3 de septiembre de 2017 00:00

Según filtración de correos, el anterior gobierno habría influido en 17 juicios

Carlos Cantuña y su hijo aseguran que en el caso de los estudiantes del Central Técnico hubo presiones a los jueces. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Carlos Cantuña y su hijo aseguran que en el caso de los estudiantes del Central Técnico hubo presiones a los jueces. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

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Sara Ortiz
Redactora (I)

Los correos electrónicos que muestran una aparente influencia del anterior gobierno sobre el sistema judicial están agrupados en 119 páginas.

Este material ahora es público y solo de octubre del 2009 a junio del 2013, desde las supuestas cuentas de Rafael Correa y Alexis Mera (noticias1@presidencia.gob.ec y alexis.mera@presidencia.gob.ec) se enviaron o se recibieron unos 44 correos sobre 17 juicios.

En esa lista aparecen expedientes sobre el caso de los alumnos del Central Técnico, acciones de protección en contra del Estado, la situación legal del periodista de Loja Freddy Aponte, acciones legales para que los funcionarios de Gobierno acudan a los medios, pronunciamientos sobre la justicia indígena, etc.

José Luis Guerrero dice que esto solo muestra que “hubo presión desde la Presidencia, pero también desde el Ministerio de Justicia”. Este abogado estuvo asilado 7 años en República Checa y regresó al Ecuador el lunes de esta semana.

Guerrero dejó Ecuador tras la insubordinación policial del 30-S, pues la justicia lo sentenció por sabotaje y terrorismo. Su caso es mencionado en un correo que el 17 de julio del 2012 aparentemente envió la entonces ministra de Justicia Johana Pesántez al abogado de EcuadorTV, lugar en el que Guerrero causó daños, según los jueces. En respuesta a esa comunicación, el abogado de la estación televisiva aparentemente le dice a la Ministra que hay negociaciones, para que el canal retire la acusación en contra de otra persona demandada junto a Guerrero.

Este Diario revisó los archivos de la Función Judicial y efectivamente se retiró la acusación particular, que el juez aceptó el 7 de mayo del 2013. Ahora, Guerrero analiza demandas por una supuesta falta de independencia judicial.

Washington Serrano, abogado de 12 jóvenes del colegio Central Técnico, condenados por terrorismo y sabotaje (hoy libres), también analiza acciones. Esta reacción se produce tras conocer los correos entre Correa y Mera, en el que este último supuestamente dice haberle pedido al defensor público, Ernesto Pazmiño, que no cuestionara el tema. El Defensor dijo a este Diario que sí recibió una llamada de Mera en ese sentido.

Carlos Cantuña, padre de uno de los alumnos procesados legalmente, asegura que el juicio de su hijo fue político.

Este Diario pidió a Mera que explicara las aparentes presiones a Pazmiño y respondió por e-mail: “los ‘hackeos’ son prohibidos y constituye delito su difusión. Por eso no me voy a referir a temas como el del Defensor Público, que no tienen trascendencia jurídica”.

¿Usted pidió a los jueces que fallen a favor del Estado? “Como Secretario Jurídico me correspondía defender los intereses judiciales del Gobierno y sus ministros. Muchas veces pedía intervenir por escrito para defender los intereses del Estado; mis intervenciones con los jueces constan por escrito en varios casos”.

¿Pidió que se destituya a algún juez? “Sí pedí la destitución de un Juez, lo hice por escrito y previa la correspondiente queja, como manda la ley. El último funcionario cuya sanción solicité fue uno de la Fiscalía que demoró incomprensiblemente los pedidos de asistencia penal internacional a Suiza y la República Popular China para saber quiénes eran los empresarios petroleros que corrompían a Álex Bravo y a Carlos Pareja Yannuzelli”.

En los correos filtrados incluso aparece información relacionada con un juicio laboral planteado en contra de un familiar de la entonces ministra Pesántez. El juicio sí existe y en los correos el esposo de la exfuncionaria supuestamente indica que es necesario hablar con un conjuez, para que no admita el caso.

EL COMERCIO preguntó sobre esto a Pesántez y a través de e-mail respondió así: “Es realmente ignominioso pretender que unos supuestos correos que no se encuentran en mi cuenta personal (...) puedan tener la categoría de reales”. Dice que todo es una imputación falsa en su contra. “Resulta grosero e irrespetuoso insinuar la veracidad de los correos y que pretenda que yo deba probar su inexistencia”.

El 5 de octubre del 2011, Pesántez recibe otro supuesto correo en el que se señala a 98 personas que no podrían ser jueces, por ejemplo, por la afinidad política que tienen con los sectores de oposición. Ahora, ella responde que su relación con la Función Judicial ha sido siempre respetuosa.

En las 119 páginas también hay casos relacionados con la Comisión de la Verdad, con Fetrapec, la justicia indígena, con el empresario Álvaro Noboa, con una firma de seguros y reaseguros, con una empresa de refrescos, con los exportadores de mariscos.

En temas privados, los representantes de las empresas presuntamente recurren a Mera para que revise los fallos que la Corte Constitucional ha emitido en su contra.

Mera aparentemente responde con estas frases: “Déjame hacer la gestión”, “esa sería la gran guerra”, “te llamo y te aviso”, “pásame el informe”.

El exlegislador Klever Jiménez asegura que en su caso se actuó así. El 25 de julio del 2012, Correa supuestamente dice que es necesario “reaccionar muy fuerte” ante una denuncia que el exparlamentario planteó y que llevó a que se indague “a gerentes chinos”.

Mery Zamora también aparece en la lista y Correa critica que se posterguen las diligencias contra la dirigente.

En contexto

La filtración de correos se conoció el 25 de agosto. Tres días después, el presidente de la Judicatura, Gustavo Jalkh, dijo que es un ataque político. Luego, Anticorrupción exigió la renuncia del exfuncionario y 40 exjueces buscan que lo enjuicien políticamente.

Pásara ya alertó de politización en la justicia

Durante el gobierno anterior “fue evidente la utilización política de la justicia, lo cual comprometió la independencia judicial en aquellos casos en los que estuvo de por medio el interés del oficialismo”. Esa es la principal conclusión del informe elaborado por el jurista peruano Luis Pásara, considerado un referente sobre la situación de la justicia local los últimos años.

En ese estudio, denominado ‘Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana’, se analizan 12 casos, hasta el 2014, entre ellos el del 30-S. Fueron judicializados por iniciativa del Gobierno, que tuvo un “propósito sancionador de protestas y líderes sociales o conductas de disidencia política”, con el Consejo de la Judicatura (CJ) como su ejecutor. Además, revisó la interferencia directa de autoridades políticas en la justicia.

En este período -agrega el estudio- el tema de la independencia judicial no parece haber sido importante para el CJ. Y dice que la actuación de la Judicatura en los procesos disciplinarios lo volvió “juez de jueces”.

El informe fue descalificado por el anterior Gobierno y por el titular del CJ, Gustavo Jalkh. “Pásara responde a sus visiones e intereses. Su análisis no es nada académico”, sostuvo Jalkh y agregó: “Una cosa que sí rescato del informe es que él no niega la competencia del CJ. No está de acuerdo con el modelo, pero reconoce que el Consejo tiene esta competencia para el régimen disciplinario, incluyendo el error inexcusable”.

El funcionario también cuestiona el caso de los correos y se refiere a estos como supuestos. “Son supuestos porque son robados, hackeados y porque sus contenidos están sujetos a cualquier vulneración. Yo no he reconocido esos correos”. Y asegura que hay transparencia en la Función Judicial.

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