30 de enero de 2017 10:44
30 de enero de 2017 00:00

Fiscal alista el cuarto proceso contra Carlos Pareja Yannuzzelli

La semana pasada fueron llamados a juicio por cohecho Carlos Pareja Y. y Álex Bravo. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

La semana pasada fueron llamados a juicio por cohecho Carlos Pareja Y. y Álex Bravo. Foto: Paúl Rivas / EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Han transcurrido 129 días desde que Carlos Pareja Yannuzzelli saliera del país y hoy, a las 10:00, será procesado penalmente en su cuarto juicio. Esta vez por peculado.

Se trata de una de las infracciones más graves contra la administración del Estado, que no prescribe y que se sanciona hasta con 13 años de cárcel. Además de Pareja, la Fiscalía tiene previsto presentar cargos contra otras siete personas, entre ellas Diego Tapia, exgerente de Refinación; quien además es procesado por supuesta delincuencia organizada y permanece detenido desde noviembre pasado.


Pareja abandonó Ecuador el pasado 28 de septiembre y al parecer está en Estados Unidos, según las autoridades. 
Otro alto exfuncionario de la estatal petrolera también es indagado en este caso de peculado. Se trata de Marcelo R., que ocupó la gerencia de Logística y Abastecimiento.
 Para tres técnicos de la Refinería de Esmeraldas este es el primer proceso en el cual están siendo indagados por su participación en la red de corrupción que se tejió en la estatal petrolera.


En este grupo se encuentra Carlos Q., quien fue superintendente de la Refinería de Esmeraldas y ha firmado contratos para la operación y mantenimiento de la planta.
Los otros técnicos ocupaban cargos estratégicos de coordinadores de Operaciones, de Proyectos y analistas de Control de refinación.

Adicionalmente, se encargaban de la administración de contratos con proveedores privados. Todos laboraban en Esmeraldas.
Estos funcionarios percibían salarios que iban desde los USD 3 032 hasta USD 5 840 mensuales, que era el del gerente de Refinación.


Álex Bravo, exgerente de Petroecuador, y otros cuatro técnicos de la Refinería que trabajaron con él constaban, en un principio, en este expediente. 
Sin embargo, en la providencia del 9 de enero pasado, subida a las 10:45 en la página de la Función Judicial, ninguno de los cinco sospechosos fue llamado a la audiencia de formulación de cargos.

Más tarde, a las 18:10 de ese mimo día, el juez ordenó notificar a 13 personas, incluidos Bravo y sus colaboradores, sobre el inicio del proceso penal. Ayer (29 de enero del 2017), la Fiscalía señaló en un comunicado que la presentación de cargos será para siete personas. Allí se nombra solo a Pareja Y.


Quienes sí fueron llamados a la audiencia en ambas providencias son dos contratistas: Jorge V., quien en el 2013 y 2014 suscribió seis contratos con la gerencia de Refinación de Petroecuador por USD 32,7 millones, a través de su empresa, que lleva su mismo nombre.


El segundo proveedor es Ray­mond F., apoderado de la australiana Worley Parsons en el Ecuador, quien gerenció y fiscalizó el programa de rehabilitación de la planta de Esmeraldas. Según un comunicado oficial, la compañía dijo haber obtenido un contrato inicial y cinco complementarios para fiscalización por USD 226,7 millones, entre 2011 y 2016.


Esta no es la primera vez que su directivo ha sido investigado por un supuesto peculado. En enero del 2016, la Fiscalía del Guayas abrió una indagación previa en contra del ejecutivo por ese mismo delito, pero luego de seis meses de diligencias el caso fue archivado por pedido del fiscal Manuel David Nelson Del Castillo.


Según el funcionario “no había suficientes evidencias”. Este caso se abrió con base en un informe de Contraloría (DAPyA-0065-2015), en el cual se detallaban “pagos indebidos” por USD 656 663 que Petroecuador otorgó a la contratista. 


Pero el 18 de diciembre, durante la elaboración del informe final de Contraloría, Worley Parsons devolvió ese valor a la petrolera, razón por la que el caso no avanzó.
Los procesos abiertos
Datos de la Fiscalía refieren que hay 24 procesos judiciales activos y más de 109 personas investigadas, entre exfuncionarios, contratistas y familiares.

Actualmente, hay siete expedientes en instrucción fiscal, que es la fase pública, un caso tiene llamamiento a juicio y el resto son procesos reservados ya que se encuentran en indagación previa.
Esa entidad indaga al menos siete tipos de delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero, cohecho, tráfico de influencias, delincuencia organizada y perjurio.


El caso Petroecuador se inició a partir de la publicación de los denominados Panama Papers, documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en abril pasado. 
Después de que se divulgaran los nombres de ‘offshores’ constituidas por ecuatorianos en ese país, se abrió una investigación en contra de Bravo.

El 16 de mayo fue detenido, en Quito, y en un primer momento se lo procesó por supuesto tráfico de influencias.

En contexto


La Fiscalía ha solicitado 17 ‘asistencias penales’ a países donde exfuncionarios de Petroecuador y contratistas hicieron, al parecer, operaciones ilegales, entre estos a Panamá, Suiza y EE.UU. La investigación de la red de corrupción se inició en mayo pasado.

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