26 de julio de 2016 12:30

Cuatro pedidos se hicieron a Finanzas desde la Asamblea para aclarar el uso de recursos de la Ley Solidaria

El legislador Andrés Páez indicó que envió un oficio a Finanzas para que explique cuánto y cómo se ha gastado en los damnificados del terremoto y zonas devastadas por el mismo. Foto: EL COMERCIO

El legislador Andrés Páez indicó que envió un oficio a Finanzas para que explique cuánto y cómo se ha gastado en los damnificados del terremoto y zonas devastadas por el mismo. Foto: EL COMERCIO

Compartir
valorar articulo
Descrición
Indignado 9
Triste 0
Indiferente 3
Sorprendido 2
Contento 328
Mario Alexis González

La Comisión de Régimen Económico y los asambleístas de oposición Ramiro Aguilar (Independiente), Andrés Páez (Creo) y Antonio Posso (Avanza) dirigieron pedidos de información al Ministerio de Finanzas esta semana. Esto para que se aclare la polémica sobre el uso de USD 120 millones recaudados por la Ley solidaria. Esta normativa se propuso como una respuesta a los efectos que dejó el terremoto del 16 de abril.

Este monto se trasladó de la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, que maneja el Ministerio de Finanzas. La transferencia se hizo el 4 de julio y sirvió para pagar a proveedores del estado en Esmeraldas y Manabí, según el Ministerio de Finanzas.

Según la información que se detalla en la página web de esa Cartera de Estado, el movimiento se hizo en cumplimiento "al manejo integrado de la liquidez del sector público, con oficio reservado No. MINFIN-STN-2016-3742-01 de julio del 2016".

Esta acción ha generado incertidumbre en la legislación puesto que según el artículo 1 de la Ley solidaria, el objeto de la norma es “la recaudación de contribuciones solidarias con el propósito de permitir la planificación, construcción y reconstrucción de la infraestructura pública y privada, así como la reactivación productiva” en las zonas afectadas por el sismo.

El legislador Andrés Páez se pronunció este martes 26 de julio, en una rueda de prensa sobre el caso. El quiteño criticó el traspasó de los USD 120 millones e indicó que envió un oficio a Finanzas para que explique cuánto y cómo se ha gastado en los damnificados del terremoto y zonas devastadas por el mismo. 

“Todo acto tiene que ser transparente en el manejo de fondos públicos”, dice Ramiro Aguilar. Ayer, el legislador también tramitó un pedido de información al Ministerio de Finanzas por intermedio de la presidencia de la Asamblea.

En el documento hay tres interrogantes. La primera es sobre la nómina de proveedores y contratistas a los que se les pagó con esos USD 120 millones. Se pide además el detalle del objeto de los pagos y las fechas de contratación.

Y solicita que se esclarezca porqué se utilizó un oficio “reservado” para realizar este movimiento y por qué hasta ahora no se ha hecho público. A Ramiro Aguilar le genera dudas que el Estado pague USD 112 millones por el caso Chevron, por la similitud en las cifras.

Galo Borja (AP), vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, explicó que esta instancia también realizó un pedido a Finanzas solicitando una explicación de cómo se están manejando los recursos recaudados por la Ley Solidaria.

Incluso dijo ya recibieron una primera respuesta del Ministerio y en esta se explica que todos los fondos públicos ingresan a la cuenta del Tesoro Nacional, por lo que los USD 120 millones “no se han perdido y volverán para ser usados en la reconstrucción”. La Comisión pidió un alcance de información con la nómina de contratistas.

Antonio Posso, legislador de Imbabura por Avanza, indicó que este martes 26 de julio tramitará en la presidencia de la Asamblea un pedido a Finanzas. Al igual que en los otros casos, él quiere conocer la lista de los proveedores que cobraron.

Descrición
¿Te sirvió esta noticia?:
Si (17)
No (1)