personal ni político con mis electores (...). Se encuentra plenamente vigente el Mandato 1 expedido por la Asamblea de Montecristi, que me designó titular de la Fiscalía, mandato jerárquicamente superior a la resolución de los 58 asambleístas”, dijo.

“Fui el primer funcionario en reaccionar ante la providencia en el caso Filanbanco (...). Pedir que el Ministro renuncie me parece más que sospechoso porque algunos, no todos los 58, están actuando a favor de intereses claramente determinados (...). Hay que investigar quiénes están a favor, tendiendo un manto de impunidad y básicamente yo detecto aquí una alianza de esas tradicionales llamada Madera de Guerrero-Filanbanco”, denunció Pesántez.

Madera de Guerrero  no tiene ninguna relación con ningún grupo de poder ni económico del país, refutó Enrique Herrería, asambleísta de esa agrupación. “Nos regimos bajo los lineamientos éticos y respondemos solo a los ecuatorianos. El Fiscal lanza una acusación infame y trata de cubrir los actos de ineficiencia y corrupción. Los asambleístas de Madera de Guerrero pedimos  que se condene moralmente al Fiscal, y eso tuvo el respaldo de  miembros de Alianza de País”.

Pesántez dijo que  renunciar “permitiría que poderes fácticos asociados a organizaciones delictivas se tomen por asalto la institución encargada de investigar y perseguir el delito (...). Me comprometo a continuar en la profunda transformación y depuración que emprendí” en la Fiscalía.

La Asamblea también solicitó a Pesántez que destituya a los 65 funcionarios de la Fiscalía que el 19 de enero publicaron un remitido en EL COMERCIO, en el cual se refirieron al caso Emme, por adelantar criterio y por juzgar a personas por su país de origen.

Natalia Emme murió atropellada por un vehículo de la Fiscalía que el 14 de enero transitaba por el carril exclusivo de la Metrovía. En ese jeep se movilizaba Aliz Borja, esposa del Fiscal. Testigos dicen que ella conducía. El parte policial refiere que el policía Wilson Velasteguí, de la seguridad de la familia de Pesántez, lo hacía.

En el remitido de prensa, los 65 funcionarios de la Fiscalía acogieron la versión del parte policial. Ocho días después, Pesántez ayer calificó al comunicado de “poco oportuno” y negó el pedido de destitución para los firmantes. “He dispuesto que se inicien los respectivos sumarios administrativos, a través del Departamento de Régimen Disciplinario”.

Pese a que Pesántez calificó al remitido como “institucional”,  Marco Freire, fiscal provincial de Pichincha, quien encabezó la lista de firmantes, sostuvo ayer que participó  como amigo.  “Ya está hecho, pero nosotros hicimos de la mejor buena fe. Yo no sé de cuándo acá solidarizarse con el amigo es un delito”. Dijo que si el caso llega a sus manos se inhibirá.

“Manifiesto, fiel a mis principios, mi decisión de permanecer al frente de la institución a la que sirvo con honestidad y dedicación”, dijo Pesántez y en el auditorio se escuchó una ovación: “Viva el Ministro Fiscal General”. Y hubo interminables palmas.

Puntos de vista

Farith Simon. Catedrático

Freire es un funcionario público y debe responder

El hecho de que todos los fiscales hayan pronunciado su versión de un hecho, que no constataron, pone una sombra en el caso. Ellos deberían ser llamados la atención y tomar medidas radicales para que la investigación sea independiente. Marco Freire es un funcionario público y tiene una responsabilidad, no puede tomar partido por afecto a una de las partes involucradas. Los fiscales y Pesántez deberían pedir licencia.

Ruth Hidalgo. Participación Ciudadana

La Fiscalía prevaricó y aceptó solo una versión

El comunicado que los funcionarios de la Fiscalía es desatinado. La sociedad espera una repuesta imparcial de los administradores de justicia, en donde no existan intereses personales ni presiones políticas. Al haber sacado un comunicado del calibre  que sacaron los fiscales, se ve que el caso ya estaba juzgado. La Fiscalía da un veredicto y prevarica al dar su apoyo a una versión que no ha sido probada, ni investigada ni juzgada.

Wilfrido Lucero. Ex diputado

La Asamblea debería  iniciar el juicio político

La Asamblea no debía pedir al fiscal, Washington Pesántez, que renuncie. Debía iniciar de inmediato el juicio político. Por los pronunciamientos que públicamente ha hecho el Fiscal General  y los agentes fiscales de todo el país, se debía iniciar el juicio político. Eso demuestra el grado de corrupción e irrespeto a la Ley que existe en el Ministerio Público. Si eso hacen en este caso qué no pueden hacer en otros.

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