7 de junio de 2015 20:02

Fideicomisos mueven 5 500 millones

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Alberto Araujo
Redactor (I)
albertoa@elcomercio.com

En el país existen 1 658 fideicomisos que manejan un patrimonio de USD 5502,7 millones según datos de la Superintendencia de Compañías cortados a diciembre del año pasado.

Un fideicomiso es un contrato por medio del cual una o más personas transfieren la propiedad de bienes muebles o inmuebles a un patrimonio autónomo dotado de personería jurídica. El representante legal debe cumplir con lo que manda el contrato de constitución, sea a favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario.

Los fideicomisos están en la mira del Gobierno, que quiere regularlos más a través del proyecto de Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza.

Según el Catastro del Mercado de Valores y los reportes de Administradoras de Fondos, en el país existen fideicomisos inmobiliarios, de inversión, de titularización, garantía y de administración. Este último es el más utilizado en el país y representa el 49% del número total. Además, maneja el 47% del patrimonio total de fideicomisos.

En el proyecto del Ejecutivo, que incrementa el Impuesto a la Herencia y establece el tributo para legados, donaciones y todo tipo de incremento patrimonial a título gratuito, se hace referencia a los fideicomisos.

La directora del SRI, Ximena Amoroso, señaló la semana pasada que a través de los fideicomisos de administración se elude el pago del Impuesto a la Herencia, ya que con esta figura se acumulan patrimonios a través de la administración de bienes inmuebles, acciones, vehículos, yates, entre otros.

El presidente Rafael Correa dijo el sábado 6 de junio que fideicomisos de este tipo se han creado en el exterior y cuando fallece el constituyente los rendimientos de los bienes van a los herederos sin tributar.

“En consecuencia, cuando hay esta clase de fideicomisos, si fallece la persona, se presumirá el hecho generador y se cobrará el Impuesto a la Herencia con los bienes fuera y dentro del país”, indicó.

El director de la Asociación de Administradoras de Fondos y Fideicomisos del Ecuador, Ramiro Viteri, insistió en que “no hay figura más controlada que el fideicomiso”, que está bajo la supervisión de varias entidades: Superintendencia de Compañías, el SRI, la Unidad de Inteligencia Financiera, los municipios, la Agencia Nacional de Tránsito, la Superintendencia de Bancos, y la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera, entre otras.

Viteri indicó en que la figura no es un vehículo para evadir impuestos ya que tanto quienes lo constituyen como los beneficiarios pagan tributos. “Todo lo contrario, el fideicomiso tiene responsabilidades de pagar impuestos si el beneficiario no lo hace”, advirtió. Dijo temer que un impuesto a los fideicomisos reduzcan esta figura formal de administración en la economía.

Javier Bustos, catedrático en Tributación de la Universidad San Francisco, dijo que si bien algunos de estos fideicomisos pudieron haberse utilizado para no pagar el Impuesto a la Herencia, “no es la regla general”, ya que estos se constituyen motivados en la protección de un patrimonio y no en la evasión de este tributo.

Es decir, estos fideicomisos se crean para proteger un patrimonio como una empresa de demandas que pueden ir en contra del propietario.

Por otro lado, estos fideicomisos también se pueden crear para que una empresa continúe funcionando y no sea liquidada por los herederos del propietario, cuando este fallezca, lo que es un problema en empresas familiares.

El empresariado rechaza los nuevos impuestos

El Comité Empresarial Ecuatoriano publicó ayer 6 de junio un remitido en los principales rotativos del país donde expresó su “total desacuerdo” con el proyecto de reforma tributaria que envió el Ejecutivo a la Asamblea para aumentar el Impuesto a las Herencias.

“La reforma tributaria tendrá un efecto grave e irreversible sobre el ahorro, la inversión, el futuro bienestar de las familias”, señalaron los empresarios y añadieron que la tarifa del 47,5% para los herederos directos es excesiva y la tarifa del 77,5% para lo demás casos es confiscatoria.

Añadieron que subir el impuesto a la herencia no reduce la inequidad y que el país exige estabilidad tributaria.

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