18 de June de 2009 00:00

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Miguel Macías Carmigniani

El artículo 40 de la Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) obliga a las personas naturales a presentar una declaración de su  patrimonio y establece que en el Reglamento se instituirán las condiciones para tal presentación. El reformado art. 65 de su reglamento obliga a presentar esa declaración anualmente, a las personas naturales cuyo total de activos supere los USD 200 000, y a las sociedades conyugales y uniones de hecho cuyos activos comunes superen los USD 400 000, en la forma y plazos establecidos por el SRI, mediante resolución de carácter general.

La facultad que tiene el Presidente de la República para reglamentar una ley es indelegable, por lo que las resoluciones dictadas por el SRI al respecto son ilegales. Las condiciones para tal presentación debieron haberse establecido en el reglamento de esa ley. Son también ilegales, porque la ley obliga a declarar el patrimonio mientras que las resoluciones del SRI obligan a declarar los activos, que no es lo mismo.

La Resolución del SRI No. 00089, mediante la cual se reformó la Resolución 1510 del 23 de diciembre de 2008, excluye a los no residentes en el Ecuador de la obligación de presentar la indicada declaración patrimonial. ¿Quiénes no son residentes? El artículo 7 del reglamento de la LRTI establece que se entiende que una persona natural tiene su domicilio o residencia habitual en el Ecuador, cuando esta ha permanecido en el país por 183 días calendario o más, durante el mismo ejercicio impositivo.

Como lo destacó el Dr. Jorge Alvear, en su editorial de la semana pasada, el SRI no puede obligar a ningún ciudadano a presentar a través del Internet su declaración patrimonial en el formulario creado para tal efecto, sin previo acuerdo con el declarante, por mandato de la Ley de Comercio Electrónico (LCE).

La declaración patrimonial presentada a través de Internet constituye un mensaje de datos, el cual para que su contenido pueda ser verificado debe ser firmado electrónicamente por el declarante, cuya firma deberá ser certificada por una de las empresas autorizadas para tal efecto.

A partir del 2002-04-17, en que rige la Ley de Comercio Electrónico, los mensajes de datos, como son los transmitidos a través de internet al SRI, tienen valor jurídico, siempre y cuando se sujeten a esa ley y a su reglamento. Esa información debe mantenerse absolutamente reservada.

En mi opinión, mientras el SRI no suscriba con cada uno de los declarantes, los convenios de aprobación y confidencialidad a los que obliga la LCE, esa declaración será ilegal, amén de que el SRI no contaría con ningún medio de prueba de que en efecto la declaración enviada por Internet, pertenece al remitente de la misma. Para ‘curarse en salud’, el SRI debe reformar la Resolución No. 00089 antes mencionada.

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