23 de febrero de 2018 00:00

Finanzas impulsó las preventas petroleras durante siete años

El exministro Fausto Herrera, durante la suscripción de un crédito con el banco ICBC. Foto: Ministerio de Finanzas

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Mayra Pacheco y Evelyn Tapia 
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El Ministerio de Finanzas tuvo una activa participación en el proceso de negociación de los 13 contratos de preventa de petróleo con las empresas Petrochina, Unipec y Petrotailandia. Esto se evidencia desde el primer acuerdo suscrito en el 2009, según 50 documentos a los que accedió Diario EL COMERCIO.

Estos oficios, firmados entre el 7 de julio del 2009 y el 14 de abril del 2016, muestran que 11 funcionarios del Ministerio de Finanzas (entre titulares, ministros subrogantes y subsecretarios de Financiamiento Público) solicitaron a los representantes de Petroecuador hacer las gestiones para firmar los contratos de venta de crudo atados a financiamiento.

La figura de preventa permitió a Petroecuador entregar la producción futura de crudo a cambio de créditos o anticipos con el objetivo de cubrir las necesidades de gasto público. Los contratos fueron firmados entre el 2009 y el 2016.

El actual Gobierno ha cuestionado las condiciones en que se firmaron esos acuerdos por considerar que no son favorables para el país. Por eso inició la renegociación de estos convenios, que también están bajo examen de la Contraloría.

La primera propuesta de preventa llegó de Petrochina en mayo del 2009. El planteamiento inicial era entregar un anticipo de USD 500 millones a Ecuador, según un oficio suscrito por Luis Jaramillo, entonces presidente de la empresa estatal Petroecuador.

La oferta llamó la atención del Gobierno de Rafael Correa. Con oficio 323-ST-MCPE-2009, del 7 de julio del 2009, que consta dentro de la documentación de respaldo del primer contrato de preventa, la subsecretaria técnica del Ministerio Coordinador de la Política Económica, Gabriela Robalino, convocó a una reunión a los entonces titulares del Ministerio de Finanzas María Elsa Viteri, de Petroecuador Luis Jaramillo y a un miembro del Consejo de Administrador de Petroecuador.

El objetivo era “evaluar la factibilidad de contratar o no un mecanismo de cobertura petrolera para garantizar cierto nivel de estabilidad a la política de inversión del Gobierno”. En la misiva se señala que la cita se dio para “dar cumplimiento a lo dispuesto por el Presidente de la República”.

Al día siguiente de la convocatoria, las autoridades económicas solicitaron incrementar el anticipo a USD 1 000 millones, según un oficio de Petroecuador, del 8 de julio.

Tras negociar las condiciones de este primer contrato, Petroecuador definió un esquema que fue aceptado por Petrochina y que fue aprobado por Diego Borja, ministro Coordinador de la Política Económica de aquella época, dos días después de la cita en la Presidencia.

La titular encargada de Finanzas, Isela Sánchez, justificó esta transacción debido a la “restricción actual de liquidez y crédito como efecto de la crisis económica internacional”.

La propuesta de China llegó en momentos en que se habían cerrado las fuentes de financiamiento para el Ecuador en el mercado internacional, tras el ‘default’ del 2008 y la recompra de una parte de la deuda emprendidos por el Gobierno de Correa. Además, en julio del 2009 el precio del crudo cayó a USD 56,38, la mitad del pico alcanzado un año antes.

La firma asiática entregó USD 1 000 millones a cambio de que Ecuador comprometa 69,12 millones de barriles de crudo en un plazo de dos años. La operación se adjudicó el 23 de julio del 2009, de forma directa y sin concurso, amparada en una alianza estratégica entre Petrochina y Petroecuador.

Esta operación marcó el inicio de una política de comercialización y de financiamiento basada en las preventas.

Antes de que termine la primera transacción, Patricio Rivera, entonces ministro de Finanzas, en noviembre del 2010 remitió oficios a Manuel Zapater, gerente de Petroecuador, y a Wilson Pástor, ministro de Recursos Naturales No Renovable. El fin era iniciar una nueva negociación con Petrochina, pues la compañía había presentado una propuesta de ampliación del contrato de compra-venta de crudo.

Para este tipo de gestiones, Finanzas incluso solicitó a Petroecuador autorizar el viaje de sus funcionarios a Pekín y más adelante a Miami. Nilsen Arias, gerente de Comercio Internacional de Petroecuador, y William Vásconez, entonces subsecretario de Financiamiento Público de Finanzas, participaron en esas misiones.

Uno de los principales argumentos que empleaba Finanzas para tramitar estos pedidos era que se trataba de operaciones de “interés prioritario para el financiamiento del Presupuesto General del Estado”.

Para concretar este tipo transacciones, a partir del 2010 se empleó un convenio denominado de cuatro partes. Este incluía al Ministerio de Finanzas, Banco de Desarrollo de China, Petroecuador y Petrochina.

Amparados en este documento, se suscribieron tres contratos de preventa de crudo con Petrochina, entre el 2010 y el 2011. Dentro de esas negociaciones, Rivera y Vásconez intercambiaron comunicaciones con Petroecuador.

Las negociaciones con la asiática Unipec se iniciaron en abril del 2012, por pedido de Finanzas. En este caso, para validar este proceso, aparte de la Alianza Estratégica con Unipec, se firmó un convenio de cinco partes para incorporar a esta compañía.

En los contratos suscritos a partir de junio del 2013 participó Fausto Herrera, extitular de Finanzas. Al igual que su antecesor, él solicitó a Petroecuador designar un equipo para concurrir a la negociación con estas empresas y “realizar el mejor esfuerzo” para concretar las operaciones.

Con Petrotailandia se repitió este procedimiento a partir del 2015. En esta negociación, un convenio interinstitucional entre Petroecuador y Finanzas permitió a la petrolera obtener USD 2 500 millones para el Fisco, a cambio de comprometer 116,6 millones de barriles.

Este Diario intentó comunicarse con Rivera, Borja y Herrera desde el pasado 15 de febrero, por vía telefónica y a través de correos, para conocer detalles de las comunicaciones. Herrera se negó a hablar, mientras que Rivera y Borja aún no contestan los pedidos.

El Gobierno anterior obtuvo USD 18 170 millones entre el 2009 y el 2016, y comprometió 1 204 millones de barriles de crudo con las firmas asiáticas, de estos está pendiente la entrega de 408 millones de barriles de crudo hasta el 2024.

En contexto
La Contraloría realiza, desde el 16 de enero, un examen especial al endeudamiento del país durante el período 2012-2017.
El examen busca determinar la legalidad de la contratación de esos recursos. Las preventas son parte de ese análisis.

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